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GPPRI condena persecución del gobierno de Morena contra Antorcha Campesina

Los ataques enfocados a los diputados federales del PRI, integrantes del Movimiento Antorchista, violentan el Estado de Derecho, afectan el debido proceso y lastiman la libertad política, acusan

Morelia, Michoacán, 21 de agosto de 2020.- Según comunicado de prensa: Ante la cercanía del Movimiento Antorchista con el pueblo y dado su constante trabajo para mejorar las condiciones de vida de quienes más ayuda necesitan frente a la desastrosa pandemia COVID-19, el gobierno de Morena reacciona con amenazas, injusticias y violaciones a los derechos humanos. Nuestro mensaje es claro, si no ayudan al pueblo, al menos dejen de estorbar.

Los ataques enfocados a los Diputados Federales del PRI, integrantes del Movimiento Antorchista, Brasil Alberto Acosta Peña, Luis Eleusis Córdova Morán y Lenin Nelson Campos Córdova, violentan el Estado de Derecho, afectan el debido proceso y lastiman la libertad política.

Rechazamos que a solicitud del gobierno de Puebla les sean bloqueadas sus cuentas bancarias, sin explicación, fundamento legal o motivación jurídica algunas, mediante procesos discrecionales que han sido señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como inconstitucionales.

La ley nunca se debe torcer para saldar diferencias políticas, por lo que exigimos se respete el derecho de audiencia, cesen las filtraciones facciosas y se haga valer la presunción de inocencia de todos los integrantes del Movimiento Antorchista.

La Suprema Corte ha establecido con puntualidad los requisitos para congelar las cuentas bancarias. En este caso, no se acredita ninguno de ellos.

Las instituciones deben conducirse con pleno respeto a la Ley, por eso condenamos cualquier intento de callar voces críticas en nuestra democracia.

Los actos de intimidación y violencia contra los integrantes de Antorcha Campesina no tendrán éxito porque son contrarios a la Constitución y a la vida democrática del estado de Puebla, de Michoacán y de todo el país.

Hacemos el más enérgico llamado para que el Gobierno de Puebla sea un garante del Estado de Derecho y deje atrás sus acciones facciosas, que mucho lo reducen.

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