El “hackeo”político es un delito; el activismo político en red, una virtud

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Teresa Da Cunha es doctora en Derecho; con diversos posgrados en universidades de México, España y Francia; profesora investigadora de la UMSNH; miembro del Sistema Nacional de Investigadores; y coordinadora del Área de Ciencias Sociales en el CIJUS

Teresa Da Cunha es doctora en Derecho; con diversos posgrados en universidades de México, España y Francia; profesora investigadora de la UMSNH; miembro del Sistema Nacional de Investigadores; y coordinadora del Área de Ciencias Sociales en el CIJUS

Bajo del punto de vista de los derechos políticos, el “hackeo” y el “profiling” político son comportamientos que desvirtúan las democracias y atacan el ejercicio de la libertad de opción política informada y que deberían ser tipificados como delitos. En su opuesto, desde la  perspectiva de maximización de las libertades democráticas, el activismo social y político son virtudes cívicas.

Morelia, Michoacán, 04 de abril de 2016.- Las sociedades y los individuos en el siglo XXI viven en ambientes políticos, económicos, securitarios, culturales y sociales cuyas características están formateadas por los descriptores tecnológicos instalados a partir del desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

Esto es tanto o más evidente en el campo del ejercicio de los derechos políticos y en las tendencias de las reformas políticas que alteran la propia naturaleza de los regímenes.

Es por lo tanto indispensable crear espacios de reflexión sobre: 1.- el papel de las redes sociales en la producción de tendencias electorales, 2.- la función de las redes sociales en la potenciación de los movimientos ciudadanos y 3.- las derivas de la producción de las narrativas de campañas dirigidas a perfiles filtrados por su preferencias políticas. Es también urgente que el “hackeo” político de portales electrónicos de candidatos, de partidos y de ciudadanos sea tipificado como delito y se establezcan mecanismos ágiles para sancionar esos delitos.

Pero, por otro lado, es fundamental proteger de forma eficiente y en tiempo real los derechos fundamentales de los usuarios de las redes sociales. O sea, es necesario proporcionar la implementación de mecanismos  (prácticos, gratuitos y simples de usar) que permitan al individuo usar el nivel máximo de protección de sus datos y de su intimidad (ya legislado) a fin de impedir que organizaciones y estados usen y abusen de las herramientas del “big data” para crear ficheros basados en sus preferencias políticas e ideológicas. Ahora bien, tal no puede ser hecho sin un profundo debate público y académico.

Debate que debería partir de un análisis en que se incluirían diversas consideraciones: 1.- que al interior de la arquitectura de la Sociedad de la Información, la red es un pilar fundamental; 2.- que la red es multifuncional y tiende a enlazar todas las redes de telecomunicación existentes que hasta ahora se mantenían autónomas y su capacidad se está incrementando de forma notable bajo la famosa Ley de Moore; 3.- que los sistemas informáticos son omnipresentes y multiplican las huellas de los usos de los servicios TIC; 4.- y que multiplican la posibilidad de que determinados controladores de datos hagan un seguimiento de las actividades de los usuarios de Internet, en particular de sus actividades políticas ; 5.- que, por otro lado, los individuos usen esa misma arquitectura digital para crear áreas de empoderamiento político y social y, finalmente, 6.- que en circunstancia alguna el nivel de protección de las libertades individuales en red puede ser menor al que el individuo goza en el mundo físico.

Si colocamos los 6 puntos anteriores como premisas observaremos que las transformaciones y a la reorganización de las redes sociales en ambientes virtuales, ha permitido a partir de la interconectividad de servicios, el desarrollo del Gobierno electrónico y que  las formas asumidas por la  democracia electrónica han fortalecido los cambios político- sociales-económicos. Lo que en sí, es positivo.

Sin embargo, estos procesos son paradójicos, tanto de la perspectiva del empoderamiento de los individuos en las redes sociales, como del punto de vista de la acción partidaria y del control de los estados sobre la información y movimientos de los individuos en Internet, ya que como realidades complejas, los ambientes virtuales (y las redes sociales en particular) pueden, al mismo tiempo, producir ventajas y maximizar riesgos.

Nos interesa, por lo tanto, aquí y ahora colocar el énfasis en su incidencia en la producción, de los nuevos paradigmas de las relaciones del Individuo con y frente al Estado. O sea, hablar e colocar las primeras piedras del debate sobre las nuevas formas de participación política, colocando como central el uso de las redes para conformación de movimientos de opinión, desarrollo de causas, creación de grupos de interés y formación de tendencias electorales. Formas de acción, participación y comunicación  políticas que tienen que ser objeto de definiciones  en las futuras reformas del estado e integradas a la legislación en materia electoral, a partir de una óptica de refuerzo de libertades individuales y no, de la conveniencia de aparatos partidarios o gubernamentales.

Por otro lado, conviene tener presente que la aplicación de las TIC a los sistemas políticos democráticos ( y a sus procesos) se produce, también,  en el marco de un debate acerca de la crisis de participación que se vive en las democracias occidentales, que hasta ahora ha estado mermado de mitos y de ambigüedades .

El abordar el uso de las TIC en la política (y en las campañas políticas) a partir de la premisa de que su generalización puede contribuir al incremento de la participación y, por ende, solucionar los problemas de desafección democrática, no puede ser un planteamiento “milagro”. Basta decir, que las razones de la desafección y la falta de interés de los ciudadanos por la política son complejas y profundas y las TIC por sí mismas, no tienen una incidencia directa significativa en el incremento de los niveles de participación. Más bien, lo que su aplicación y potencial provoca, es que aquellos ciudadanos que ya están interesados por la política y que ya participan (denominados “líderes de opinión”), vean facilitada y ampliada enormemente su participación en los asuntos públicos. Pero esto será objeto de otro debate.

Regresemos al tema que nos ocupa hoy. Es por demás evidente que las redes sociales, por su ubicuidad, inmediatez, viralidad y carácter dinámico, permanente, materialmente desvinculado de la soberanía y con arquitectura difusa, obligan a repensar los conceptos de participación política, de comunicación política, de proceso electoral, de formación de tendencias y de ejercicio de la libertad de expresión en ambientes digitales.

Es obvio, también, que en estos nuevos ambientes los conceptos de “pre-campaña” y de “campaña” y de “veda electoral” son obsoletos ya que lo que existe es un estado continuo y permanente de difusión de una (diversas) narrativas(s) políticas de forma masiva, permanente, viral y en tiempo real.

En consecuencia, la perspectiva de que puede existir un real  control operativo de los órganos electorales sobre las redes sociales es no solamente, políticamente  absurda como potencialmente riesgosa para la democracia.

Entre control “hard” de internet  – profiling político, censura de contenidos, corte de servicio de internet, eliminación de cuentas de usuarios, límites a la libertad de expresión, tipificación de responsabilidades de operadores, sanción de individuos o de proveedores de servicios, apagón digital –  y vigilancia “soft” de las redes sociales existe un abismo tanto del punto de vista  jurídico como de control técnico de la red.

Pero aún en esta opción “soft” de “vigilancia” de la red en tiempos electorales, los riesgos de una deriva totalitaria del estado son enormes. Hay que tener en cuenta que  en el caso de la “vigilancia” de los órganos electorales sobre el ciberespacio, esta solo puede ser mínima ya que, cuando se pretende reforzar el rubro  “vigilancia” a través de legislaciones construidas en base a paradigmas propios a las teledemocracias del siglo XX, esta se transforma en  “control totalitario” cuando aplicada a los sistemas difusos del siglo XXI.

Control que, en la mayor parte de los casos, es inaplicable técnicamente sin rupturas del orden legal vigente y cuya jurisdicción resulta contra-productiva y profundamente antidemocrática, rayando en una visión “del orden político” que puede producir totalitarismos cibernéticos, potencialmente fatales para las democracias y para nuestras libertades cívicas .

Sin embargo, lo anterior no soslaya ni pretende escamotear el hecho de  que en el espacio de los últimos diez años, el ejercicio de la política, la construcción de movimientos políticos (incluyendo los movimientos de resistencia, las acciones revolucionarias y hasta el terrorismo de grupos radicales, como los emanados del Islam político), las áreas de participación política y las campañas electorales ya no pueden concebirse sin recurrir a los instrumentos propios a la era digital.

Este fenómeno ha sido descrito en general, como la adecuación de la política – en tiempos, espacios, escenarios, lenguaje, etc. – a la lógica de los medios de comunicación – con sus particularidades tecnocomunicativas, formas de organización productiva, tipo de mensajes, etc.

En la massmediatización, la televisión fue (es todavía) el medio privilegiado de análisis que incluye a otros medios masivos (radio, prensa), pero últimamente asistimos a la creciente importancia de  las comunicaciones mediadas por computadora (CMC) vía Internet, en particular el uso de las llamadas redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, etc.) (E. Morozov, 2011).

Y, si bien todos los agentes políticos (me refiero aquí, por “todo el mundo” a la clase política y a los partidos) han centrado sus “armas” legislativas sobre la cuestión del “honor”, de la “imagen” y de la “guerra sucia electoral”, a nosotros, los individuos (potencialmente votantes) lo que nos interesa son los riesgos de la producción de bases de datos para marketing electoral y de manipulación de tendencias, a partir del uso de ficheros en que nuestros datos personales son explotados con técnicas de “profiling” político basadas en la aplicación de un algoritmo matemático y  que pueden servir a los candidatos para ajustar sus narrativas (y captar votos) y a los estados para vigilar y, en último caso reprimir, la (s) expresión (es) políticas y el activismo social. No debemos confundir, tal como parece estar a la “moda”,  ni acciones ni comportamientos a la hora de legislar sobre estos tipos de actividad en redes (y fuera de ellas).

Bajo del punto de vista de los derechos políticos, el “hackeo” y el “profiling” político son, entonces, comportamientos que desvirtúan las democracias y atacan la libertad de opción política informada y  que  deberían ser tipificados como delitos. En, su opuesto, y en  la  perspectiva de las libertades fundamentales, el activismo social y político  son virtudes cívicas.

Así que, al entramos en otro período pre-electoral en este segundo trimestre del 2016, es altura de volver a colocar cuestiones sobre el acto central de todo el proceso: la decisión del voto y el ejercicio de este derecho en toda libertad. Reflexión que tiene que pasar por la observación de la interconexión entre dos variables propias a los procesos electorales: la formación de una opinión informada por el elector y la comunicación de un programa por los partidos y candidatos.

Ahora bien, estas dos variables son, precisamente, las más representativas de las paradojas del ciberespacio en la construcción de una verdadera participación política.

Por un lado, las redes sociales  empoderan al individuo y a la sociedad civil organizada proporcionando un instrumento poderoso de activismo político y social, por otro lado, potencian la vulnerabilidad de las democracias a través de la optimización de las posibilidades de manipulación de las narrativas políticas, del profiling del electorado , de la creación de percepciones políticas no informadas ( que pueden ser diseminadas a través de las redes sociales de forma masiva, inclusive a través del uso  de cuentas robot) y  la cibervigilancia de las preferencias políticas de los ciudadanos .

Historias como la del presunto hackeo generalizado en las elecciones del 2012, puesto a descubierto por Bloomberg en el trabajo de investigación periodística sobre los trabajos ejecutados por el “hacker” político, de origen colombiano, Andrés Sepúlveda nos deberían alertar para el peligro de estas nuevas herramientas y para la “normalización” de este tipo de prácticas entre los diversos actores políticos.

Según Bloomberg: “Con un presupuesto de US$600.000, el trabajo realizado para la campaña de Peña Nieto fue por lejos el más complejo. Encabezó un equipo de seis hackers que robaron estrategias de campaña, manipularon redes sociales para crear falsos sentimientos de entusiasmo y escarnio e instaló spyware en sedes de campaña de la oposición, todo con el fin de ayudar a Peña Nieto, candidato de centro derecha, a obtener una victoria.”  Todos conocemos el resultado.

(Consultar el artículo “¿Cómo hackear una elección? en la dirección http://www.bloomberg.com/features/2016-como-manipular-una-eleccion/).

Así que, de todos los riesgos evidenciados por la paradójica función de las redes sociales en tiempos de campañas electorales,  los que nos deben preocupar son: 1.-el del profiling del electorado para producción de narrativas políticas de los candidatos tendientes a la manipulación informativa por sectores y , 2.-el “hackeo” político sobre individuos, grupos, organizaciones, etc.  En esta perspectiva, la histeria de los políticos para legislar sobre lo que puede ser expresado en las redes (y fuera de ellas)  y su resistencia a proponer sanciones para el “hackeo” y el “profiling” político, sí son preocupantes ya que ni los insultos esporádicos a los candidatos, ni el sistemático recuerdo que dirigen los usuarios de las redes a sus “parientes” cercanos, ni la  divulgación (a la velocidad de la fibra óptica) de los datos del último escándalo de corrupción, de la fotografía incómoda o de los detalles del uso y abuso de poder  atacan los cimientos de la democracia. Pero, el “hackeo” y el “profiling” político, sí.

Con efecto, las primeras son prácticas, que en términos de universo -objetivo de las campañas, de  “producción” de tendencias de voto a través de las herramientas de marketing político en las redes sociales y de “robo” de estrategias políticas  son altamente redituables, pero que en términos de fortalecimiento de las democracias y de construcción de la ciudadanía, son altamente negativas.