Editoriales

De medios, audiencias y publicidad oficial

Por el momento que vive el país, las demandas de transparencia, pero también de información veraz, oportuna y relevante, no pueden ser echadas en saco roto por los representantes populares.

Morelia, Michoacán, 14 de mayo de 2019.- Asistimos a dos grandes realidades en la manera de obtener información política en nuestros días: 1) la necesidad de gobiernos y servidores públicos de promover sus acciones y comunicar el logro de sus metas; 2) el cambio de paradigma en los medios de comunicación, que se ha convertido en una lucha de clicks, no siempre interesados en ofrecer información veraz, sino impactante.

Sobre el primer punto, los gobiernos y representantes populares se ven obligados a encontrar medios para comunicar mensajes a la ciudadanía, en primer lugar, para transmitir los beneficios de su trabajo diario; pero, también, para invitar a la toma de acciones, contribuir a la prevención de riesgos, hacer más accesibles los servicios y mejorar las políticas públicas entre otras.

El problema es que estos esquemas de comunicación en realidad se han traducido en esquemas que, con recursos públicos, cumplen dos funciones: 1) promocionar la imagen personal de funcionarios y legisladores, y 2) consentir a medios de comunicación que se convierten en promotores de esas personas.

Sobre la transformación de la industria de la comunicación, parece que la inmediatez de las redes sociales, y el estado en el que cualquier persona con una cuenta de Twitter se autonombra periodista, está cambiando aceleradamente el tipo y la forma en el que nos ofrecen la información.

En un contexto de polarización y de efectismo, los titulares de escándalo y las opiniones “controvertidas” ganan el mercado mediático. Pareciera que las personas, más que informarnos, buscamos textos y opiniones que refuercen nuestras arraigadas opiniones, burbujas de resonancia que se ven reforzadas por nuestras redes sociales.

Así, cuando las métricas mandan, abundan ejemplos de medios de comunicación que ceden a la fácil y se dedican a reproducir notas idénticas a las de otras decenas de páginas, que inventan títulos rimbombantes destinados a producir impacto en el lector, aunque no se sostengan en los cuerpos de la nota. En el lado contrario, el periodismo de investigación y las redacciones propias enfrentan serios problemas para mantener su sostenibilidad.

Acorralados ante una realidad en el que los anunciantes toman sus decisiones de publicidad con arreglo exclusivo al número de likes y shares, y los lectores no estamos dispuestos a pagar por contenido (habiendo tanto gratis en la red), muchas empresas de comunicación han encontrado en el gasto público en comunicación social un oasis para su sostenimiento.

No busco satanizar la entrega de recursos públicos a medios de comunicación, en la medida en que la publicidad oficial tiene razón de ser y las empresas deben vender espacios publicitarios para hacer sostenible su funcionamiento. La cuestión es que se siguen careciendo de parámetros transparentes para la distribución y justificación de la entrega de esos recursos, con todo y la Ley en la materia aprobada el año pasado. De hecho, el sexenio pasado fue más allá y entregó una cantidad mucho mayor a la inicialmente contemplada en los presupuestos.

Esta opacidad se traduce en pérdida de independencia para los medios y falta de efectividad de la publicidad para la institución pública en cuestión. Sin criterios y justificaciones, parece que el poder paga a sus amigos para adularles y promoverles personalmente.

En el caso de Michoacán, el Congreso del Estado entregaba en 2018, pues no hay cifras oficiales publicadas para 2019, más de 2 millones de pesos al mes a 94 empresas de los rubros de TV, radio, impresos y sitios web. En la lista disponible en (http://congresomich.gob.mx/cem/wp-content/uploads/POA-2018-CONGRESO-DEL-ESTADO.-ACUSE.pdf) no queda claro con base en qué criterios se determina el costo por cintillas, banners, spots y entrevistas.

Insisto, el problema de la falta de criterios o, en todo caso, la opacidad de éstos es que parece colocar a los medios, y especialmente a sus miembros, en una vulnerabilidad bastante desagradable, en la que pudieran estar presionados para sacrificar su libertad a cambio de los recursos necesarios para mantener sus fuentes de empleo.

Por el momento que vive el país, las demandas de transparencia, pero también de información veraz, oportuna y relevante, no pueden ser echadas en saco roto por los representantes populares. La democracia que la ciudadanía lleva años reclamando, y que buscó con su resultado histórico de julio del año pasado, no será posible sin medios independientes que, precisamente, denuncien la opacidad y favorezcan la transparencia y la rendición de cuentas.

Al tiempo.

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