Señala PAN a PGJE como responsable de filtrar videos

En rueda de prensa, el jefe estatal panista, Miguel Ángel Chávez, señala que tras un cateo en Uruapan la dependencia estatal aseguró decenas de aparatos y memorias electrónicas que tuvo en su poder por tres meses antes de entregarlos a la PGR; advierte que se pretende hacer uso político-electoral de ese material

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Morelia, Michoacán, 01 de octubre de 2014.- El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez Zavala, denunció a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) como la responsable de filtrar videos de figuras públicas, políticos y servidores públicos con líderes de la delincuencia organizada.

Además, en rueda de prensa, advirtió que ese material se ha administrado sistemáticamente y que podría ser utilizado con fines político electorales durante el proceso electoral que está por iniciar.

El jefe estatal panista señaló tener conocimiento de que el 27 de abril de 2014, la Dirección Antisecuestros y Extorsión de la mencionada dependencia estatal realizó un cateo en el domicilio ubicado en Prolongación de la Cima 721, de la colonia Lomas del Valle Sur, en la ciudad de Uruapan, donde logró asegurar decenas de aparatos y memorias electrónicas.

Miguel Ángel Chávez enfatizó que la fecha del mencionado cateo coincide con la exhibición del primer videoescándalo en el que aparece Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, con una figura pública, que se filtró a los medios de comunicación en el mes de mayo.

En el mencionado cateo, abundó el dirigente estatal del PAN, se aseguraron 39 aparatos electrónicos; 14 aparatos celulares; diferentes tarjetas Slim; 20 memorias USB y 4 memoria micro SD. Detalló que las memorias en su conjunto tenían capacidad para almacenar 100 GB de información, que traducidos a video podrían equivaler a 5 mil minutos, es decir, 83.3 horas, o a 100 mil MB, que en Word o Excell equivaldrían a 100 mil documentos.

A pesar de que el cateo en Uruapan se realizó el 27 de abril, abundó Chávez Zavala, la PGJE tuvo en su poder todo ese material durante tres meses, ya que fue hasta el 27 de julio cuando se realizó la orden de intervención por parte del subprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR), cuando por tratarse de delincuencia organizada debió ser remitido de manera inmediata a la autoridad federal.

En torno al exhorto que el titular de la PGJE, José Martín Godoy Castro, hizo recientemente a presidentes municipales y servidores públicos para que denuncien reuniones en las que pudieran haber participado con líderes de la delincuencia organizada, el jefe estatal de Acción Nacional demandó al funcionario estatal que llame a declarar a todos aquellos que aparezcan o hayan sido mencionados en los videos que tiene en su poder.

Miguel Ángel Chávez advirtió sobre la administración dosificada y sistemática de dichos materiales, filtrados a algunos medios de comunicación, lo que preocupa ante la intención de seguirlos utilizando con fines político-electorales durante el proceso electoral que está por iniciar, ante el evidente interés del comisionado nacional, Alfredo Castillo Cervantes por interferir en la vida política de Michoacán.

En torno a las declaraciones del subsecretario de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, sobre que los videos son parte de una estrategia de propaganda de la delincuencia organizada, el dirigente estatal del PAN señaló que eso es tan evidente como lo es también el hecho de que pretenden ser utilizados de manera político electoral por la PGJE y el comisionado nacional.

Cuestionado acerca de la posibilidad de que en los videos eventualmente aparezcan militantes panistas, Chávez Zavala señaló que en caso de que aparezcan el partido apoyará la aplicación de la ley y esperará los resultados de las investigaciones, porque no todos los que sean exhibidos en videos serán responsables, pero también sería ingenuo pensar que todos son inocentes.

Es precisamente por ello, expresó, que se exige al procurador que requiera a declarar a todos aquellos que él mismo ya sabe que aparecen en videos y que se realicen los procesos legales correspondientes, para evitar el chantaje político-electoral con esos materiales.