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De Primera Mano… Del sospechosismo al terrorismo fiscal

¡Sorpresa! Una “sospecha” de la autoridad fiscal sobre facturación falsa te puede llevar a ser investigado como parte de la “delincuencia organizada” y de ahí a la extinción de dominio, para que antes de que demuestres tu inocencia el gobierno te despoje de tus bienes

Morelia, Michoacán, 12 de septiembre de 2019.- Habrá quienes aporten mayores datos sobre el tema, pero lo cierto es que preocupan las nuevas disposiciones legales, unas en marcha y otras en curso de ser aprobadas, que han sido impulsadas desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su brazo, el Morena.

Con la propuesta de Paquete Económico 2020 presentada por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, ante la Cámara de Diputados, vienen una serie de medidas tendientes a incrementar la recaudación, ahora a través de las ventas por plataformas digitales y por catálogo.

Lo anterior es ya de por sí preocupante para quienes se allegan de un ingreso extra a través de esos mecanismos, pero algo más relevante ocurrió recientemente en el Senado de la República, donde por “mayoriteo”, la Cuarta Transformación y sus aliados de ocasión aprobaron en lo general las reformas tendientes a tipificar como “delincuencia organizada” la defraudación fiscal, particularmente al criminalizar a no sólo a quienes emitan, sino también a quienes reciban facturación falsa.

Ya lo han dicho de mejor manera senadores de oposición encabezados por los coordinadores parlamentarios del PAN, Mauricio Kuri González, y del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, pero establecen en pocas palabras que la “ambigüedad” (que seguramente no es casual) en dos de los artículos reformados abre la posibilidad de que se trate como miembro de la delincuencia organizada a cualquier contribuyente -no sólo a los grandes empresarios-.

Y es que en aquellos casos donde la SHCP, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), diga tener la “sospecha” de que está realizando operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, al contribuyente se le tratará como si fuera el peor de los criminales e incluso se le podrá imponer prisión preventiva de oficio “en lo que averiguan”.

Pero eso no es lo peor. Debemos recordar que hace unas semanas entró en vigor la nueva Ley de Extinción de Dominio, que casualmente también contiene similares “ambigüedades”, donde se prevé que cuando a algún “sospechoso” se le investigue por delincuencia organizada se le podrán incautar y rematar sus bienes, “en lo que averiguan” si la acusación es verdadera o falsa. 

Es decir, no es necesario que el imputado sea sentenciado por un juez o un tribunal para que se le quiten sus propiedades.

No estoy suponiendo, ya se dio el primer caso, donde el gobierno de López Obrador remató la casa del famoso empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, quien aún no ha sido sentenciado y cuya propiedad seguía en litigio.

¡Sorpresa! Entonces una “sospecha” de la autoridad fiscal sobre facturación falsa u operaciones simuladas te puede llevar a ser investigado como parte de la “delincuencia organizada” y de ahí a la extinción de dominio, para que antes de que demuestres tu inocencia el gobierno te despoje de tus bienes.

Son justificadas entonces las preocupaciones de aquellos empresarios y políticos que han alzado la voz para manifestar los grandes riesgos económicos y sociales que implican esas medidas en las que deliberadamente se han dejado artículos, párrafos y frases con lagunas y ambiguas.

Pero como ellos no se han atrevido a decirlo, lo voy a decir yo: También existe un enorme riesgo de que las nuevas herramientas legales sean utilizadas con fines políticos, para con base en supuestas “sospechas” atacar a cualquier persona que sea considerada como “incómoda” o “enemiga” de un régimen que ha demostrado hasta el hartazgo su intolerancia a la crítica.

A algunos no les va a gustar lo que voy a señalar, pero algo similar ya pasó en Venezuela durante la dictadura de Hugo Chávez, donde muchos de los más fuertes opositores fueron despojados con acusaciones falsas y sus bienes se repartieron entre el gobierno y “el pueblo bueno y sabio”.

Por algo es que habemos quienes pensamos que el término “terrorismo fiscal” para hacer referencia a algunas de las nuevas leyes de la Cuarta Transformación nunca había sido mejor empleado en México.

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