Estado, presupuestos y educación / Teresa Da Cunha Lopes

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Teresa Da Cunha es doctora en Derecho; con diversos posgrados en universidades de México, España y Francia; profesora investigadora de la UMSNH; miembro del Sistema Nacional de Investigadores; y coordinadora del Área de Ciencias Sociales en el CIJUS

Teresa Da Cunha es doctora en Derecho; con diversos posgrados en universidades de México, España y Francia; profesora investigadora de la UMSNH; miembro del Sistema Nacional de Investigadores; y coordinadora del Área de Ciencias Sociales en el CIJUS

Al igual de cualquier derecho fundamental constitucionalmente recibido, el Estado tiene ante el derecho a la educación y de su consagración constitucional, el deber de respetar el acceso individual al bien protegido y la obligación de promover las condiciones óptimas de acceso

Morelia, Michoacán, 01 de septiembre de 2016.- El acceso a la educación es un derecho fundamental protegido constitucionalmente. Además, el deseo de continuar a formarse, aprender, desarrollarse, ingresando en el subsistema de la Educación superior, sea a nivel licenciatura como a nivel de posgrado, se inscribe también en el principio fundamental del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En consecuencia, los filtros no deben ser colocados al ingreso, si al egreso. Las restricciones de acceso no se pueden mantener año con año justificadas por falta de recursos presupuestados (*) ni, mucho menos, estar basadas en el argumento de la saturación del mercado y, motivadas, por la voluntad de proteger una “casta” (como en el caso de las restricciones de acceso a las escuelas del área de salud).

Sin embargo, esas restricciones existen y encuentran una justificación demagógica en un pseudo discurso economicista, que tiene como principal objetivo hacer olvidar la obligación constitucional de asegurar presupuestos anuales para la educación que sean adecuados, progresivos y garanticen el funcionamiento correcto y, con calidad, de todos los sub sistemas, incluyendo la Educación superior (IES).

Ahora bien, no se puede tener universidades (IES) de primer mundo con presupuestos de tercer mundo. En la ausencia de los rubros adecuados que se ajusten realmente a las necesidades de la Educación Superior en el siglo XXI, entramos cada año en los enfrentamientos desencadenados por una demanda que excede las capacidades de las IES. El país pierde más un ciclo y otra generación en que el cambio no será posible.

dolor-y-educación 160904Este es un rito anual, por ejemplo, en la UMSNH (pero no es exclusivo de nuestra Máxima Casa De Estudios) que, por un lado, coloca en evidencia las fallas del sistema para responder adecuadamente a la creciente demanda y, por otro lado, evidencia la manera como las desigualdades sociales (y su impacto en el acceso a una educación de calidad) se transfieren y replican en el proceso de “selección”.

Es interesante observar una paradoja que dice mucho sobre el” clasismo’ universitario: que aquellos que hablan de la primacía erga omnes del derecho a la educación son los primeros a defender los filtros ad hoc de entrada a la universidad, o sea que se les niegue entrada a personas que no son reprobados (porque de hecho tienen su constancia de terminación de la prepa), pero que son marginalizados con la nueva” letra escarlata” social de” rechazados”.

A esto hay que sumar el recorte financiero a las universidades públicas, el anual vía crucis del mezquino regatear de apoyos (en el caso específico de la UMSNH es una constante) y la negación del carácter regional de nuestra Máxima Casa de Estudios y, tenemos la receta óptima para revivir año con año la misma situación explosiva, las mismas tomas y, crear más unos millares de” Ninis” reticentes, que no lo querían ser …pero que son acorralados a serlo.

Sería altura de abrir un verdadero debate sobre los filtros “clasistas’, los déficits presupuestarios y sobre la reproducción de las discriminaciones socio-económicas.

ES TIEMPO DE ACABAR CON EL ARGUMENTO DE LA” LIMITACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS” PARA JUSTIFICAR LA NEGACIÓN DE ACESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE MILES DE JÓVENES. LA EDUCACIÓN, AL IGUAL QUE LA SALUD SON LOS DOS PRINCIPALES DESC Y EL VERDADERO MOTOR DE DESARROLLO DE LAS NACIONES.

Los DESC, derechos económicos, sociales y culturales, son derechos fundamentales que están plenamente protegidos en el texto constitucional. Sin embargo, el acceso efectivo a este conjunto de derechos se encuentra, en la práctica, limitado por opciones presupuestarias introducidas por políticas públicas que diseñan leyes de egresos anuales, a partir, no de un paradigma garantista, si de una ideología” de mercado”. Últimamente, esta situación, en algunos casos todavía escasos, ha tenido algún tipo de corrección por vía del juicio de garantías.

aula021 160904En el AMPARO EN REVISIÓN 378/20141, si bien el tema era el del pleno acceso al derecho a la salud, la Segunda sala de la SCJN analizó, también la cuestión si, como aducía el estado mexicano “la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento de las obligaciones que ha contraído en virtud del pacto”, para concluir que “ no basta la simple afirmación de limitación presupuestaria por parte del Estado mexicano para que se tenga por demostrado que ha adoptado todas las medidas hasta el máximo de los recursos que disponga para lograr la plena realización del derecho humano del nivel más alto posible a la salud.”.

Como respuesta a esta cuestión, la Corte consideró que existía una discriminación “por cuestiones socioeconómicas, debido a que carecen de posibilidades para acudir con médicos privados que les puedan brindar el servicio especializado, lo que evidencia que el Estado no ha adoptado medidas para prevenir, reducir y eliminar las condiciones y actitudes que generan la discriminación en la práctica.” O sea, que al no presupuestar debidamente lo necesario para asegurar un pleno acceso a un derecho social fundamental, el Estado mexicano estaba propiciando la existencia de una discriminación en el acceso entre ricos y pobres y entre los que tienen derecho a los subsistemas de protección de determinados grupos y aquellos que están excluidos.

Ahora bien, por analogía, el mismo razonamiento se podría aplicar a la falta de presupuesto para asegurar la existencia de estructuras físicas educativas y de contratación de los recursos humanos necesarios para asegurar de forma efectiva el acceso de todos a otro derecho social fundamental que es el derecho a la educación.

Al igual de cualquier derecho fundamental constitucionalmente recibido, el Estado tiene entonces ante el derecho a la educación y de su consagración constitucional, el deber de respetar el acceso individual al bien protegido (considerado como la obligación del Estado de no afectar el derecho a la educación de todos o las condiciones y capacidades de acceso específico de cada particular, así como la obligación para eliminar los obstáculos al libre acceso), tiene el deber de proteger (contra agresiones o amenazas por parte de otros particulares privada o contra prestaciones deficientes en la prestación de los servicios educativos) y un deber de promover las condiciones óptimas de acceso (la mejora de las posibilidades existentes, la creación de instituciones y servicios, garantizando obligaciones que, por sí mismos, los individuos no serían capaces de garantizar).

aula01 160904Si el poder ejecutivo es sordo a esta obligación de enviar una ley de egresos con los rubros necesarios para realmente  asegurar la expansión de la oferta educativa de las IES; si los poderes legislativos se hacen omisos en la corrección de los presupuestos, es altura de las IES abandonaren su tradicional posición de ” pedir limosna” y usar los instrumentos jurídicos a su disposición , en base a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte y a su interpretación de la existencia de una obligación del Estado de asegurar los recursos necesarios para el ejercicio efectivo de los DESC .

*Nota: En el 2016, la Secretaría de Educación Pública (SEP) sufrió una disminución presupuestal de 3 mil 660.2 millones de pesos, en el ajuste “preventivo” de febrero, siendo los programas más afectados, el Programa Nacional de Becas y el Fondo para la Expansión de la Educación Media Superior y Superior.