2015… ¿la consolidación del Estado Mexicano? / Hugo Armando Sosa

Quiero dedicar esta entrega de manera especial al relativo al fortalecimiento del estado de derecho, o simplemente a su aplicación como lo indica la ley, lo que en un ambiente de impunidad, de ilegalidad, de confusión social y de oportunismo político, particularmente a raíz del “caso Ayotzinapa”

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Morelia, Michoacán, 13 de enero de 2015.- El año que inicia augura diversos desafíos importantes para el Estado Mexicano, y recalco este concepto ante tanta desinformación a veces de buena fe y otras no tanto, de que el presidente Peña Nieto por si solo es el Estado Mexicano, al más puro estilo de Luis XVI el “Rey Sol” y que por lo mismo, en su persona posee las riendas de los destinos de la nación, nada más erróneo. El Estado mexicano ese conglomerado jurídico y político, integrado por los 3 órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, que solo tiene por encima a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la que precisamente contiene el pacto por el que se crea de manera soberana y libre, verá en el año que inicia un tiempo de especial tensión y ojala transición.

Son muchos los retos para el Estado Mexicano, pero quiero dedicar esta entrega de manera especial al relativo al fortalecimiento del estado de derecho, o simplemente a su aplicación como lo indica la ley, lo que en un ambiente de impunidad, de ilegalidad, de confusión social y de oportunismo político, particularmente a raíz del “caso Ayotzinapa”, el que ha visto como dos grandes sectores lo toman como bandera para protestar por la ineficacia de la autoridad pública en la prevención persecución y sanción de los delitos, uno representado por gente de buena voluntad y el otro por quienes sin importar la vida y dignidad humanas, usan el dolor de las víctimas para obtener beneficios mezquinos, golpeando instituciones y autoridades públicas en su supuesto afán de exigir justicia.

Los que protestan han vandalizado edificios y muebles públicos, lo que se traduce en sendos delitos, sin que ninguna autoridad se presente a poner orden, a detener a los delincuentes en plena flagrancia, integrar la indagatoria y consignarlos penalmente para ser juzgados y sancionados conforme a derecho, eso al menos en el estado de Guerrero, donde las pérdidas materiales y económicas por los destrozos son sumamente elevadas ya.

Es evidente que sobre todo a partir del 2000 con la irrupción de la incipiente democracia que hoy vivimos, nuestra nación experimento cambios históricos en su estructura política y jurídica, después del largo “priato” y su sistema presidencialista donde la voluntad del ejecutivo federal era la única norma prácticamente.  Finalmente la separación de poderes se convirtió en una realidad, la autonomía  y soberanía política de los estados y municipios también, al igual que la transparencia y equidad de los procesos electorales que permitieron la alternancia en el ejercicio del poder, estos y otros logros importantes en el ámbito sin duda han hecho de México un mejor país.

Pero también se han cometido errores que han tenido graves consecuencias para la estabilidad social y la seguridad pública, uno de ellos fue soslayar y desmantelar el aparato de seguridad del estado que tradicionalmente había sido usado para vigilar y controlar adversarios políticos, pero también hay que decirlo que igual para delincuentes peligrosos, nadie se movía en el territorio nacional sin que lo supiera el presidente y eso era bueno y malo, por los motivos ya descritos.

Al desmantelar este aparato de seguridad se debilitó la capacidad de reacción de la  autoridad para atender y perseguir delincuentes, lo que permitió el fortalecimiento del crimen organizado y su espeluznante penetración en la autoridad con las dimensiones que ya todos conocemos.

Por fortuna el presidente Peña Nieto empieza a reconstruir ese aparato y ya da frutos en importantes regiones del país con considerables descensos de índices criminales, ahora solo falta que el estado haga uso de esa atribución constitucional que le asigna el monopolio en el uso  de la fuerza pública y castigue legalmente a quienes delinquen. Es un clamor esa exigencia no solo para delincuentes comunes sino para aquellos que escudados en supuestas causas sociales vandalizan bienes públicos y autoridades sin que se les aplique la ley como a todos, me refiero concretamente a lo que ocurre en el Estado de Guerreo donde policías municipales y estatales han sido agredidos vejados y lastimados por manifestantes que en busca de una supuesta respuesta al caso de los 43 han rebasado todo límite de cordura.

Es tiempo de que el Estado Mexicano haga uso de ese privilegio que le concedió el “contrato social” para aplicar la ley mediante la fuerza cuando sea necesario, el clamor es general, no más impunidad para nadie, parta nadie.