La cuenta pública / Columba Arias Solís

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La autora es Maestra en Derecho; catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH; analista en varios medios de comunicación; y, titular de la Notaría Pública No. 128

La autora es Maestra en Derecho; catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH; analista en varios medios de comunicación; y, titular de la Notaría Pública No. 128

Parece ser que al calor de los discursos los diputados se entusiasmaron por las auditorías y así, pretenden auditar operaciones de hace 20 años. ¿Será esto posible?

Morelia, Michoacán, 11 de abril de 2016.- La cuenta pública es el documento a través del cual tanto el gobierno federal como las entidades Federativas informan del origen, uso y destino de los recursos públicos del año anterior. Dicho documento incluye desde luego datos de tipo contable, así como programático y presupuestario de todos los poderes, órganos tanto de gobierno, como de los autónomos.

Esta obligación tiene sus orígenes en nuestro país en la Constitución de Apatzingán del 22 de octubre de 1814, que estableció como una de las obligaciones del supremo congreso  “examinar y aprobar las cuotas de recaudación”. El constituyente de 1917 determinó como obligación del Congreso “Revisar la cuenta pública del año anterior que será presentada a la Cámara de Diputados dentro de los diez primeros días de la apertura de sesiones”. Como señala Osornio Corres, la revisión no recaería exclusivamente en investigar si las cantidades estaban o no de acuerdo de acuerdo con las partidas presupuestales, sino realizar el examen de la exactitud y justificación de los gastos hechos, así como fincar las responsabilidades en el caso de no comprobar la debida erogación de aquellos a la autoridad competente.

La Cámara de Diputados fiscaliza y elabora el Informe de Revisión de la Cuenta Pública por medio de su órgano técnico la Auditoría Superior de la Federación, quien revisa la gestión financiera de todos los órganos de gobierno que manejan recursos federales, que incluyen aquellos que reciben los Estados de la República.

Por lo que respecta a las entidades federativas, éstas tienen su propio órgano fiscalizador que depende del Congreso respectivo y tienen la finalidad de la revisión del uso de los recursos estatales.

En el caso de Michoacán, es la Auditoría Superior del Estado quien lleva a cabo la revisión y fiscalización de los recursos que ejercen los poderes del Estado, así como las diferentes instituciones gubernamentales centralizadas y descentralizadas y los municipios.

Luego de que el titular del Ejecutivo en acatamiento a las disposiciones constitucionales, hace entrega al Congreso del documento conteniendo el informe que detalla el uso de los recursos públicos aprobado en el presupuesto respectivo, las Comisiones respectivas de la Auditoría Superior inician su revisión y concluida ésta, hacen entrega del informe de resultados a la Comisión Inspectora del Congreso.

La entrega de resultados de las revisiones a la cuenta pública de los últimos gobiernos ha evidenciado desconocimiento y presuntos malos manejos de los recursos en diversas dependencias. Así se desprende de la fiscalización de la Cuenta Pública Estatal y Municipal de 2013, donde se detalla la existencia de 9 mil 206 observaciones o hallazgos encontrados en las auditorías a las diversas dependencias o unidades programáticas presupuestales, en tanto que a los Ayuntamientos se les registraron entre 8 a 9 mil observaciones a 97 municipios porque los restantes entregaron tarde la cuenta pública anual.

Hace unos pocos días –el 1 de abril- salió a la luz pública la reprobación por parte del Congreso michoacano a la Cuenta Pública estatal correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014, considerando que luego del análisis realizado por las Comisiones Inspectora de la Auditoría Superior del estado de Michoacán, y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública al Informe de Resultados de la Revisión, Fiscalización y Evaluación, elaborado por la Auditoría Superior de Michoacán, “no se presenta razonablemente la situación financiera del Estado; la información programática presupuestaria y financiera no permite el cumplimiento de los objetivos o verificar si se alcanzaron las metas establecidas en los programas de las dependencias y entidades obligadas a rendir cuentas”.

Entre reclamaciones de los diputados de que “el Congreso tiene un débil órgano fiscalizador, absolutamente debilitado” (Pascual Sigala); de que los delincuentes de cuello blanco se pasean impunemente como empresarios o ejerciendo nuevos cargos (Carlos Quintana); de que la cuenta cargos por aplicar trianguló operaciones para ocultar el verdadero estado de las finanzas michoacanas (Sergio Ochoa); o de que “los hallazgos que dañan la Hacienda son verdaderamente vergonzosos, basta de saquear a Michoacán” (Daniel Moncada), los diputados además de reprobar la Cuenta Pública, acordaron que la ASM realice una auditoría integral a la cuenta “cargos por aplicar”, solicitando a la Junta de Coordinación Política crear una Comisión Plural para que acompañe al órgano fiscalizador en la revisión de la misma, además de las operaciones financieras de la entidad desde 1996 y hasta 2014.

Parece ser que al calor de los discursos los diputados se entusiasmaron por las auditorías y así, pretenden auditar operaciones de hace 20 años. ¿Será esto posible?