El Derecho a la Ciudad: Migración, la adyacencia de las diferencias
La frontera México-Estados Unidos se ha globalizado ante la llegada de inmigrantes centro y sudamericanos, africanos, haitianos, cubanos, etc., cuya diversidad pasa a un segundo término ante la cantidad de personas
Morelia, Michoacán, 26 de febrero de 2023.- La frontera norte de nuestro país es considerada única en el mundo, por su extensión y permeabilidad, dado el intercambio diario de personas y mercancías. Sin embargo, la naturaleza propia de la dinámica fronteriza es muy particular debido a que en un mismo territorio se contrastan las culturas anglosajona y latina. Pero ahora, esta frontera México-Estados Unidos se ha globalizado ante la llegada de inmigrantes centro y sudamericanos, africanos, haitianos, cubanos, etc., cuya diversidad pasa a un segundo término ante la cantidad de personas.
El pasado 20 de septiembre destacó la noticia de que la empresa Ferromex había decidido detener temporalmente 60 trenes con destino a la frontera norte de nuestro país, como medida ante el “notable incremento de personas migrantes concentradas en diversas regiones del país, y el severo riesgo que representa para la integridad de ellas la utilización de trenes de carga para transportarse”. La detención de los trenes suena más a una estrategia para retardar la llegada de miles de migrantes a la frontera y no para garantizar su seguridad. Declaraciones de inmigrantes venezolanos relatan que cruzar la selva de Darién en la frontera entre Colombia y Panamá representa menos riesgo que su travesía por nuestro país.
En cualesquiera de los dos casos, la imagen publicada por diversos medios de comunicación nos recuerda a escenas de la India, África, pero nunca vistas en México. Permite dimensionar que ya no se trata de una diferencia adyacente entre dos países, sino entre varios países de un mismo continente. Las cifras mencionadas por la empresa ferroviaria refieren que, en los carros de ferrocarril e instalaciones ferroviarias en Torreón, Coahuila, se encuentran más de 1,500 personas; en Irapuato, Guanajuato, más de 800; en San Francisco, Aguascalientes, alrededor de mil, y entre Chihuahua y Ciudad Juárez, más de mil personas.
Las declaraciones de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la ONU fueron contundentes: “Tenemos un problema serio de migración…, son seis mil los que están llegando al día a la frontera sur y ocho mil a la frontera con Estados Unidos, aunque ayer llegaron 11 mil”. Estos miles de migrantes se han acumulado en las ciudades fronterizas, tan sólo en la primera quincena del presente mes de septiembre, las autoridades fronterizas estadounidenses contabilizaron más de 142 mil migrantes.
Si bien, se puede considerar que los poco menos de 3,200 kilómetros son compartidos por dos países (México y Estados Unidos), la situación no resulta tan simple en la dimensión estatal, pues del lado estadounidense hay cuatro estados fronterizos (California, Arizona, Nuevo México y Texas), y del lado mexicano seis: (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas). La situación se vuelve compleja en la escala de Condados, son 23 al norte de la frontera y 38 municipios del lado mexicano.
Para comprender la complejidad de la problemática actual ligada a la migración es preciso considerar la perspectiva territorial y la estructura administrativa que sobre ella gravita. Me refiero a la diferencia abismal existente entre las facultades y atribuciones de los condados y las concernientes a los municipios.
El centralismo característico del sistema en México propicia que las decisiones sobre la política migratoria y de población sean del ámbito federal, y eso implica que los impactos que ocasionan la permanencia de los migrantes en los municipios fronterizos tienen que ser resueltos por el gobierno federal. Sin embargo, los municipios deben recurrir a los gobiernos estatales para recibir apoyo no sólo económico, sino por falta de atribuciones de la esfera municipal.
En contraposición, en el país del norte, tan sólo el 3% de sus ingresos totales provienen del gobierno federal, 33% de los estados y 67% corresponde a ingresos propios, situación que les confiere una verdadera autonomía. Además, cada estado tiene distintos niveles de organización y otorga a cada condado competencias dependiendo de su legislación. La Enmienda X de la Constitución de los Estados Unidos de América marca el precepto de que “Las facultades que esta Constitución no delegue a los Estados Unidos, ni prohíba a los estados, quedan reservadas a los estados respectivamente o al pueblo”. De esta forma se comprende que las atribuciones de los gobiernos estatales son más que la de la esfera federal e indefinidas. En consecuencia, el sistema estadounidense confiere a los condados más atribuciones y poder de decisión que los que disfrutan los municipios en México, de forma similar los estados norteamericanos que los mexicanos. De ahí que existan diferencias en la interacción transfronteriza, no es igual la frontera con Arizona o Nuevo México, más aún, con Texas conservador por excelencia que, con California, estado progresista por excelencia, y por eso es considerado un estado “santuario” para migrantes.
Bajo el escenario descrito, los acuerdos entre autoridades de ambos países resultan por demás complejo, a manera de ejemplo baste señalar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) urgió a las autoridades locales de Estados Unidos evitar medidas unilaterales, como los cierres unilaterales de puentes y cruces en la frontera, que en lugar de abonar a la pronta solución de por el aumento significativo de flujos migratorios, sólo promueven mayores complicaciones.
Estas declaraciones representan un diálogo entre el gobierno federal mexicano y el estatal de Texas. De igual manera, las declaraciones y buena voluntad del presidente estadounidense se ven obstaculizadas por las decisiones políticas de los gobernadores fronterizos y las autoridades de los condados.
Mientras tanto, los presidentes municipales de Tijuana, en Baja California; Juárez, Chihuahua; Acuña y Piedras Negras, Coahuila, y Matamoros y Río Bravo, en Tamaulipas, se encuentran rebasados en su capacidad de ayuda, sin atribuciones que les permitan hacer frente a la problemática migratoria, mientras que la Secretaría de Gobierno calificó esta problemática como una “llegada atípica” de migrantes.
