De Primera Mano / Impunidad en Michoacán
Este lunes nos enteramos de que el automovilista que arrolló a 12 normalistas fue declarado formalmente preso, tras la rápida acción de las autoridades para detenerlo y procesarlo, pero las mismas autoridades no fueron capaces de velar previamente por la integridad y los derechos del conductor de esa camioneta roja
Morelia, Michoacán, 15 de abril de 2014.- Mientras en Michoacán la ley se siga aplicando de manera selectiva, nuestros gobernantes y representantes del gobierno federal no tienen sustento para seguir hablando de que no habrá más impunidad en la entidad.
Este lunes nos enteramos de que el automovilista que arrolló a 12 normalistas fue declarado formalmente preso, tras la rápida acción de las autoridades para detenerlo y procesarlo, pero las mismas autoridades no fueron capaces de velar previamente por la integridad y los derechos del conductor de esa camioneta roja ni de casi un millón de habitantes que tienen el municipio de Morelia y su zona conurbada.
Mientras ese joven –que tenía la urgencia de viajar a Nuevo León para una entrevista de trabajo- ahora se encuentra en la cárcel, los muchachos adoctrinados para secuestrar y destruir autobuses, saquear camiones repartidores de diversos productos, extorsionar automovilistas en carreteras y autopistas y cerrar las vías generales de comunicación, tanto federales como estatales y municipales, ahora en su gran mayoría se encuentran de vacaciones.
Es muy bonito el discurso del combate a la impunidad, pero hueco, al igual que muchas otras frases comúnmente dichas por los políticos, pues al automovilista se le aplicó la ley a rajatabla, sin establecer previamente una mesa de diálogo, como con los normalistas, con quienes seguramente hubo acuerdos inconfesables, de los cuales nos daremos cuenta cuando una vez más se les den a los presuntos estudiantes sus añoradas “plazas automáticas”.
Sin justificar la violencia con que se condujo el automovilista, también vale la pena destacar que el hecho fue consecuencia del reiterado atropello de los derechos constitucionales de cientos de miles de morelianos por parte de un grupo de presión que ha hecho del chantaje su moneda de cambio para obtener cuanto quiera, sobre todo el ingreso a la nómina del gobierno de por vida.
Todo lo anterior es también consecuencia y responsabilidad de autoridades timoratas que actúan o dejan de actuar con base en cálculos políticos y en el número de votos que les representan los ciudadanos desorganizados por un lado y los grupos corporativos por otro, que con el pretexto de garantizar los derechos a las libertades de expresión y manifestación permiten que al mismo tiempo se violen los derechos de la mayoría, al libre tránsito, a la seguridad y a su integridad física y patrimonial.
La acción del conductor de la camioneta roja refleja la misma impotencia que en dos o tres ocasiones ha derivado en las reacciones de ciudadanos en la Salida a Pátzcuaro, que por su cuenta han debido retirar a quienes obstruían la circulación, y la que dio origen a los grupos de autodefensa por la pasividad y complicidad de las autoridades con aquellos que dañan a la población.
Entonces, por eso no creemos esos discursos sobre impunidad.
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