Corrupción, gobierno y sociedad / Columba Arias Solís
Ante el panorama desolador de la corrupción que permea los espacios del gobierno y al cual no resulta ajena en absoluto la propia sociedad, resulta alentador el surgimiento de un grupo de ciudadanos y organizaciones que promueven ya crear el Sistema Nacional Anticorrupción
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Morelia, Michoacán, 08 de febrero de 2016.- Hace unos cuantos días el Organismo Transparencia Internacional, presentó su informe anual sobre percepción de la corrupción en los diferentes países del mundo, apoyándose en los datos que por sí y con apoyo de diversos organismos internacionales recabara, para conocer avances y retrocesos en la lucha contra la corrupción.
En el informe del pasado año los resultados no fueron nada halagadores para México, el cual quedó calificado luego de las encuestas en un nada envidiable sitio 35 de una escala donde 100 es el nada corrupto. La pésima noticia es que en este informe se vuelve a catalogar en el mismo sitio al país, lo que demuestra que no hay ningún avance en la lucha contra la corrupción, esa práctica que consiste en “el mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima”, a través del tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude, entre otras conductas ilícitas.
Por desgracia, no resultan sorprendentes los indicadores presentados por el organismo internacional, ya en mayo de 2015 el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentaron el libro de la investigadora Mario Amparo Casar sobre la corrupción en México, sus costos económicos, políticos y sociales, donde la autora además de las cifras de la corrupción, señala que aún cuando ésta es un problema que padecen distintos países en el mundo, en México constituye un verdadero lastre que abarca las instituciones de gobierno, pero también la propia sociedad forma parte de la misma.
De acuerdo con la investigación, y en relación a los costos económicos de la corrupción, ésta reduce hasta en un 5% menos la inversión en los países con mayor corrupción. El ingreso de las empresas resulta afectado al tener una pérdida del 5% de las ventas; por lo que toca a la piratería, ésta provoca la pérdida de 480 mil empleos al año, y en relación al Producto Interno Bruto (PIB), tiene un costo del 2 % del PIB, según WEF, mientras que el Banco de México y Forbes consideran un 9 %, y el CEESP tasa la pérdida en un 10%.
Por lo que se refiere a los costos políticos, como consecuencia de la corrupción, hay una profunda insatisfacción con la democracia: sólo el 37 % apoya la democracia y sólo el 27 % se encuentra satisfecho con ésta. El 91 % no confía en los partidos políticos; el 83 % no confía en los legisladores, mientras que el 80 % no confía en las instituciones del sistema judicial.
Por ende, de acuerdo a la investigación desarrollada por Casar, los costos sociales de la corrupción se traducen en pérdidas de bienestar. Catorce por ciento del ingreso promedio anual de los hogares, se destina a pagos extra oficiales, pero además, existe una correlación positiva entre corrupción y niveles de violencia. En México, la corrupción parece haber avanzado a grandes pasos y como una gangrena, va carcomiendo todo a su alrededor.
El 88 % de los mexicanos piensan que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente, y la mitad de la población piensa que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos años. Ningún estado del país se escapa de la corrupción en el sector público, pues hasta el mejor evaluado –Querétaro en ese entonces- el 64% de las personas cree que existe corrupción, y son las instituciones que se perciben más corruptas, con 91% los partidos políticos, el 90 % para la policía, el 90 % para los funcionarios públicos, 87 % el poder legislativo y, 83 % el poder Judicial.
Por el lado de las empresas privadas, el 44% de éstas en México, reconoció haber pagado un soborno, cuestión que nos ubica solo por debajo de Rusia. Los encuestados manifestaron que el 75% de los pagos extraoficiales se hacen para agilizar trámites y obtener licencias y permisos y, una tercera parte de estos pagos se entregaron a dependencias municipales.
Pero ¿cómo se percibe la sociedad, la ciudadanía a sí misma en este problema de la corrupción? Curiosamente, los ciudadanos mexicanos se sienten honestos. La percepción de corrupción en los círculos cercanos es baja. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental del INEGI, 43% de los mexicanos creen que sus familiares nunca son corruptos; 38 % cree que sus vecinos nunca son corruptos; 20% cree que sus compañeros de trabajo nunca son corruptos.
La impunidad va de la mano con la corrupción; solamente 2% de los delitos de corrupción son castigados, y siempre son aquellos cometidos por funcionarios inferiores.
Ante el panorama desolador de la corrupción que permea los espacios del gobierno y al cual no resulta ajena en absoluto la propia sociedad, resulta alentador el surgimiento de un grupo de ciudadanos y organizaciones que pretenden reunir 120 mil firmas a partir de ahora y hasta mayo, para lograr la conformación de la legislación derivada de la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, que el gobierno y el legislativo han dejado en el baúl de los recuerdos y que les permite seguir actuando y protegiendo las prácticas de corrupción.
