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Se cumplen 195 años de la muerte de Iturbide, el verdadero Padre de la Patria

El libertador de México fue condenado a muerte en su ausencia; cuando regresó al país para ofrecer sus servicios ante el peligro de una invasión, fue apresado y fusilado; aquí la historia real, la que nos ocultan y no nos cuentan en la escuela

Ciudad de México, 19 de julio de 2019.- “Iturbide cometió el crimen de ser grande” y seis balas de un pelotón de fusilamiento terminaron con su vida un día como hoy pero de hace 195 años, luego de que se hiciera efectivo “un decreto ad terrorem” que ni el propio Congreso que lo había redactado consideraba que algún día sería aplicado.

Atacado por la «historia oficial»

Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu, conocido como Agustín de Iturbide o Agustín I fue un militar y político, el verdadero Padre de la Patria, pues fue quien realmente hizo posible la Independencia de México.

Nació el 27 de septiembre de 1783 en Valladolid, hoy Morelia, y la historia oficial lo ha descalificado y ha pretendido borrarlo de la historia, minimizando su papel en la Independencia de México desde los libros de texto en las escuelas.

Hoy, en su ciudad natal, Morelia, no existe un sólo monumento en su honor, ninguna placa conmemorativa en la que fue su casa natal, ningún festejo en su nombre, sólo una calle perdida en una colonia al sur de la ciudad.

Su muerte, por querer defender a México

Según publicó hace 5 años el diario “Excélsior”, de acuerdo con el historiador Luis Reed, cinco días antes de su asesinato, Agustín de Iturbide arribó al puerto de Soto la Marina, Tamaulipas, proveniente de Europa tras un exilio de poco más de un año, “ignorando por completo el parricida decreto” que los legisladores mexicanos habían promulgado en su ausencia con el fin de evitar que el consumador de la Independencia retornara a territorio nacional.

El objetivo de Agustín de Iturbide al regresar al país era ofrecer sus servicios a las autoridades mexicanas ante el peligro de una invasión por parte de la Santa Alianza, la cual pretendía reconquistar México.

A bordo del bergantín inglés Spring y acompañado por su esposa embarazada, sus dos hijos menores, un sobrino y el teniente polaco Beneski, Iturbide regresó a su patria el 14 de julio de 1824. Al enterarse del arribo, en los alrededores del puerto, el comandante militar de la región Felipe de la Garza fue el encargado de custodiarlo e informarle su situación jurídica mientras se decidía cuál sería su futuro.

Se le comunicó que, de acuerdo con un decreto del Congreso, debía ser pasado por las armas inmediatamente; sin embargo, El Dragón de Fierro -como era conocido por su habilidad para montar- convenció a De la Garza de suspender la ejecución y viajar a la localidad de Padilla para dialogar con los legisladores locales.

De camino a la villa de Padilla el 17 de julio, Iturbide y Felipe de la Garza estuvieron conversando; tras una larga plática, éste lo reconoció como generalísimo, le devolvió su espada y lo dejó al mando de la tropa.

“El decreto del 28 de abril de 1824 impulsado por el Poder Legislativo y avalado por el Ejecutivo, declaraba traidor y fuera de la Ley a Iturbide, siempre que se presentara bajo cualquier título en algún punto del territorio mexicano; también fue declarado enemigo público del Estado».

“De la Garza hizo notar a sus soldados que Iturbide no estaba en condición de sufrir la pena decretada por una ley que ignoraba, pero el Congreso, sordo a cualquier argumentación, condenó a muerte a don Agustín”, explicó Reed Torres.

Condena sin sustento jurídico

Según especialistas en derecho como Silvia Martínez del Campo, el decreto de condena no resiste el menor análisis jurídico, dado que se condicionó la conducta de traición al hecho de que Iturbide se presentase en el país, hecho que de ninguna manera y bajo ningún régimen constitucional puede estimarse por como un acto constitutivo de un delito.

“Nunca se especificó la pena, en el decreto estaba implícita la de muerte; violentando de esta forma la naturaleza misma del derecho penal que precisamente establece penas para delitos. Así lo interpretarían todos, y principalmente Felipe de la Garza, al darle muerte poco después de haber pisado suelo mexicano, y el Congreso de Tamaulipas al negarse a oírlo y seguirle un juicio. Esta ley fue utilizada para legalizar un asesinato”, consideró Del Campo Rangel en su estudio El proceso contra Agustín de Iturbide.

El día 18 el Congreso de Tamaulipas, tras ser informado por De la Garza sobre la llegada de Iturbide, se reunió en sesión extraordinaria y concluyó que debía aplicarse de inmediato el decreto de proscripción, violando los derechos de cualquier reo para poder ser escuchado y defendido en juicio.

A minutos de llegar a Padilla, De la Garza comunicó al ex emperador que era mejor que se presentara arrestado ante el Congreso, propuesta que Iturbide aceptó con la plena confianza de que sería escuchado y sin saber que el comandante militar de la región ya conocía el criterio de los legisladores.

Congreso, “sin valor”

Martínez del Campo Rangel detalla en su estudio que se realizó una sesión extraordinaria el día 18 de julio y luego se efectuaron otras tres el día 19, “en ninguna de las cuales se quiso oír a Agustín de Iturbide, lo que hubiera podido salvar un poco el honor de un Congreso que no tuvo ni siquiera el valor de escucharlo en juicio, para deliberar y llegar a una sentencia justa”.

Historiadores consultados por Excélsior aseguran que el temor a la popularidad de Iturbide y a la simpatía que gozaba entre la población mexicana, provocó que no quisieran escucharlo y lo condenaran “a toda prisa” a la pena de muerte para ese mismo 19 de julio de 1824.

Para el investigador Enrique Sada, la prisa por asesinarlo podría deberse a que el Congreso tamaulipeco quería evitar que la población y sus partidarios tuvieran conocimiento sobre el regreso del militar, buscaran la forma de impedir su muerte y se levantaran en armas.

“El decreto estaba hecho para evitar que Iturbide regresara y que sus partidarios revirtieran el régimen republicano, los propios diputados declararon que fue un decreto hecho estúpidamente y sólo para amedrentar. Sin embargo, los legisladores tamaulipecos, por miedo a un levantamiento popular que liberara a Iturbide y que lo pudiera llevar de Tamaulipas a la Ciudad de México, aceleraron su asesinato”, expuso Sada Sandoval.

Mientras aguardaba la respuesta del Congreso de Tamaulipas, en su encierro a unos cuantos metros de la plaza principal de Padilla, Iturbide se dedicó a redactar diversas cartas dirigidas a su esposa e hijos con el objetivo de despedirse y también envió una misiva a los legisladores tratando de conocer las razones por las cuales querían matarlo.

“Iturbide escribió el mismo día de su muerte una exposición al Congreso en la que preguntaba cuál crimen o delito había cometido para hacerse acreedor a tan inhumano decreto y luego enumeró sus servicios prestados al país e inquiría por cuál de ellos se le condenaba”, relató por su parte Reed Torres.

La carta escrita por Iturbide decía lo siguiente: “Mi muerte es ya inevitable, y sería en vano ya manifestar las sanas intenciones que me condujeron a prestar mis pequeños servicios. Nunca he sido traidor. Con asombro he sabido que vuestra soberanía me ha proscrito y declarado fuera de la ley circulando el decreto para los efectos consiguientes. Tal resolución me hace recorrer cuidadosamente mi conducta. No encuentro, señores, cuál o cuáles son los crímenes por los que el soberano Congreso me ha condenado”.

Una vez finalizada la tercera sesión extraordinaria del 19 de julio y conociendo la sentencia del Congreso, Agustín de Iturbide pidió que se le permitiera escuchar misa y confesarse antes de morir, pero le fueron negados estos deseos y se le informó que sería ejecutado tres horas más tarde mediante fusilamiento y no por decapitación como algunos legisladores habían propuesto previamente.

“El miedo los obligó a actuar rápido, para consumar un acto que a todas luces era falto de toda justicia y juridicidad. La ejecución se quiso legitimar aún más, promulgando al día siguiente un decreto por el que se declaró benemérito del estado a Felipe de la Garza, superando de esta manera cualquier suspicacia que pudiera haber habido por el hecho de haberle entregado el mando de la tropa a Iturbide días atrás”, explica Silvia Martínez.

A las tres de la tarde del 19 de julio se leyó la sentencia condenatoria aprobada por la mayoría y que establecía: “Reunidos los S.S. diputados en el salón de sesiones, para dar cumplidamente de lleno, al espíritu de la ley de proscripción contra el ex-emperador Don Agustín de Iturbide, por traidor a su patria, se decreta, sin comisión, la pena de muerte. Que se haga efectiva esta suprema ley, dentro de tres horas. Padilla en la Plaza Principal. Dios y Constitución”.

Minutos antes de las 18:00 horas, Iturbide fue conducido a la plaza principal de Padilla y, al llegar al sitio de la ejecución, entregó al sacerdote que lo acompañaba el reloj y el rosario que portaba y luego repartió unas monedas de oro entre los soldados que iban a fusilarlo.

Luego se dirigió a las personas que se habían congregado en la plaza y les recomendó mantenerse unidos como mexicanos, amar a la patria, seguir los lineamientos de la religión católica y obedecer los mandatos de las autoridades.

“¡Mexicanos!, en el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión; ella es quien os ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros, y muero gustoso, porque muero entre vosotros: muero con honor, no como traidor; no quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha: no soy traidor, no”, exclamó antes de morir.

Seis balas

Habían pasado apenas tres horas desde que el Congreso determinó que el consumador de la Independencia debía ser ejecutado. Tras orar unos cuantos segundos, Iturbide se paró frente al pelotón, el comandante dio la orden de fuego y seis balas se introdujeron en el cuerpo de quien en 1821 había redactado el Plan de Iguala para declarar la independencia de nuestro país.

“Tras la muerte de Iturbide, y luego de que la noticia llegara a la capital del país, provocó el luto nacional tanto en la clase política como en la población en general, pues él era considerado no sólo el libertador, sino también era conocido como el Padre de la Patria y autor de la bandera nacional».

“Los mismos diputados que hicieron ese decreto mostraron caras largas e impresión al enterarse del fusilamiento, pues nunca imaginaron que aquel decreto aprobado cuatro meses atrás será hecho efectivo en algún momento, pues la intención sólo era amedrentar a Iturbide y a sus seguidores”, puntualizó Enrique Sada.

Agustín de Iturbide fue sepultado por los pobladores de Padilla en la iglesia de la localidad y 14 años después, en 1838, el entonces presidente Anastasio Bustamante, ante el clamor popular, trasladó sus restos al altar de San Felipe de Jesús en la Catedral Metropolitana de México, donde se encuentran actualmente.

En la parte inferior del monumento donde se encuentra la urna se puede leer un epitafio que las autoridades mexicanas colocaron durante la segunda mitad del siglo XIX. Dice lo siguiente: “Agustín de Iturbide, autor de la Independencia mexicana, compatriota, llóralo; pasajero, admíralo. Este monumento guarda las cenizas de un héroe”.

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