De Primera Mano / Diputados y fiscalización
Siendo estrictos, pocas o ninguna de las cuentas públicas en la historia de Michoacán habrían reunido los requisitos necesarios para presumir de transparencia. Pero a final de cuentas, son siempre las mayorías políticas las que deciden cómo interpretar la información o la falta de ella
Morelia, Michoacán, 01 de abril de 2014.- El pasado fin de semana uno de los temas noticiosos más relevantes fue que por mayoría el Congreso del Estado reprobó la primera Cuenta Pública Estatal del actual Gobierno de Michoacán.
Los diputados del PAN y del PRD se aliaron, sumando también al PVEM, al PT y Nueva Alianza, para con el voto en contra de los legisladores del PRI aprobar el dictamen reprobatorio respecto de la revisión de la hacienda pública estatal 2012 hecha por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
Cuando la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser asuntos cotidianos y de carácter técnico, una vez más nos topamos con nuestra realidad, que las decisiones que se toman para calificar la fiscalización de los recursos públicos en Michoacán y en el país pasan por un órgano político, como el Congreso del Estado, en el cual se dan las más variadas e inexactas opiniones.
Con la información que pude conocer, creo que aquellos que reprobaron la Cuenta Pública tuvieron sus razones para hacerlo, al igual que pasó el año pasado con la del 2011, ocasión en la que el PRI y el PAN se aliaron también contra el PRD.
Pero sabiendo los grandes rezagos que históricamente existen en el país en materia de transparencia y rendición de cuentas, se puede suponer con fundamento que la opacidad y la impunidad desde hace mucho tiempo son constantes en el manejo de los recursos públicos.
En consecuencia, las decisiones que anualmente vemos a nivel estatal y nacional sobre la aprobación y la desaprobación de las cuentas públicas no son más que determinaciones de carácter político, donde dependiendo del partido al cual pertenecen, los diputados pueden darle diversas interpretaciones a la misma información.
Más allá de que una de las principales funciones constitucionales del Congreso del Estado sea la fiscalización de los recursos públicos estatales, lo cierto es que se requieren órganos técnicos fiscalizadores con mayor autonomía, donde para empezar el presidente y los funcionarios no tengan por lo menos militancia partidista.
Además, se necesita explorar mecanismos que eviten la politización de los dictámenes, para que sean criterios técnicos y no políticos los que nos permitan avanzar hacia el conocimiento del manejo de las finanzas públicas, pero sobre todo, que los dictámenes tengan consecuencias contra los infractores y no se queden nada más en observaciones sobre inconsistencias que se desvanecen en el tiempo y el espacio.
Conociendo a nuestra clase política, yo podría asegurar que siendo estrictos, pocas o ninguna de las cuentas públicas en la historia de Michoacán habrían reunido los requisitos necesarios para presumir de transparencia. Pero a final de cuentas, son siempre las mayorías políticas las que deciden cómo interpretar la información o la falta de ella.
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