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De cuotas y cuates (Por: Jorge Luis Hernández Altamirano)

El autor, Jorge Luis Hernández Altamirano, es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México
El autor, Jorge Luis Hernández Altamirano, es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México

No está mal que los actores políticos busquen escoger elementos más cercanos a su forma de entender al país, pero despojar del componente del diálogo y la negociación a estos nombramientos lesiona aún más su independencia y pone en riesgo la salud institucional del país

Morelia, Michoacán, 12 de abril de 2019.- En la construcción institucional de los últimos años se crearon diversos organismos a nivel constitucional que, por su autonomía y/o carácter técnico, requieren que sus integrantes sean designados a través de un proceso en el que dos poderes coparticipen. Descansando en el supuesto de que la elección conjunta se reflejará en mejores perfiles y, por lo tanto, en el mejor cumplimiento de las metas institucionales.

El Senado, la Cámara primordialmente de representación territorial de nuestro sistema Federal, tiene competencias atribuidas para participar en el nombramiento y designación de los miembros de algunas de las instituciones más relevantes del sistema político. Además de las clásicas ratificaciones de miembros del servicio diplomático y de las fuerzas armadas, es responsable de la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los integrantes de la junta de gobierno del Banco de México, el INEGI, el INEE, el IFT, el Fiscal General de la República, los Magistrados Electorales y los comisionados del INAI, entre otros.

El sistema típico ideado por la Constitución es uno en el que el Poder Ejecutivo formula una propuesta, o una terna, y la somete al examen del Senado que, en Comisiones y en pleno, entrevista a los aspirantes a ocupar dicho cargo y elige con una mayoría calificada requerida.

Esta disposición asume que las designaciones son un juego de negociación que descansa en una obviedad de la política y el principio de las teorías de elección pública: los actores políticos siempre buscan maximizar sus preferencias y, en este caso, elegir a los perfiles más próximos a sus formas de ver, trabajar o concebir a la institución de la que formarán parte.

En este supuesto, el Poder Ejecutivo y la bancada de su partido, buscarán escoger a la persona más acorde a sus intereses, mientras que la oposición velará por lo propio. En ese orden de ideas, el juego se antoja inútil, en la medida en que pareciera que ninguno de los jugadores estaría dispuesto a ceder en sus preferencias y, por lo tanto, escoger a una persona menos próxima a su punto ideal.

Por eso, el juego incorpora tres elementos que empujan hacia el diálogo y la negociación: 1) que se presenten ternas, y no una solo candidatura, permitiendo variación entre perfiles; 2) que se exija una mayoría calificada para los nombramientos y ratificaciones, lo que precisa un gran acuerdo en el que ambas partes, o al menos una fracción de éstas, se apoyen a ese perfil; 3) la advertencia de que, en caso de que las negociaciones no sean fructíferas en dos ocasiones, la designación corresponderá completa y absolutamente al Poder Ejecutivo, evitando la intransigencia de la oposición.

Este diagrama derivó en lo que muchos de los analistas han denominado “sistema cuotas partidistas” donde, en tanto que hay gran número de designaciones, las instituciones políticas se repartían los nombramientos: un comisionado del INAI más cercano al PAN, un miembro de la junta de gobierno de BANXICO del PRI, otro comisionado del INAI para el PRD, etcétera.

De entrada, pareciera no haber problema con este sistema, en la medida en que los grupos parlamentarios en el Senado son, en realidad, expresión de realidad política y voz de sus representados. Teóricamente el sistema funciona cuando los actores entienden que pueden escoger a alguien cercano a sus posturas, pero no el más cercano (negociación) y, solo sí, proponen perfiles justificados que eviten el bloqueo.

No obstante, la terca realidad demostró que el acuerdo era más difícil de lo que parecía. De hecho, muchas instituciones quedaron incompletas por la falta de acuerdos y no faltaron nombramientos controvertidos. Sin embargo, todos los actores apostaron a seguir jugando a “negociar”.

Esto es relevante hoy porque el recientemente concluido, y bochornoso, proceso para nombrar a cuatro integrantes de la Comisión Reguladora de Energía mostró nueva estrategia de uno de los jugadores (AMLO y MORENA).

Como se sabe el partido del presidente tiene una mayoría en el Senado, pero no alcanza a ser calificada y, por lo tanto, tendría que negociar con partidos de oposición. La apuesta del presidente López fue agotar el proceso constitucional, calculando que la oposición no ratificaría sus ternas y, al final, tendría la capacidad de designar directamente, como finalmente hizo.

Su acción fue legal, pero no legítima; porque despojó a la norma constitucional de su espíritu: la coparticipación de dos poderes en el proceso de designación de estos entes relevantes para la democracia.

No está mal que los actores políticos busquen escoger elementos más cercanos a su forma de entender al país, pero despojar del componente del diálogo y la negociación a estos nombramientos lesiona aún más su independencia y pone en riesgo la salud institucional del país.

Al tiempo.

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