De Primera Mano / Intereses obscuros tras la nueva Fiscalía en Michoacán
La prisa que muestra el comisionado nacional, Alfredo Castillo, para que el nuevo órgano autónomo sea creado a la brevedad parece traer consigo la intención de anclar por al menos 9 años en la entidad a la gran mayoría de los funcionarios y elementos de la PGJE llegados del Estado de México
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Morelia, Michoacán, 05 de noviembre de 2014.- A pesar de ser una excelente idea en el papel y de responder a las necesidades y exigencias de muchos años, intereses obscuros se ciernen sobre el proyecto para crear una nueva Fiscalía General en Michoacán.
La prisa que muestra el comisionado nacional, Alfredo Castillo Cervantes, para que el nuevo órgano autónomo sea creado a la brevedad parece traer consigo la intención de anclar por al menos 9 años en la entidad a la gran mayoría de los funcionarios y elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) llegados del Estado de México.
¿Por qué digo lo anterior?
El tema ya fue aprobado por el Comité de Normatividad y posteriormente por el pleno del Consejo implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán, y contiene una serie de ventajas, entre las que destaca la de dotar de autonomía a la institución encargada de la procuración de justicia en Michoacán.
Hay quien ha mencionado que la Fiscalía General podría pasar a convertirse de facto en un “cuarto poder”, después del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, ya que su operación no dependerá como hasta ahora del gobernante en turno. Pero hay que destacar que mal orientado se puede convertir en un ente de control policíaco y político muy peligroso.
Actualmente el tema se encuentra ya en estudio en el Congreso del Estado, donde un grupo de diputados del PRI, arengados por el comisionado Alfredo Castillo, muestra clara urgencia por acelerar su aprobación, mientras que los del PRD y PAN se han pronunciado por hacer una revisión más minuciosa y detallada, en un claro afán por retardar la decisión y procurar que ésta entre en vigor hasta que inicie la próxima administración estatal.
¿Por qué la prisa?
La iniciativa para la creación de la Fiscalía General prevé que entre el gobernador en turno y el Congreso del Estado conformen una terna de aspirantes al cargo, mismo que una vez electo será inamovible por 9 años, salvo situaciones excepcionales, ahí radica en gran medida la autonomía de aquél que ocupe la titularidad de la nueva institución.
Si la reforma constitucional y la ley correspondiente se aprueban en breve, corresponderá al gobernador Salvador Jara Guerrero cabildear las propuestas con el Poder Legislativo, donde el PRI cuenta con 17 votos y necesita 21 para imponer a quien decida. Lo anterior le permitiría al tricolor amplio margen de maniobra para lograr sus propósitos, pues le bastaría con convencer a los diputados únicos de partido de votar con ellos y a uno del PRD o del PAN para que no se presentara a votar.
¿Qué implicaciones tendría lo anterior?
Salvador Jara operaría para la designación del actual titular de la PGJE, José Martín Godoy Castro, ya sea por instrucciones de Alfredo Castillo o por convicción propia; el PRI aprobaría esa propuesta en el pleno del Congreso del Estado y tendríamos fiscal general del Estado de México en Michoacán por 9 años.
Además, sería de esperarse que con Godoy Castro se quedara todo el equipo de subprocuradores, ministerios públicos, jefes de grupo y policías mexiquenses que han arribado a la entidad, entre quienes hay varios que generan muchas dudas e incertidumbre entre la población, sin olvidar que la Fiscalía General se convertiría en un ente propicio para el control político de la procuración de justicia conformado por gran número de incondicionales de Castillo Cervantes.
He ahí los riesgos que veo en la prisa por crear la Fiscalía. Estaré atento al desarrollo del tema en el Congreso del Estado.
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