Con peras y manzanas: ¡Qué pena!
Algunas voces claman por medidas para acabar con el infierno. En el horizonte no hay mucha imaginación y, por eso, como cada cierto número de años, regresa la cavernícola idea de regresar la pena de muerte.
Morelia, Michoacán, 02 de marzo de 2020.- A finales de la década de los noventas, Bogotá experimentaba un escenario de violencia que se había extendido por un lustro, alcanzando una tasa de homicidios de 24.2 por cada 100 mil habitantes. Ante la necesidad de cambio, el Alcalde Mayor, elegido por segunda vez, emprendió una serie de medidas poco ortodoxas destinadas a crear conciencia ciudadana en esa ciudad y consiguió reducir la tasa de homicidios a la mitad en un año. Ese programa descansaba en un mantra que ese político (Antanas Mockus) sigue repitiendo: la vida es sagrada.
En realidad, Mockus no estaba inventado nada, regresaba a los cimientos de la formación del Estado liberal explicados por la teoría de un contrato social: el Estado tiene como principio y límite la protección de las personas y sus derechos, empezando por el cuidado de la propia existencia.
No hace falta señalar que México, y en general América Latina, atraviesan una crisis de violencia muy dolorosa. Como la ha señalado la iniciativa #InstintoDeVida aunque la región sólo tiene el 8% de la población mundial concentra 38% de los asesinatos del mundo.
Desafortunadamente, el clima de violencia parece afianzarse más como regularidad que como anomalía; pero, de vez en cuando, algunos casos lamentables irrumpen en la opinión pública y recuerdan a la sociedad que la violencia que vivimos es inaceptable y que cada vez cobra más vidas inocentes.
En consecuencia, algunas voces claman por medidas para acabar con el infierno. En el horizonte no hay mucha imaginación y, por eso, como cada cierto número de años, regresa la cavernícola idea de regresar la pena de muerte.
No me extenderé sobre las consecuencias negativas del populismo penal (proponer medidas de mayor punibilidad y severidad para, supuestamente, reducir los delitos), ni sobre la imposibilidad del país para volver a aplicar la pena de muerte, acorde a lo firmado en el Pacto de San José en 1969.
No obstante, el regreso de este debate es una excelente oportunidad para exhibir la incongruencia de muchos de los actores políticos que protagonizan la escena en México. A los que, por “ideología” o “historia”, más les valdría pensar dos veces las cosas que dicen, aquí algunos ejemplos:
Panistas: Los Senadores Guillermo Kuri y Víctor Fuentes Solís se pronunciaron a “favor de abrir el debate” sobre pena de muerte, en razón de un contexto que requiere “penas ejemplares”. Valdría la pena que estos panistas leyeran sus “Principios de doctrina” del año 2002, en el que hacen énfasis en la protección de la vida y dignidad del ser humano.
El arzobispo Garfías: quien aseguró que, aunque la pena de muerte sería una medida en extremo, podría evitar que otros sigan delinquiendo. Es, al menos extraño que, mientras el Papa Francisco se ha pronunciado abiertamente por la abolición de la pena de muerte en todo el mundo, la Iglesia en Morelia esté tan dispuesta a responder al sentir popular, ¿será así en otros aspectos?
Morena: Junto a sus flamantes nuevos aliados del Partido Verde, que no es la primera vez que lo promueven, cinco diputados del partido más votado en México están proponiendo la pena de muerte, específicamente para los casos de feminicidio. Parece paradójico que miembros del partido vencedor en 2018, en gran medida porque prometió acabar con la violencia que azotaba al país, sostengan que la manera de hacerlo es precisamente con más sangre, en este caso avalada por un sistema de procuración y administración de justicia endeble.
En síntesis, la pena de muerte no tiene cabida en un Estado democrático comprometido con la defensa de los Derechos Humanos, no sólo por la incompatibilidad de la medida con los instrumentos internacionales firmados por el país sino por el propio estado del sistema de justicia del país que, al día de hoy, mantiene a muchos inocentes condenados a penas de prisión y a no pocos culpables en las calles.
Lo de la pena de muerte no es sino una estratagema de los actores políticos, de todos los colores e instituciones, para intentar aprovecharse del humor social y fingir una ocupación por un problema verdaderamente grave. ¿Las políticas públicas radicales y de largo aliento? ¡Bien, gracias!
¡Con la pena!
