Pide CEEAV mayor presupuesto para atención a víctimas en Michoacán
Los integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas estimaron que el asunto del presupuesto para este tema no es cuestión de jaloneo, de negociación o de cabildeo, “es un compromiso de los poderes públicos”
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Morelia, Michoacán, 28 de diciembre de 2015.- Asignar un presupuesto insuficiente al tema de atención de víctimas de delito o de violaciones de derechos humanos, enviaría un mensaje de que México, las entidades federativas y sus instituciones incumplen los acuerdos internacionales firmados por el Estado Mexicano y suscritos por el Senado de la República, y que hoy son derecho positivo, según lo dispone el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Selene Vázquez Alatorre, Abraham Montes Magaña y Salvador Ceja Barrera estimaron que el asunto del presupuesto para este tema no es cuestión de jaloneo, de negociación o de cabildeo, “es un compromiso de los Poderes Públicos, de dotar de recursos suficientes a las CEEAV para atender a las víctimas, tal como lo mandata el marco jurídico vigente”.
Externaron que cuestiones tan sensibles como las sucedidas en los últimos años en México, y en el caso de Michoacán por cuestiones del crimen organizado y el conflicto armado suscitado en torno a éste, definen la gran tarea de la CEEAV, como es la atención a las cientos de víctimas derivadas de violaciones a derechos humanos por autoridades de procuración de justicia, de seguridad pública, incluso del sector salud y educativo.
Recordaron que en el caso de Michoacán, están en condición de vulnerabilidad las familias desplazadas a causa de la violencia, viudas, huérfanos, personas que cayeron en discapacidad total o parcial, las víctimas de delito, pero también de violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con datos de 2014, 22.8 millones de personas mayores de 18 años son considerados víctimas, lo que representa una tasa de 28 mil 200 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Los comisionados estimaron que la asignación de recursos públicos suficientes permitirá la contratación del personal institucional para la atención y seguimiento de los casos, pero además, para contar con los recursos financieros suficientes para la operación del Fondo de Atención a Víctimas que permita la consecuente reparación del daño.
