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Se implementaría “mochila segura” en Michoacán: Alberto Frutis

Frutis Solís admitió que en otros momentos ha habido rechazo de padres de familia y organismos defensores de los derechos humanos ante la intención de implementar las medidas citadas
Frutis Solís admitió que en otros momentos ha habido rechazo de padres de familia y organismos defensores de los derechos humanos ante la intención de implementar las medidas citadas

Tras los lamentables hechos ocurridos en Monterrey, Nuevo León, la medida se pondría en marcha con el acompañamiento de las sociedades de padres de familia y maestros, así como con el acompañamiento de la CEDH, anticipa el titular de la SEE

Morelia, Michoacán, 19 de enero de 2017.- En Michoacán podría implementarse la revisión de mochilas en los centros escolares, conocida en otros puntos del país como el programa “mochila segura”, anticipó el titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Alberto Frutis Solís.

Durante entrevista telefónica con el noticiero radiofónico “Palabra”, que conduce el periodista Julio Hernández Granados, el funcionario estatal lamentó los hechos violentos en una escuela secundaria de Monterrey, Nuevo León.

Para Alberto Frutis, sucesos de ese tipo prenden los focos de alerta y deben obligar a actuar de manera preventiva en el resto de los planteles del país, por lo que en Michoacán podría implementarse una vez más la revisión de mochilas antes del ingreso a los centros escolares.

El titular de la SEE indicó que en Michoacán se cuenta con alrededor de 250 psicólogos y trabajadores sociales para atender a los alumnos de 300 planteles de nivel secundaria, en caso de que se detecten casos de padecimientos mentales entre la población escolar.

Además, Frutis Solís admitió que en otros momentos ha habido rechazo de padres de familia y organismos defensores de los derechos humanos ante la intención de implementar las medidas citadas.

Por lo anterior, el encargado de la política educativa en Michoacán indicó que la revisión de mochilas se haría contando con el acompañamiento de las sociedades de padres de familia, así como de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), para garantizar que no se violenten las garantías individuales de los alumnos.

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