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En Público: Más deuda para Michoacán, ¿quién la pagará?

La situación crítica del estado en materia financiera ha obligado al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla a contraer más deuda pública para el pago de la nómina estatal

Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2021.- La situación crítica del estado en materia financiera ha obligado al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla a contraer más deuda pública para el pago de la nómina estatal, según revelaciones hechas en conferencia de prensa este pasado lunes 18 de octubre. 

De acuerdo con declaraciones del secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, la entidad tuvo que contratar una línea de crédito por un total de 1 mil 400 millones de pesos, aunque de momento únicamente ha hecho uso de 396 millones. 

Si bien refirió que la comisión por apertura del crédito a corto plazo -un año- fue de cero por ciento, habrá que ver con qué institución se contrató -al parecer Banorte-, si se cumplió con los requisitos establecidos por la norma, así como las condiciones generales y las letras chiquitas, lo cual seguramente será seguido muy de cerca por integrantes de la oposición, algunos únicamente interesados en ver fallar al gobierno de la 4T. Por lo pronto, la deuda se incrementa. 

En vísperas de que el Ejecutivo remita a las y los diputados locales el paquete fiscal, con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2022, se le presenta a Ramírez Bedolla la gran oportunidad de demostrar austeridad y de ir a fondo para poner orden al desastre financiero. Aquí estará a prueba su convicción transformadora. 

Claro, lo más fácil es que la deuda y el desaseo financiero de años lo paguen las y los michoacanos a través de mecanismos grotescos como los famosos reemplacamientos, impuestos, multas o alza a los deficientes servicios públicos, licencias, verificación vehicular, actas de nacimiento y cualquier otra vía que permita la captación de ingresos. A final de cuentas, que la población pague los platos rotos. 

Eh ahí el dilema y el gran parteaguas para el gobierno de Morena. ¿Veremos lo mismo o habrá un cambio de modelo? 

¿Podrán Ramírez Bedolla y su equipo ir al rescate de Michoacán para diagnosticar, primero, qué tan obeso y costoso es el aparato de gobierno y, segundo, llevar a la práctica auditorías reales, junto con el fincamiento de responsabilidades administrativas o penales en caso de desvíos o malos manejos del erario, para la recuperación del dinero y bienes públicos?

Sería saludable que estuviera a la altura de las circunstancias y, si no por convicción, sí por necesidad, instrumente una austeridad auténtica, acompañada de acciones encaminadas a recuperar cualquier recurso desviado o sustraído de la hacienda pública, aun cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) se decantara por defender los intereses silvanistas. 

Frente a la brecha salarial en la entidad, siguen siendo insultantes los altos sueldos de muchos funcionarios. Así, se tiene que por ejemplo el presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) cuenta con un sueldo mensual bruto de 141 mil pesos, mientras que los otros seis consejeros perciben mensualmente 113 mil pesos. Eso en teoría, pues habría que cruzar dicha información con los recibos que asienten la transferencia real de recursos. 

El expresidente del IEM Ramón Hernández Reyes siempre se opuso a que se publicara la información real y ejerció violencia laboral contra el área de Transparencia, ya que esta nunca accedió a falsear la información, pero la violencia y el chantaje fueron un ejercicio cotidiano de quien ahora pretende ser magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). 

Además, hay que sumar a las onerosas percepciones los ofensivos privilegios que la clase política dorada en Michoacán disfruta a costa de la gente: vehículos oficiales, chofer, gastos de representación, pago de gasolina, telefonía celular, seguro de vida, de gastos médicos mayores, bonos y liquidaciones, entre otras, frente a una Auditoría Superior de Michoacán (ASM) que parece ineficiente y secuestrada por los propios partidos políticos.  

Incluso el sueldo de dichos funcionarios contrasta con el salario mensual bruto que en teoría se da al puesto de gobernador, de 102 mil pesos, según la página de Transparencia del Poder Ejecutivo. 

¿Podrá Ramírez Bedolla convencer a toda esa burocracia dorada de disminuir sus gravosas percepciones y ofensivos privilegios o mirará hacia otro lado mientras todo sigue igual? Tiene la gran oportunidad histórica en sus manos. 

El pasado 16 de octubre Ramírez Bedolla declaró que “los lujos, los privilegios y el derroche quedaron en el pasado”. Eso está por verse. 

Denuncias, aportaciones y réplicas: sergiotdpersonal@gmail.com

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