Al Gobierno de Michoacán le tiembla la mano contra normalistas: Canapat
En los últimos años se han presentado sin resultados más de 5 mil denuncias por uso indebido y sustracción de unidades; los transportistas no denunciarán más, pues después del secuestro de automotores las autoridades retienen los vehículos tres días más antes de entregarlos, advierte Arcadio Méndez Hurtado
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Morelia, Michoacán, 24 de marzo de 2015.- Al Gobierno de Michoacán le tiembla la mano para aplicar la ley a normalistas, antorchistas y otros grupos de presión, aseveró el delegado en Michoacán de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turismo (Canapat), Arcadio Méndez Hurtado.
En este momento, se calcula en 37 el número de automotores secuestrados por presuntos estudiantes de escuelas normales de Michoacán, entre autobuses de pasajeros, camiones de carga, camionetas repartidoras y vehículos oficiales de los gobiernos federal y estatal.
Al respecto, el también presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM) señaló que tan sólo en los últimos años se han presentado sin resultado alguno más de 5 mil denuncias por el uso indebido y sustracción de autobuses y camiones de carga, así como vehículos repartidores de diversos productos.
Arcadio Méndez anunció que el sector del autotransporte de carga y de pasajeros en Michoacán ya no presentará más denuncias por el secuestro de sus unidades, puesto que les resulta contraproducente, ya que mientras las autoridades estatales no aplican la ley contra los normalistas y otros grupos de presión, sí lo hacen contra los transportistas cuando quieren recuperar sus vehículos.
En ese sentido, denunció que después de la retención ilegal de unidades, las dependencias del Gobierno de Michoacán detienen los automotores por tres días más antes de entregarlas a sus legítimos propietarios.
Cabe hacer mención de que desde hace un año, poco después de la llegada de Alfredo Castillo Cervantes como comisionado nacional para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, se instaló en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) un área especial de atención a este sector, misma que a la fecha no ha dado resultado alguno.
