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Jaime Darío, y su ratificación en la entrega ilegal de notarías / Hugo Gama

Hugo Gama es Maestro en Derecho por la Universidad La Salle México, así como abogado especialista en propiedad industrial
Hugo Gama es Maestro en Derecho por la Universidad La Salle México, así como abogado especialista en propiedad industrial

Jaime Darío, ha permitido y validado una ilegalidad del gobierno vallejista, con su decisión perpetúa la falta de respeto a la ley que impera en estas tierras, sus acciones son adversas al Michoacán honesto que presumen desde el gobierno del estado

Morelia, Michoacán, 12 de septiembre de 2014.- En Michoacán es costumbre que los gobernadores en turno entreguen notarias al final de su mandato, el acto de designación o nombramiento es una atribución legal exclusiva del titular del ejecutivo, pero en la cual se auxilia del secretario de gobierno, en el entendido de que los aspirantes a esos cargos deben cumplir una serie de exigencias legales para que el ejecutivo pueda ejercer dicha facultad.

El cumplimiento de los requisitos tienen que ser revisados por el secretario de gobierno, debe verificar que el aspirante a notario sea licenciado en derecho, que tenga mínimo cinco años de ejercicio profesional, treinta años cumplidos a la fecha del nombramiento, exigencias que se encuentren plasmadas en el artículo 21 de la Ley del Notariado.

Ahora bien, al final del gobierno de Fausto Vallejo, el ex mandatario otorgó diversas notarias, lo cual insisto, no es extraño, se trata de una facultad legal del gobernador, sin embargo, en el caso de dos notarias designadas, los beneficiarios no cumplían con el requisito de la edad, pese a ello recibieron indebidamente sus nombramientos, situación con lo cual, se ha puesto en riesgo el patrimonio de los usuarios de esas notarias, ello porque las actuaciones notariales son invalidas, es decir, se trata de notarías que afectan el interés público, lo cual aunado a la ilegalidad de la designación, pudiera ser motivo para iniciar Juicio Político en contra de Fausto Vallejo y el entonces secretario de gobierno, Marco Vinicio Aguilera, esto de acuerdo a los artículos 107, 108 y 110 de la Constitución local.

La irregularidad en las designaciones de las notarías, provocó que los notarios solicitaran al actual gobernador del estado, licencia por seis meses, mismas que fueron aprobadas y publicadas en el Periódico Oficial del Estado el día 14 de agosto del 2014 en su cuarta y quinta sección, siendo el período de licencia del 15 de agosto del 2014 al 15 de febrero del 2015. Las licencias otorgadas hacen pensar que su intención es ganar tiempo para que los beneficiados sin perder la titularidad, puedan llegar a cumplir el requisito de la edad, es decir, hacerle trampa a la ley.

El otorgamiento de dichas licencias signadas por el actual titular del ejecutivo y su secretario de gobierno, Salvador Jara y Jaime Darío respectivamente, resultan contrarias al discurso del restablecimiento del estado de derecho en la entidad, pues el conceder las licencias resulta también ilegal, pues con ello convalidan y ratifican la ilegalidad original de los nombramientos, sin embargo, la mayor responsabilidad recae en Jaime Darío, pues es él quien tiene la obligación verificar la situación y estado de esas notarias.

El secretario de gobierno ha sido permisivo de la irregularidad e ilegalidad, pues lo que debió hacer fue no otorgar las licencias, por el contrario, debió revisar la situación por el incumplimiento de un requisito legal de los notarios, y suspender o cesar a los notarios que solicitaron y aceptaron el cargo sabiendo que no cumplían el requisito de la edad.

Jaime Darío, ha permitido y validado una ilegalidad del gobierno vallejista, con su decisión perpetúa la falta de respeto a la ley que impera en estas tierras, sus acciones son adversas al Michoacán honesto que presumen desde el gobierno del estado, se trata sin duda de una acción para seguramente ayudar a sus amigos priistas, pues es preciso señalar que uno de los beneficiados con la entrega indebida de una de esas notarias, es la familia del polémico diputado federal, Ernesto Núñez, además de que el responsable de la política interna, con su actuar pareciera que pretende cubrir las ilegalidades del vallejismo.

Ante dicha situación, el Congreso del Estado debe intervenir, el mismo Colegio de Notarios se deben pronunciar, no se puede permitir que un funcionario público (menos tratándose del secretario de gobierno), valide y continúe por el camino de la ilegalidad. No es permisible que por las decisiones y actuar ilegal de la clase gobernante, se ponga en riesgo el patrimonio de los michoacanos, es necesario que Jaime Darío explique cuáles son sus intereses en estos asuntos, es indispensable que explique a la sociedad, por qué ratificó una ilegalidad.

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