De Primera Mano / La otra delincuencia organizada

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Si no queremos que conviertan a Michoacán en otro Oaxaca, en algún momento se tiene que empezar

Si no queremos que conviertan a Michoacán en otro Oaxaca, en algún momento se tiene que empezar

Mientras hay grupos de la delincuencia organizada que se esconden en la noche y entre la sociedad para cometer sus fechorías, hay otros que también se esconden, pero detrás de supuestos derechos constitucionales mal interpretados para incurrir en una serie de atrocidades

Morelia, Michoacán, 03 de octubre de 2016.- Mientras hay grupos de la delincuencia organizada que se esconden en la noche y entre la sociedad para cometer sus fechorías, hay otros que también se esconden, pero detrás de supuestos derechos constitucionales mal interpretados para incurrir en una serie de atrocidades.

Estos últimos se hacen llamar organizaciones o movimientos sociales, dicen “sólo” estar ejerciendo sus derechos a la libre manifestación y a la libertad de expresión, pero al mismo tiempo pretenden e imponen su régimen de terror al resto de la sociedad, sobre todo al sector productivo.

Lamentablemente en Michoacán tenemos ambos tipos de grupos de la delincuencia organizada, tanto los que andan armados, roban, secuestran, extorsionan, trafican y asesinan, pero además se esconden de las autoridades, como los otros que más bien se escudan en siglas para delinquir impunemente a toda hora del día y en casi cualquier lugar del estado y que con el pretexto de “sus causas” más bien buscan provocar, enfrentar y victimizarse ante las autoridades.

¿Le suenan los bloqueos a las vías generales de comunicación; los bloqueos a las vías del tren; los robos, destrucción, saqueo y quemas de vehículos oficiales o comerciales; las constantes violaciones al derecho constitucional al libre tránsito; la gente que es bajada de los autobuses en la carretera, a veces en lugares inhóspitos o incluso en medio de la noche; las extorsiones en carreteras para dejar pasar a automovilistas particulares; las agresiones a ciudadanos; los motines contra las fuerzas del orden; la fabricación de bombas caseras y de granadas hechas con pólvora? ¿Acaso todo eso no son delitos y acaso quienes los cometen no están organizados para hacerlos? ¿¡Entonces por qué demonios las autoridades nunca integran “averiguaciones previas” o “carpetas de investigación” sobre delincuencia organizada en esos casos!?

Por supuesto que estoy hablando de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de los normalistas agrupados en la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM) y de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL), sin descontar a ciertos grupos de comuneros indígenas que son organizados por agitadores profesionales, muchas veces provenientes de otros estado.

Es preocupante que desde hace décadas las autoridades michoacanas hayan sido tan permisivas, omisas, tolerantes, blandas y complacientes con estos “pseudo movimientos sociales”. Los han dejado crecer tanto que cada vez crecen más sus manifestaciones de violencia, al grado de que llegan a actuar sin la menor provocación o sin motivo aparente, como pasó el pasado fin de semana en Tiripetío.

Aunque estados vecinos como Colima, Jalisco, Guanajuato y Querétaro también tengan sus problemas, nadie puede negar que en términos generales son mucho más tranquilos, porque no existen “disque movimientos sociales” tan fuertes como en Michoacán, lo que les permite desarrollar de mejor forma su comercio, su industria y todas sus actividades productivas. De ahí que todos tienen un mejor desarrollo económico que Michoacán.

Mientras en tierras michoacanas las autoridades se la pasan por meses advirtiendo que ahora sí van a aplicar la ley y dando largas o sacándole la vuelta a la procuración e impartición de justicia, en otros estados se demuestra con hechos que hay poder público.

En Michoacán, la CNTE estuvo por meses cerrando carreteras y bloqueando –intermitentemente primero y después de manera permanente- las vías del tren, afectando las actividades industrial y comercial del Puerto de Lázaro Cárdenas y provocando millonarias pérdidas económicas a varias empresas, pero afectando sobre todo a los trabajadores de las mismas, que debieron cobrar menos o quedarse sin empleo.

Durante ese mismo periodo de tiempo, la misma Coordinadora trató de hacer lo mismo Colima, para bloquear los accesos por carretera y las vías férreas, paralizando así al Puerto de Manzanillo. ¿Qué pasó ahí? De inmediato las autoridades estatales llamaron a la fuerza pública y desalojaron en las dos ocasiones a los maestros disidentes.

Otro ejemplo de la displicencia de las autoridades, lo vemos recientemente en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), que aun señalando desde el inicio de la toma de las instalaciones universitarias que estas acciones eran ilegales, prefirió buscar el diálogo con un grupo como la CUL –infiltrado por sus eternos manejadores y ahora también por intereses políticos radicales- y dejar pasar un mes para por fin interponer la denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

¿Qué no habría sido más conveniente presentar la mentada denuncia desde el primer momento que se configuró el delito de despojo? El hecho de que hubiera denuncia no sería excluyente de que se buscara el diálogo con los paristas (quienes a la fuerza pretenden inscribir en la Universidad Michoacana a jóvenes que reprobaron o en su mayoría ni siquiera hicieron trámites para hacer examen de ingreso), pero habría acotado los tiempos y obligado a encontrar una solución más rápida, antes de la actuación –al menos en teoría- de la autoridad.

Seguramente que no sería fácil comenzar de pronto a aplicar la ley, pues por décadas esos “disque grupos sociales” ahora convertidos en delincuencia organizada han estado acostumbrados a otras cosas, pero si no queremos que conviertan a Michoacán en otro Oaxaca, en algún momento se tiene que empezar.

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