Educación: La disputa por la legalidad / Horacio Erik Avilés Martínez

Ante los sucesos que han ocurrido la última semana en Michoacán, que demuestran una franca disputa por el control de los recursos del sistema educativo estatal, es innegable que hoy más que nunca se requiere que el estado de Derecho se consolide y se erradiquen las irregularidades que han permitido esta serie de tropelías

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Morelia, Michoacán, 29 de abril de 2016.- Ante los sucesos que han ocurrido la última semana en Michoacán, que demuestran una franca disputa por el control de los recursos del sistema educativo estatal, es innegable que hoy más que nunca se requiere que el estado de Derecho se consolide y se erradiquen las irregularidades que han permitido esta serie de tropelías que nos tienen en los últimos lugares en múltiples indicadores educativos e irradiando imagen de beligerancia y rezago, sostenida por una minoría cupular a la que le conviene seguir manteniendo parasitada la educación estatal.

Especialmente destacó por sus tintes violentos la reacción de la Sección XVIII de la CNTE ante el acto protocolario de firma de la Declaración de Michoacán, denominada Educación de Calidad con Equidad y suscrita entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación -del cual la CNTE forma parte-, ante lo cual reaccionaron violentamente las cúpulas de la CNTE, al interpretar como una provocación la visita del Lic. Aurelio Nuño Máyer a Morelia; así como una afrenta personal la presencia en nuestras tierras del Prof. Juan Díaz de la Torre, dirigente del SNTE a nivel nacional.

Resultaría ingenuo pensar que esta reacción de la Sección XVIII de la CNTE no fue previamente calculada por las partes intervinientes, por lo que en esa línea de ideas, el mensaje político es firme y direccional: ni la SEP ni el Gobierno del Estado se arredran ante la presencia de disidencia magisterial, a la par que reconocen al sindicato mayoritario y con toma de nota como la parte interlocutora, con lo que se desaíra la posibilidad de firma de minutas en torno al paro indefinido y jornada de lucha, acciones largamente anunciadas para este 2016 por parte de los dueños de la CNTE.

A nivel macro resulta muy importante el mensaje enviado a la opinión pública nacional y a la CNTE, pero requiere acciones en consecuencia, en lo específico, por parte de todos los funcionarios educativos, para que éstas a su vez que también contribuyan a restaurar la legalidad en todos los procesos del sistema educativo estatal. Por ejemplo, una de las posturas más firmes que ha  establecido el Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado, en relación con el sistema educativo estatal ha sido que no se firmarán minutas por parte de la autoridad estatal, más que solamente con las representaciones legalmente reconocidas.

Sin embargo, una de las fracciones sindicales que si bien reúnen esta característica de estar constituidos, el Sindicato Único de Trabajadores del CECyTEM, que a su vez forma también parte del Frente Cívico y Social, órgano multisindical concitado por la CNTE, con la participación de casi medio centenar de gremios, signó una minuta de acuerdos con la dirección general del CECYTEM, hace apenas unos días, con la finalidad de evitar el estallamiento a huelga programado para el próximo 3 de mayo. Lo ominoso del convenio es que en él, en su Cláusula XV se compromete la autoridad estatal a entregar prebendas a un listado de trabajadores que la representación sindical les hará llegar, sobre la cual prevalece la opacidad, ya que será la propia parte sindical quien tendrá patente de corso para formular la lista de beneficiarios con criterios evidentemente muy alejados a la excelencia laboral, lo cual ha inconformado a trabajadores del subsistema, a estudiantes y padres de familia, así como a la opinión pública. Esta concesión extralegal a un sindicato de un subsistema de educación media superior, envía un mensaje muy diferente al que está construyendo el  titular del poder ejecutivo estatal y a su vez, genera un mal precedente para la inminente “jornada de lucha” y paro indefinido de labores anunciados por la CNTE, que evidentemente hoy realiza una acción piloto a través del SUTCECyTEM para medir fuerzas con la autoridad estatal, con los resultados ya reseñados.

Por todo lo anterior, hoy más que nunca se requieren más organismos de participación ciudadana y un pacto lacrado por la legalidad para hacer que la educación michoacana alcance al promedio nacional en todos los indicadores en los que hoy se ubica en los últimos lugares. Es impensable que esta situación que se suscita hoy en el CECyTEM haya de resolverse sin que la ciudadanía, padres de familia y organizaciones de la sociedad civil  sean tomadas al respecto. El reforzamiento a la política de participación social en torno a la educación que se está emprendiendo actualmente redundará indefectiblemente en convertir las “jornadas de lucha” de la CNTE de un forcejeo desigual en donde la autoridad siempre terminaba genuflexa e hipotecando el futuro educativo de la entidad, a la toma de decisiones con estricto apego a la normatividad aplicable en la materia y en donde el derecho a aprender de los estudiantes, así como los derechos laborales de los trabajadores, resulten salvaguardados en justo equilibrio.

Asimismo, resulta especialmente importante que se conforme una mesa especial de seguimiento para la Agenda por Michoacán, en sus Diez Compromisos por la Educación Michoacana con Inclusión y Calidad, cuya evaluación independiente comenzó la semana pasada, con el resultado de seis semáforos en amarillo y cuatro en rojo para los respectivos enunciados. Mucho muy importante es que a una evaluación la sucedan siempre una serie de acciones  que corrijan  y mejoren el rumbo para evitar que se sigan obteniendo los mismos resultados. En virtud de la urgencia que exhibe la evaluación ciudadana presentada la semana pasada, es que desde Mexicanos Primero hemos requerido realizar un gran acuerdo entre la Federación, el Gobierno Estatal y los más amplios sectores posibles de la sociedad civil, con el objeto de incidir desde nuestros respectivos ámbitos de acción en las acciones educativas que permitan erradicar la corrupción, ilegalidades, atavismos y omisiones para dar paso a una mejor educación en la entidad.

En suma, debemos poner fin a esta era de disputa por la legalidad, para dar paso a la etapa en que prevalezca el estado de Derecho en la educación michoacana, el cual se consolidará con la participación de todos.

Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles