Sin razones / Columba Arias Solís

Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
La autora es Maestra en Derecho; catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH; analista en varios medios de comunicación; y, titular de la Notaría Pública No. 128

La autora es Maestra en Derecho; catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH; analista en varios medios de comunicación; y, titular de la Notaría Pública No. 128

La pobreza de las excusas esgrimidas por la autoridad mexicana para negar la entrada al país del comisionado de Naciones Unidas para darle continuidad a la investigación sobre la tortura, es el reflejo de la sinrazón y de la escasa voluntad del gobierno para asumir las realidades del terrible fenómeno

Morelia, Michoacán, 04 de abril de 2016.- Ciertamente la tarea de gobernar no resulta nada sencilla, y gobernar bien, mucho menos; ser y defender un Estado democrático, luchar por el bien común, por el bienestar de la sociedad y todo lo que esto conlleva, son promesas que se estrellan frente a las realidades de la pobreza en la que se encuentran grandes sectores de la población; las redes de corrupción, la impunidad propiciada por la inaplicación de la ley o de una justicia selectiva y la simbiosis entre gobierno y delincuencia que se ha desarrollado en ciertas poblaciones de nuestro país, entre otros graves problemas, han vuelto sumamente difícil y compleja la tarea de gobernar.

Sin embargo, ningún problema por grande y difícil de resolver resulta imposible para aquellos que buscan obtener  los cargos públicos y que prometen el puente y el río durante las exultantes campañas políticas. Entre recorridos en olor de multitudes, aplausos y porras, foros a modo, sonrisas y apapachos sin fin salen fáciles las promesas y los compromisos de lograr un mundo maravilloso.

Una vez que  -“haiga sido como haiga sido”- se obtiene el poder ansiado y comienza a ejercerse éste, los gobernantes han de enfrentarse a la verdadera realidad de los presupuestos que nunca alcanzan, buscar soluciones y aplicarlas a los graves problemas de inseguridad, de violaciones a los derechos humanos, de aplicación de justicia, de abatimiento de pobreza, del impulso a la economía que no levanta, entre otros. Deben también dar cabal cumplimiento  a los acuerdos internacionales firmados en diversos temas, con tiempos y formas para llevarlos  a efecto.

Empero ¿qué pasa cuando las complejidades y dificultades de las tareas de gobernar se enfrentan con ineficiencia, desconocimiento, mediocridad y corrupción? Simplemente las autoridades de gobierno se quedan sin razones, sin respuestas valederas ante los señalamientos y las críticas tanto internas como externas a su desempeño gubernamental, y se reacciona desde el enojo, desde la impotencia para refutar.

Así se ha dado la reacción del gobierno ante el informe del Comisionado de la ONU en México para los casos de tortura, luego de que en marzo de 2015 el relator informó que la tortura en México es generalizada y ocurre desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia. Esto abarca tanto a policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, así como a las fuerzas armadas. Con base en las cifras de las quejas por torturas y maltratos presentadas por los diversos organismos de derechos humanos, el informe señala su preocupación ante la recurrente práctica de la tortura.

Ante 11 mil 254 quejas de tortura y malos tratos recibidas entre 2005 y 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 223 recomendaciones sobre las cuales no existe una sola sentencia penal. En el informe se expuso que el alto número de denuncias y los testimonios recibidos no se reflejan en igual número de investigaciones por tortura y malos tratos y tampoco en condenas.

En relación con este delicado tema, el organismo relator además de exponer los datos del mismo, hace varias recomendaciones para combatir la tortura, entre éstas, la aprobación de una ley general que contemple todas las obligaciones y garantías de la prohibición absoluta de la tortura, en las que destaca la investigación, el juicio y la sanción rápida de actos de tortura, la reparación a las víctimas, y que este tipo de delitos no prescriban.

Además, la solicitud de la suspensión administrativa inmediata de todos los funcionarios sujetos a investigación por tortura y malos tratos y que se documenten y sancionen los casos en que los jueces o fiscales no ordenan investigaciones de tortura de oficio al recibir denuncias o constatar posibles torturas.

El gobierno mexicano rechazó que la práctica de la tortura en el país sea generalizada, por considerar que no corresponde con la realidad  ni refleja “los enormes esfuerzos” que ha desplegado el país para consolidad en la ley y en la práctica, según señaló el representante de México.

Sin embargo, a falta de razones que sostengan la refutación del informe sobre la tortura, hace unos días el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores negó la visita al país del relator de la ONU, manifestando la imposibilidad  de agendar su visita, toda vez según dijo- se tienen previstas las visitas de otros especialistas.

La pobreza de las excusas esgrimidas por la autoridad mexicana para negar la entrada al país del comisionado de Naciones Unidas para darle continuidad a la investigación sobre la tortura, es el reflejo de la sinrazón y de la escasa voluntad del gobierno para asumir las realidades del terrible fenómeno y de establecer un compromiso total para afrontarlo con todos los recursos y la fuerza del Estado.