Hay orden de aprehensión contra directivo del CESIR; lo acusan de fraude
17 personas agraviadas señala que en entre enero y junio del 2015 fueron presuntamente defraudadas en el Centro de Estudios con sede en Tlalpujahua al no recibir su documentación oficial que acreditaba su conclusión de estudios
Tlalpujahua, Michoacán, 28 de agosto de 2019.- Luego de dos años de que padres de familia y ex alumnos del Centro de Estudios Superiores “Ignacio López Rayón” de Tlalpujahua denunciaran por la vía penal a los directivos, por no recibir su documentación oficial que acreditaba su conclusión de estudios, el pasado 1 de febrero del presente año, un Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, del Poder Judicial de Michoacán, Región Zitácuaro decretó orden de aprehensión contra Juan J. M, por el agravio presuntamente a 17 personas.
Según consta en la Causa Penal 158/ 2019- Oficio 205 firmado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial de Michoacán, Región Zitácuaro resolvió la orden de aprehensión en contra de Juan. J. M por los hechos ocurridos entre los meses de enero y junio del 2015, en el Cuartel Segundo de la Tenencia de San Francisco de los Reyes del municipio de Tlalpujahua.
En el documento, el cual tuvo acceso ATIEMPO (www.atiempo.mx), su portal de noticias y denuncias por internet, se conoció que “…Se acreditó de manera razonable que Juan J. M., probablemente realizó estos hechos como autor en términos de los artículos 24 fracción II, de carácter doloso conforme a lo establecido en el artículo 20, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán”.
En el apartado 4, señala que ante el peligro de sustracción de la acción de la justicia, “virtud de que el hecho amerita prisión preventiva oficiosa de conformidad con el ordinal 19 constitucional, en vinculación al 167 de Código Nacional en comento, además por la penalidad que en caso se pueda imponer, conforme a los numerales invocados, por ende, se concedió orden de aprehensión en su contra…”.
Por último, en el apartado 5 indica: “La ejecución de la orden de aprehensión deberá realizarse conforme a los parámetros establecidos en el artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, los agentes de la policía que la ejecuten deberá poner al detenido inmediatamente a disposición de la autoridad jurisdiccional en un área distinta a la destinada a la prisión preventiva, deberán de informar del lugar, fecha, y hora de la ejecución, deberán entregar copia de la orden de aprehensión (puntos) al detenido e informar de inmediato al agente del ministerio público para que pueda solicitar audiencia de formulación de imputación, previniendo al agente del ministerio público sea garante al momento de la detención del imputado sobre la violación de derechos humanos”.
Antecedentes
Cabe recordar que el 06 de junio de 2017, padres de familia y ex alumnos del Centro de Estudios Superiores “Ignacio López Rayón” de Tlalpujahua denunciaron penalmente a los directivos de esta institución educativa, debido que no han recibido, desde hace tres años, su documentación oficial que acredita su conclusión de estudios de las carreras de Derecho, Contabilidad y Administración Informática.
En aquella ocasión, las autoridades educativas del Estado de Michoacán, a través del oficio SEMSS/DES/DP/1143/2016, firmado por la Lic. Lucila Martínez Manríquez comunicaron que “La Secretaría de Educación otorgó el Reconocimiento de validez oficial de Estudios, de las licenciaturas de Derechos, Administración de Empresas, Contaduría Pública e Ingeniería en Sistemas Computacionales, no encontrándose antecedente que dicha institución cuente con registro ante la Dirección General de Profesionales, por lo que puede expedir los títulos, pero no así tramitar cédula profesional”.
Por tal motivo, los afectados interpusieron una denuncia penal en contra de los directivos y dueños del Centro de Estudios Superiores “Ignacio López Rayón” (CESIR), debido a que presuntamente, sumado a los gastos personales por el tiempo perdido, tuvieron que desembolsar cada uno, alrededor de 20 mil pesos para dicho trámite, mismo que nunca tuvieron respuesta.
En aquella ocasión, el representante legal Octavio Martínez Camacho informó que éste se seguiría hasta las ultimas consecuencias, tras asegurar que el número de víctimas pudiera aumentar.
La denuncia originalmente publicada en este medio puede consultarse en el siguiente link:
Denuncian gran fraude en Centro de Estudios Superiores de Tlalpujahua
