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De Primera Mano… Presupuestos y política

En su denodado interés político por ahorcar a Silvano, Morena asfixia a Michoacán y a sus habitantes; una vez más, los intereses políticos están por encima del interés general de la población

Morelia, Michoacán, 30 de diciembre de 2019.- Ya vimos hace algunas semanas cómo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 se privilegiaron los intereses políticos por encima de la lógica y del supuesto interés superior de la Nación.

Ahora, en plena discusión del Paquete Económico 2020 para Michoacán, estamos viendo lo mismo, pero en un contexto distinto.

En su denodado interés político por ahorcar a un gobierno de oposición, como el de Silvano Aureoles Conejo (PRD), los liderazgos y legisladores del Morena hacen todo por asfixiar a Michoacán y a sus habitantes.

Una vez más, los intereses políticos están por encima del interés general de la población, como ha ocurrido con la inmensa mayoría de las nuevas leyes y reformas legales que se han hecho tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso del Estado de Michoacán, sólo por citar dos ejemplos.

Al proyecto político del Morena en Michoacán -encabezado hasta ahora formalmente por Sergio Pimentel Mendoza– ya no le bastan los recortes presupuestales federales con los cuales por segundo año consecutivo castigaron a estas tierras michoacanas, ni la eliminación de los nuevos impuestos en la Ley de Ingresos.

Tampoco se conforman con que después de un año de venir pateando el bote con el tema de la federalización de la nómina educativa, ya se han quedado con la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).

Ahora van por más.

Por eso, vemos a políticas ex perredistas como la diputada Cristina Portillo Ayala, criticando al gobierno estatal obeso, siendo que el periodo de mayor crecimiento de la nómina estatal fue el que gobernaron tanto su patrón Leonel Godoy Rangel, así como Lázaro Cárdenas Batel, quienes casualmente ahora también forman parte del Morena. Y siendo del dominio público que ella contribuyó con su sangre a engrosar la nómina del propio Congreso del Estado.

Ah, pero cuando el gobernador Silvano Aureoles pretende desaparecer a la Junta de Caminos para reducir costos a la administración estatal, los diputados morenistas, encabezados por la también ex perredista, Sandra Luz Valencia, también ponen el grito en el cielo y se oponen a dicha medida.

Continuamente vemos a los diputados del Morena que el gobierno estatal haga más con menos, pero al mismo tiempo aplauden los jugosos incrementos en las partidas federales para los programas político-clientelares del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo que realmente ocurre ya lo dije al principio, al proyecto político del Morena le interesa ahorcar al gobierno de Silvano Aureoles, sin importar que se lleven entre las patas a los michoacanos.

Cualquier intento de incrementar la recaudación para cumplir con los compromisos del gobierno estatal, como es el caso de los nuevos impuestos -justificados o no-, es combatido ferozmente por estos personajes de la Cuarta Transformación.

Y, por supuesto, lo mismo ocurre con el tema del financiamiento que Aureoles Conejo ha planteado por 4 mil millones de pesos para “inversión pública productiva”, pues para ellos representa el riesgo de que el gobernador perredista deje obra y mejore la etapa final de su mandato, ya con las próximas elecciones cerca.

Está claro -pues no nos chupamos el dedo- que una correcta aplicación de los recursos que se podrían obtener por esa vía podría reactivar la economía y al mismo tiempo traerle dividendos políticos al gobierno saliente.

Pero si los dirigentes y los diputados del Morena realmente quieren a Michoacán deberían dejar para segundo término sus intereses políticos y darle prioridad a resolver los grandes y graves problemas del estado, algunos de ellos provocados o agudizados por aquellos que ahora ellos tienen entre sus filas.

Que analicen, que argumenten, que debatan y que voten como quieran, pero si a medio año el Gobierno de Michoacán se queda sin recursos para atender sus más básicos compromisos, que también a ellos se les pidan cuentas.

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