Cuando el periodista es la nota / Alejandra Ortega

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La autora, Alejandra Ortega, es subdirectora de ATIEMPO.MX, con una amplia trayectoria de más de 15 años en los medios de comunicación

La autora, Alejandra Ortega, es subdirectora de ATIEMPO.MX.

En estos últimos días los periodistas michoacanos logramos lo que no se había hecho antes: Que el tema de las agresiones a este gremio fuera retomado por las diferentes instancias de gobierno y se posicionara en la agenda nacional

Morelia, Michoacán, 07 de junio de 2017.- Para los periodistas es fácil hacer la nota, pero no es nada fácil ser la nota.

En estos últimos días los periodistas michoacanos logramos lo que no se había hecho antes: Que el tema de las agresiones a este gremio fuera retomado por las diferentes instancias de gobierno y se posicionara en la agenda nacional.

Es complicado que se ponga de acuerdo un grupo tan heterogéneo como el nuestro, pero se dejaron de lado las diferencias y nos centramos en un mismo objetivo: Encontrar a Salvador Adame, quien el pasado 18 de mayo fue privado de su libertad en Múgica y hasta el momento no ha sido localizado.

Los periodistas y comunicadores nos solidarizamos con esta causa y realizamos diferentes acciones para enviar el menaje de que no estamos solos, que somos un grupo que nos unimos para protegernos.

Pero, ¿por qué es importante que se garantice la seguridad de los comunicadores?

No es que el periodista valga más que cualquier otro ciudadano con una profesión diferente. Como seres humanos valemos lo mismo y merecemos todos las mismas garantías y seguridad.

Pero sí hay una diferencia muy importante que no muchos dimensionan, y es que los periodistas somos los encargados de informar, de llevar a los ciudadanos la realidad de todo lo que acontece en una comunidad, un país y el mundo.

Somos los responsables de contar el día a día de muchos pueblos, de educar y formar criterios. De presentar sucesos y hechos concretos, que pueden determinar el rumbo de una sociedad.

Y atentar contra un periodista supone también trastocar uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia: atentar contra la libertad de expresión y el derecho de informar y ser informado.

No es nada fácil esta labor en un país permeado por la corrupción en todas las esferas e instituciones.

En donde el gobierno se encarga de buscar detalles personales de la víctima y hacerlos públicos, para tratar así de cambiar la percepción colectiva y que se piense que si le sucedió, es porque él se lo buscó.

Las cifras son alarmantes. Según la Fiscalía para la Atención de Delitos contra la libertad de Expresión, de julio de 2010 a diciembre de 2016 se registraron 798 denuncias por agresiones a periodistas, de las cuales 47 fueron por asesinatos.

Sin embargo, la impunidad e ineficiencia de las instituciones queda evidenciada con los resultados de estas denuncias, pues de ellas sólo tres han tenido sentencia, es decir que no se ha resulto el 99.7% de los casos.

Con esto nos damos cuenta de que no se ocupan más fiscalías, pues no sirven y lo único que generan es más burocracia y aumento del gasto público.

Lo que se requiere es que los gobiernos, de los tres niveles, apliquen la ley.

Que cuando exista una denuncia por agresiones, acoso o amenazas, no se queden de brazos cruzados y te envíen a un funcionario de tercer nivel a darte una palmada en el hombro para decirte que no pasa nada y no se le moverá para que pronto se olvide el caso.

Es frustrante encontrarse con autoridades y funcionarios que tratan de esta forma situaciones en donde la seguridad del reportero está en riesgo, sobre todo cuando es la propia policía la que amenaza. ¿A quién se acude entonces? Lamentable que en nuestro estado la justicia sea sólo para aquellos que están dentro de los mismos círculos de poder, para los demás no existe.

Los periodistas michoacanos nos organizamos, realizando dos marchas en la Avenida Madero, protestando dentro del Congreso, e interponiendo una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) para que se nos reconociera como víctimas indirectas en el caso de Salvador Adame, por considerar que su desaparición nos afecta a todos como gremio y como amigos suyos.

Todo esto, a pesar de las críticas por parte de algunos políticos, que en lugar de apoyar, dejan ver sus intenciones de que este movimiento pare.

Y no es para menos, la crítica ha sido fuerte para el gobierno, sobre todo para la Procuraduría, sin embargo las violaciones a nuestros derechos han sido más grandes.

Las acciones del gremio continuaron de forma coordinada y en buena lid. Se hizo una invitación al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, quien accedió a platicar con los medios en Morelia y al día siguiente, miércoles, el funcionario estaba aquí.

El jueves, una comisión de 17 comunicadores salimos a la Ciudad de México para exigir que las autoridades se centraran en buscar a Adame Pardo. Acudimos a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se nos reconociera como víctimas indirectas y llegamos al Senado a entregar nuestro manifiesto y exigir que se hagan las reformas al código penal federal para que en los estados puedan homologar sus normas en el tema de las sanciones por agresiones contra periodistas.

El recibimiento y apoyo por parte de la prensa nacional fue sin duda clave para que el mensaje llegara de forma certera y rápida a todos a quienes tenía que llegar. Las respuestas fueron prácticamente inmediatas y en muy pocas horas, el Senado ya había hecho público un comunicado sobre nuestra solicitud para reformar el código penal.

Lo mismo sucedió con la Procuraduría del Estado, que reculó y afirmó que la principal línea de investigación en el caso Adame será por su ejercicio profesional, y al poco rato anunciaron que comparecieron policías de Múgica por la desaparición del comunicador.

Lo mismo sucedió en el marco de la reunión de la CONAGO, los gobernadores y gobierno federal se pronunciaron por la protección de la libertad de expresión, así como impulsar las legislaciones locales para este fin. Este fue un tema principal.

Y algunos diputados han presentado ante la ONU denuncias para que intervenga en estos casos.

Y se han ido sumando las declaraciones de diversos actores políticos al respecto, por ello los periodistas michoacanos consideramos que las actividades y esfuerzos que hemos hecho en estas últimas semanas, han dado muy buenos resultados. Hemos sido escuchados y ahora sólo esperamos que las diferentes instancias sí protejan esta que es una labor de suma importancia para la sociedad.

Esperemos que realmente cambien las cosas y no se quede esto en los ya conocidos discursos de políticos, que se cuelgan de este tema para tener encima los reflectores de toda la prensa, pero que nunca hacen nada.

Por lo pronto esta vez quienes nos dedicamos a ejercer el quehacer periodístico fuimos la noticia.