Valoran diputados imposibilitar al Ejecutivo para objetar cuenta pública

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Entre los asuntos a revisados turnados por esta Legislatura destacan la elevación de 40 a 50 años como pena máxima las condenas privativas de libertad impuestas por delitos considerados graves, haciendo hincapié en el feminicidio

Entre los asuntos a revisados turnados por esta Legislatura destacan la elevación de 40 a 50 años como pena máxima las condenas privativas de libertad impuestas por delitos considerados graves, haciendo hincapié en el feminicidio

Se acordó discutir en el pleno de la LXXIII Legislatura el establecimiento de la imposibilidad del Ejecutivo del estado para hacer observaciones a la fiscalización de la cuenta pública de la Hacienda Estatal, con el fin de propiciar procesos más transparentes en el manejo de los recursos

Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2015.- Hoy, durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales del H. Congreso del Estado de Michoacán, que preside la diputada priísta Rosa María de la Torre; se acordó discutir en el pleno de la LXXIII Legislatura el establecimiento de la imposibilidad del Ejecutivo del estado para hacer observaciones a la fiscalización de la cuenta pública de la Hacienda Estatal, con el fin de propiciar procesos más transparentes en el manejo de los recursos.

La comisión, que está integrada también por los diputados Miguel Ángel Villegas (PAN), Mary Carmen Bernal (PT) y Manuel López (PRD)  dictaminó ha lugar para discusión la edad mínima para elegibilidad en cargos de elección popular que es de 21 actualmente, para que pueda aplicar a partir de los 18 años; así como cambiar de 30 a 25 años la edad mínima para ser gobernador del estado.

Otro de los asuntos dictaminados ha lugar por la comisión, es dotar de mayor autonomía al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado en la designación de sus miembros, dando oportunidad de asignación de tres magistrados por el Congreso del Estado.

La elevación a rango constitucional en Michoacán de la caducidad legislativa y la iniciativa preferente, también se consideraron procedentes para su discusión.

Entre los asuntos a revisados turnados por esta Legislatura destacan la elevación de 40 a 50 años como pena máxima las condenas privativas de libertad impuestas por delitos considerados graves, haciendo hincapié en los delitos de feminicidio.

Además, se discutieron la ampliación del derecho de iniciativa de leyes a los ciudadanos, reconociéndoles las mismas atribuciones que tiene el Congreso del Estado, siempre y cuando se cumpla con el debido proceso; y la obligatoriedad, para todas las dependencias, de establecer criterios de paridad de género. Ambos asuntos fueron dictaminados ha lugar tras su análisis en la comisión.