Si no es Chana, es Juana / Jorge Álvarez Banderas

Un Estado con tales torpezas lleva a la sociedad al hartazgo, a la falta de credibilidad y a la burla hacia quien se encuentra frente al cargo; es conveniente un programa verdadero para poder salir adelante, lo que se anunció la semana pasada de lograr un “gran” acuerdo con legisladores no es suficiente

–

Morelia, Michoacán, 29 de julio de 2015.- Cuando las decisiones que toma el Estado como garante de la seguridad pública en beneficio de la ciudadanía siendo una de sus funciones, son de manera recurrente equívocas al presentarse ante el Poder Judicial tanto federal como estatal, parece entonces que las actuaciones ministeriales relativas a la prevención del delito, su investigación y persecución al ser desechadas son gritos al viento que no sirven de mucho, ante ello es que se integran de nueva cuenta expedientes a ver si con suerte, logran retener en prisión a los detenidos acusándoles de otros tipos penales o los dejan libres bajo reserva frente a la presión social.

Casos para ejemplificar lo anterior recientemente son varios, la detención del doctor José Manuel Mireles Valverde quien sigue preso en un penal en Sonora pese a la determinación de un juez federal, la detención en hasta dos ocasiones de Hipólito Mora Chávez y sus autos de libertad dictados por jueces locales, la detención de varios pobladores de Ucareo acusados de presunto homicidio y finalmente liberados bajo reserva por un juez local, así como la detención de Cemeí Verdía Zepeda a quien un juez federal dicta un auto de libertad al no encontrar elementos para procesarlo por lo que se le acusaba.

Las “chicanadas” del Estado para lograr la retención tanto del primero y del segundo de los aludidos son evidentes ante la comunidad jurídica y en general a la comunidad nacional e internacional, el Estado Mexicano por tanto queda en un lugar deplorable en cuanto a credibilidad en llevar a cabo la función otorgada por el constituyente al poder ejecutivo, para llevar a cabo el ejercicio de la acción penal ante los tribunales mediante el ministerio público.

La actuación de las instituciones de seguridad pública se deben regir por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y es claro que el mandato constitucional con tales actuaciones parece que no se respeta.

Un Estado con tales torpezas lleva a la sociedad al hartazgo, a la falta de credibilidad y a la burla hacia quien se encuentra frente al cargo; es conveniente un programa verdadero para poder salir adelante, lo que se anunció la semana pasada de lograr un “gran” acuerdo con legisladores no es suficiente.