Telecomunicaciones y radiodifusión, alcances y pendientes

Como todas las leyes, éstas son perfectibles y están sujetas al método de la prueba directa en su aplicación práctica, el legislador es una figura reguladora en nuestro sistema, con una tarea permanente: adecuar la norma a la exigencia social, de modo que el debate aún queda abierto

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México, D.F., 10 de julio de 2014.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, recién concluyó la aprobación del paquete de reformas integrado por dos nuevas leyes y modificaciones a 11 ordenamientos diversos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en un periodo extraordinario de sesiones que se caracterizó por la intensidad en el debate, dado no solo en el recinto de San Lázaro, sino desde los propios medios que fungen como catalizadores del interés de la sociedad y de los jugadores dominantes.

Seguramente aun hay muchas opiniones que escuchar, reflexiones que compartir y un cúmulo de avances y pendientes por reconocer. La tarea legislativa no se agota en una legislatura, las circunstancias políticas actuales, la correlación de votos entre las fuerzas políticas y los intereses de los jugadores en los temas, influyeron en la generación de un ambiente que por momentos llegó a la crispación, pero que al final del proceso en las cámaras, nos permitió concretar productos legislativos cuyos efectos serán de aterrizaje inmediato en algunos casos y que en otros, transformarán la configuración de los sectores y servicios a través de los cuales se aprovecha el espectro radio eléctrico en el mediano y largo plazo.

En principio participamos en una reforma constitucional en esta materia, en el marco de un instrumento de acuerdo político, entonces merecedor de grandes expectativas, que en su primera fase concluyó con el establecimiento de las bases constitucionales de nuevos organismos reguladores de competencia como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el reconocimiento de nuevos derechos fundamentales como el derecho de acceso a la información y al uso de las tecnologías de la información y comunicación, elementos detonantes de nuevas condiciones para el desarrollo de la infraestructura, que permitirían el máximo aprovechamiento del espacio como un bien del dominio directo de la nación, eliminar la concentración para incentivar la inversión, favorecer el crecimiento del país, elevar la cantidad de opciones para los usuarios de los servicios e incrementar la calidad de los contenidos en aras de una mejor ciudadanía.

Los alcances de la reforma constitucional convalidaron la bondad de los propósitos. Sin embargo, en el proceso de elaboración de las leyes secundarias fue en donde los obstáculos se hicieron presentes, por ser un tema de muy alta especialización, fueron precisamente las grandes empresas del sector, quienes ventilaron los argumentos a favor y en contra del contenido de las iniciativas, dificultando el trazo de los acuerdos, lo que nos llevó al desahogo de arduas jornadas de posiciones atrincheradas en las cámaras del Congreso, en donde los partidos de las primeras minorías se impusieron y como siempre sucede en estos casos, se logra la reforma posible, no la que se necesita.

Nosotros consideramos que en la relación costo beneficio entre la reforma constitucional y la reforma secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el balance no es del todo positivo, por la cortedad de la segunda, respeto de los objetivos de la primera. Pero tampoco es del todo negativo, porque en el proceso del análisis previo al debate en el pleno, las y los Diputados de nuestro grupo parlamentario, estuvieron participando con ánimo propositivo, asumiendo primordialmente la defensa de los derechos de los usuarios, pues más allá del debate por el tema de la preponderancia si por sector o por servicios, tuvimos presente siempre la necesidad de darle a las mexicanas y a los mexicanos, los instrumentos legales que les permitan el uso pleno de sus derechos, de entre estos, el disfrute de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con tarifas justas y contenidos de calidad.

De lo que resulta, es justo reconocer como nuestros principales aportes la protección al derecho de acceso a tales servicios a las personas con discapacidad; lograr que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones el que dicte los contenidos mínimos del código de ética para los medios del sector; explicitar el catálogo de derechos de los usuarios; eliminar el cobro por llamadas de larga distancia; que se respeten los principios del interés superior de las niñas y niños adolescentes; prohibición de la difusión de la violencia en contra de las mujeres; facilitar la portabilidad numérica y el desbloqueo de aparatos de teléfonos móviles, entre otros.

Como todas las leyes, éstas son perfectibles y están sujetas al método de la prueba directa en su aplicación práctica, el legislador es una figura reguladora en nuestro sistema, con una tarea permanente: adecuar la norma a la exigencia social, de modo que el debate aún queda abierto.