Crimen organizado sí infiltró a autodefensas y Fuerza Rural en Michoacán

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Hay dos autodefensas que perdieron la vida a raíz del atentado, según confirman autoridades

Las propuestas del informe especial de la CNDH, incluye 55 propuestas dirigidas  a la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad, el gobierno de Michoacán y otras autoridades

“Cientos de testimonios recabados dieron cuenta de que algunos de esos grupos permitían el ingreso de miembros de la delincuencia organizada, tomaron la bandera de la causa de la autodefensa para avanzar territorialmente en aras de conseguir sus beneficios ilícitos”, indica informe especial de la CNDH

México, D.F., 13 de noviembre de 2015.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobierno federal y al de Michoacán que se investigue la participación del crimen organizado en los grupos de autodefensa, que sirvieron de base para la conformación de la Fuerza Rural de esa entidad, luego de que el organismo pudo confirmar, a partir de testimonios, que varios de esos grupos fueron infiltrados.

El informe especial de la CNDH presentado este jueves 12 de noviembre relacionado con el conflicto de las autodefensas y la violación a los derechos humanos incluye 55 propuestas a autoridades de los tres niveles de gobierno, entre ellas el indagar el nexo de la delincuencia con los grupos civiles armados.

“Cientos de testimonios recabados (por los visitadores) dieron cuenta de que algunos de esos grupos permitían el ingreso de miembros de la delincuencia organizada, tomaron la bandera de la causa de la autodefensa para avanzar territorialmente en aras de conseguir sus beneficios ilícitos” indica el resumen ejecutivo del informe.

De acuerdo con la comisión, la Procuraduría General de la República (PGR) debe indagar particularmente el financiamiento que recibieron los grupos de autodefensa, así como el origen de su armamento y dar un seguimiento de los integrantes que hoy componen la Fuerza Rural.

El informe, que describe el conflicto de las autodefensas en cuatro etapas, revela que estos grupos tuvieron presencia en por lo menos 33 municipios de la entidad, lo que representa más de 52 por ciento de todo el estado.

Lo anterior tuvo como origen el deterioro de las condiciones de vida en varias regiones de Michoacán por las extorsiones y violencia del crimen organizado, particularmente del cártel de Los Caballeros Templarios. A ello se sumó la inacción, ya sea por incompetencia o complicidad, de las autoridades municipales y estatales para cumplir con sus labores de seguridad pública e investigación del delito.

“El estado tuvo una acentuada debilidad en su estado de derecho, lo que propició el surgimiento de autodefensas en municipios, que luego se extendieron y que, según referencias que nos dieron, algunos terminaron cometiendo conductas que antes hacían los criminales” dijo el presidente de la CNDH, Raúl González Pérez.

El informe detalla que el conflicto de las autodefensas, desde su fase previa hasta su apogeo, dejó un total de tres mil 27 víctimas, entre ellas más de 400 personas asesinadas, y 500 que tuvieron que abandonar los sitios donde vivían.

El ombudsman subrayó que el Estado no puede de ninguna forma delegar las funciones que le corresponden como es la seguridad, pero también es su responsabilidad las condiciones que de fondo originaron el surgimiento de los grupos armados y el deterioro social.

Las propuestas del informe especial de la CNDH, cuya versión completa será publicada en la página web de ese organismo, incluye 55 propuestas dirigidas  a la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad, el gobierno de Michoacán, los ayuntamientos, el congreso del estado y la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas.

COMISIÓN DE ATENCIÓN VÍCTIMAS ACEPTA LAS PROPUESTAS

Tras la presentación del “Informe Especial Sobre los Grupos de Autodefensa en el Estado de Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto”, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) señaló que acepta y hace suyas la propuestas formuladas por la CNDH.

La CEAV designó al comisionado Adrián Franco Zevada para darle seguimiento al informe, en colaboración con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y con el gobierno de Michoacán.