Editoriales

El Informe del GIEI y la verdad oficial / Columba Arias Solís

La autora es Maestra en Derecho; catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH; analista en varios medios de comunicación; y, titular de la Notaría Pública No. 128
La autora es Maestra en Derecho; catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH; analista en varios medios de comunicación; y, titular de la Notaría Pública No. 128

Los mexicanos seguimos sin saber lo que realmente ocurrió en Iguala, con muchas interrogantes sobre los terribles sucesos, las sospechas sobre posible  colusión de autoridades del Estado, de su complicidad en los hechos y de la actitud opaca y contradictoria del gobierno federal

Morelia, Michoacán, 01 de mayo de 2016.- El pasado Domingo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó el Reporte de sus investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre del año 2014, reporte que  contiene 22 recomendaciones al Estado Mexicano.

Los datos del GIEI han generado una serie de comentarios y molestia de las autoridades, toda vez que contradicen las versiones que el gobierno mexicano ha estado manejando desde los primeros meses luego de la desaparición de los jóvenes, lo que llevó a la determinación del gobierno de que el grupo de expertos cesara su trabajo en el país.

Las investigaciones realizadas por el Grupo de Expertos en torno a los hechos de Ayotzinapa desechan la verdad oficial del incendio y cremación de los jóvenes en el basurero de Cocula, evidenciando la coordinación entre las diversas corporaciones policíacas para evitar la salida de los autobuses en que se transportaban de la población de Iguala.

Como se recordará, la denominada verdad histórica de la PGR sobre los estudiantes desaparecidos, hace énfasis en que éstos fueron confundidos con sicarios de un grupo de la delincuencia organizada en Iguala, muertos e incinerados en el basurero de Cocula el pueblo vecino-

El grupo de expertos integrado por investigadores de diferentes nacionalidades, concluye que “hay enormes contradicciones entre el peritaje y las versiones dadas por los inculpados. Ese evento (la quema) tal y como ha sido descrito no pasó”

El informe del GIEI desglosado en casi 500 páginas entre otras consideraciones señala que “debe establecerse el papel de la Policía Federal y del Ejército que si bien estuvieron al tanto de los movimientos de los estudiantes, no intervinieron para frenar un ataque masivo en pleno centro de la ciudad.”

Para mayor incomodidad gubernamental, el influyente periódico New York Times, apenas este martes 26 de abril publicó una editorial que encabeza con el sugerente título “México corre de la verdad”, en el que considera que el informe del GIEI se “tiene que interpretar como una acusación al sistema judicial notoriamente corrupto y frecuentemente brutal de México”.

El NYT señala que luego de constantes protestas masivas y condenas internacionales por los hechos de Ayotzinapa, el gobierno acordó permitir el ingreso del GIEI, sin embargo, después de que presentaron su primer informe “en lugar de reconocer el significado de esas conclusiones, el gobierno mexicano obstruyó las solicitudes de información y acceso a testigos claves”.

Por su parte, el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna del pasado 16 de abril, remarca que cada vez hay mayores análisis en las investigaciones de los grupos independientes como el de la Universidad de Insbruck, que contradicen la versión oficial en un principio manejada por el ex Procurador Jesús Murillo Karam sobre lo sucedido en Iguala, por lo que resulta intolerable la protección presidencial a éste, “dicho así porque solo podría entenderse que la PGR no lo haya llamado a declarar ministerialmente sobre lo que hizo, deshizo, confundió o mintió sobre aquel episodio, por una obstrucción del más alto nivel a la justicia”.

En ese contexto, el informe del GEIE evidencia que la investigación de la Procuraduría General de la República no tiene ninguna solidez y que a dieciocho meses de la desaparición de los normalistas, el gobierno no cuenta con una explicación verdadera sobre los hechos del 26 de septiembre de 2014, remarcado con las muchas inconsistencias que en sus investigaciones el GIEI encontró en lo reportado como “verdad histórica” por el ex procurador Jesús Murillo.

Por ende, los mexicanos seguimos sin saber lo que realmente ocurrió en Iguala, con muchas interrogantes sobre los terribles sucesos, las sospechas sobre posible  colusión de autoridades del Estado, de su complicidad en los hechos, de la actitud opaca y contradictoria del gobierno federal que ante la presión internacional y luego de la evidenciada investigación del entonces procurador, invitara oficialmente al GIEI a coadyuvar en la investigación, para posteriormente no darle los apoyos requeridos y entorpecer los trabajos, boicoteando la investigación de diversas maneras.

Como bien señala Blanca Heredia (26/03/16) “mientras no dispongamos de una descripción mínimamente aceptable y aceptada sobre lo ocurrido basada en evidencia creíble y obtenida de manera profesional, seguiremos inmersos en una pura viscosidad hecha de sospechas que sólo sirve para reproducirse a sí misma”.

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