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Coordinación en seguridad no puede estar sujeta a capricho político: Antonio Soto

La profunda crisis de inseguridad que se viven en el país, no puede permitir el lujo de que la Federación escatime coordinación con los estados de la República, señaló el coordinador del PRD en el Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán, 25 de septiembre de 2020.- La coordinación en materia de seguridad entre los diferentes órdenes de gobierno no puede estar sujeta a capricho político, es una responsabilidad constitucional que toda autoridad está obligada a cumplir, recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán.

El legislador subrayó que la profunda crisis de inseguridad que se viven en el país, no puede permitir el lujo de que la Federación escatime en la coordinación con los estados de la República, pues ello afecta toda posibilidad de éxito o avance para combatir la comisión de delitos.

Calificó como más que atinado el llamado que realizó la Alianza Federalista de gobernadores, acerca de que la desarticulación de esfuerzos sólo beneficia a la delincuencia organizada, debilitando a la sociedad.

“Lo ocurrido en Chihuahua es un llamado de alerta, y una situación de enorme preocupación, ya que implica la determinación unilateral del Gobierno Federal de romper con las autoridades estatales en el combate coordinador a la inseguridad, lo que puede ser el inicio de una escalada que se replique en otros estados de la República”.

Antonio Soto apuntó que ningún orden de gobierno puede enfrentar por sí solo, el enorme flagelo delictivo que azota al país, y el apostar por la división de esfuerzos implica una abdicación tácita al mandato constitucional, afectando los derechos de las y los mexicanos para vivir y desarrollarse en paz.

Consideró que en la medida en que las determinaciones del más alto nivel en México se estén tomando bajo un criterio de revanchismo político, nuestro país se verá envuelto en una espiral descendente en materia de derechos y en el cumplimiento de las responsabilidades legales de toda autoridad.

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