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¿Qué intereses hay en la gasolinera de Real Universidad? / Hugo Gama

Hugo Gama es Maestro en Derecho por la Universidad La Salle México, así como abogado especialista en propiedad industrial
Hugo Gama es Maestro en Derecho por la Universidad La Salle México, así como abogado especialista en propiedad industrial

Ante las irregularidades y las omisiones, saltan varias preguntas ¿Por qué los regidores ignoraron el reglamento municipal y emitieron un acuerdo contrario a la norma? ¿Cuáles fueron las razones para violar el reglamento? ¿Por qué el Presidente Municipal y el Síndico Municipal se sumaron al proyecto de los regidores?

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Morelia, Michoacán, 31 de octubre de 2014.- Gran parte de los morelianos y los michoacanos nos hemos enterado del problema entre los vecinos de los fraccionamientos Real Universidad y Real Tulipanes, el Ayuntamiento de Morelia y el empresario que pretende construir e instalar una gasolinera sobre la famosa avenida Universidad. Los vecinos defienden su derecho a la seguridad y al medio ambiente y cuestionan la legalidad de la licencia de uso de suelo para la instalación del centro de servicio en cita, mientras que el Ayuntamiento y el empresario defienden la licencia.

Tengo copia de dos documentos, mismos que son motivo de la controversia entre los mencionados; por un lado la resolución de Licencia de Uso de Suelo con número de oficio SDUMA-DDU-US859/13 de fecha 08 de marzo del 2013, signada por el entonces secretario de Urbanismo y Medio Ambiente del municipio, Lic. Francisco Xavier Lara Medina, en la cual emitió Licencia Negativa de uso de suelo para la construcción de la estación de servicio de gasolina, ello en virtud de que el Reglamento para el establecimiento y Funcionamiento de las Estaciones de Gasolina, Diesel y Gas Carburación en el Municipio de Morelia,  en su artículo 36 establece que, “La colindancias del predio propuesto, deberá estar a una distancia de resguardo, de 50 metros con respecto a lugares de concentración masiva”.

Asimismo, el artículo 9 inciso K de la norma municipal de referencia señala que, se deberá entender por centro de concentración masiva al “lugar donde se concentran más de cincuenta personas desarrollando una actividad, como hospitales, escuelas, Centros Comerciales, Iglesias, Oficinas Gubernamentales, etc.”. Ahora bien, la propia secretaría de Urbanismo municipal, manifiesta en su resolución que, “el predio de referencia se encuentra a una distancia inferior a 50 metros de la colindancia del inmueble donde se encuentran las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la cual se encuentra considerada como un centro de concentración masiva”.

Bajo el argumento y la realidad de la distancia entre el inmueble en donde se pretende instalar la gasolinera, que es menor a 50 metros, el Lic. Francisco Lara determinó negar la Licencia de Uso de Suelo, y esto sin considerar que el funcionario no tomó en cuenta en su resolución a un jardín de niños que se encuentra sobre la misma avenida a menos de 40 metros de distancia, es decir, existe en realidad doble razón para negar esa licencia.

Sin embargo, con fecha 10 de diciembre del 2013, mediante oficio SDUMA-DDU-US-4467/13, signado por el secretario de Urbanismo y Medio Ambiente, Arquitecto Vicente Hernández Chávez, se emitió una nueva resolución sobre el uso de suelo, autorizando una Licencia Condicionada en la que le ponen diversas obligaciones, mismas que por Norma Oficial debe cumplir, es decir, no hubo nada extraordinario a lo que por norma federal se tiene que cumplir.

En dicha resolución el funcionario municipal manifiesta que el 23 de septiembre del 2013, la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento, se declara procedente la solicitud del empresario y se autoriza se otorgue la Licencia de Uso de Suelo Positiva para la construcción de la gasolinera, es preciso mencionar que los regidores integrantes de dicha Comisión son Marbella Romero Núñez , Alejandra Lizet Sánchez Espinoza, Jorge Alfredo Molina Sánchez, Miguel Angel Villegas Soto y Cuauhtli Yered Guzmán Espitia.

De igual manera, se señala en la segunda resolución que, mediante sesión del H. Cabildo de fecha 27 de septiembre del 2013 fue aprobado el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, es decir, los regidores en Comisión autorizaron el uso del suelo, y posteriormente todo el Cabildo (incluido el Presidente Municipal, Wilfrido Lázaro Medina y el Síndico Salvador Abud Mirabent) aprobaron el cambio de uso de suelo. Líneas más adelante, el funcionario municipal señala que el 27 de noviembre se integró al expediente una carta de los vecinos con la cual dan su anuencia.

Llama la atención como el Ayuntamiento ha dejado crecer el problema, el propio presidente municipal ha propiciado que se convierta en un conflicto social, pues no interviene para resolver, se ha puesto en la posición cómoda de ver el enfrentamiento entre los vecinos y el empresario, ayer mismo en un boletín de prensa señaló que se sujetará a lo que determinen los tribunales, haciéndose a un lado del conflicto, mientras la avenida Universidad continua bloqueada y con la posibilidad de un enfrentamiento violento, pero además pareciera que con esa postura pretenden ocultar las razones de la modificación de la primer resolución.

Los documentos descritos y el actuar de los funcionarios, en realidad dejan serias dudas sobre las razones de las modificaciones y de su actuar, pues el reglamento municipal es bastante claro, no pueden instalarse ese tipo de negocios a una distancia menor de 50 metros de lugares en los que haya concentración masiva, que para este caso existen dos, el área deportiva de Ciudad Universitaria y un Jardín de Niños, más aún no hay congruencia entre la famosa carta vecinal que contiene la anuencia y la forma en la que los vecinos están actuando, pues es evidente que la anuencia nunca existió.

Ante las irregularidades y las omisiones, saltan varias preguntas ¿Por qué los regidores ignoraron el reglamento municipal y emitieron un acuerdo contrario a la norma? ¿Cuáles fueron las razones para violar el reglamento? ¿Por qué el Presidente Municipal y el Síndico Municipal se sumaron al proyecto de los regidores? ¿Qué intereses existieron para modificar las resoluciones? ¿Por qué señalan que hay anuencia vecinal cuando la realidad dice lo contrario? ¿El no actuar para resolver es para proteger a alguien? La única respuesta que tenemos es que no hay claridad y el asunto huele muy mal.

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