El Ejército, la policía y el crimen organizado

Morelia, Michoacán, 25 de junio de 2019.- “Una guerra que no se puede ganar, pero que no debemos perder”; así ha sido calificado por varios analistas el combate al crimen organizado iniciado por Felipe Calderón y continuado por EPN; combate que por cierto ha sido cancelado prácticamente en su totalidad por una  muy cuestionable decisión del actual presidente Obrador.

¿El resultado de esta ocurrencia, que no idea?, caída casi total de decomisos de drogas, singularmente cocaína, no hay combate a los criminales, pues ahora sin ser molestados se pasean en diversas ciudades de varios Estados. Y lo peor, el número de muertos se ha disparado a alturas nunca vistas. Los “muertos de Obrador” ya superan,  sobradamente, a los “muertos de Calderón” o de EPN en periodos similares. Conclusión; esa estrategia no sirve.

“Ya no hay guerra contra el narco”, declara AMLO muy orondo y quitado de la pena cuando al terminar la conferencia de prensa del 30 de enero, un periodista le preguntó “¿Se acabó la guerra contra el narco?”  y remarca “Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz”. En otras palabras López, por así convenir a sus intereses, ha dejado el campo libre a los narcos. Y ellos felices.

Pero no todo es un día de campo, ni los buenos deseos son suficientes para cambiar la dura realidad. Ligada al aumento del poder e impunidad del narcotráfico, la violencia ha tomado en México un lugar preponderante y  la imagen de autoridad del gobierno se ha deteriorado, cayendo a sus peores niveles, por su incapacidad para hacerle frente.

No se puede ocultar, el México del siglo XXI se caracteriza por un aumento en la violencia. Si bien entre 1997 y mediados de la década de 2000 vimos una disminución constante y regular de la tasa de homicidios, esta experimentó un gran incremento de 2008 a 2011, y luego un ligero descenso en 2012 y 2013. Desde 1992 la tasa de homicidios había disminuido de manera constante y regular, pasando de 22 asesinatos anuales por cada 100.000 habitantes a 8, pero entre 2008 y 2011 se triplicó, hasta alcanzar la cifra de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes

Este aumento de los crímenes se ha acompañado en muchos casos con fenómenos de violencia y  crueldad extrema; sin duda ligados al aumento del poder y de las actividades de los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, que van desde la extorsión y el secuestro hasta el contrabando y la industria de la falsificación, pasando por la trata de personas. El clima de terror e impunidad que reina en el país está abriendo el camino a una banalización de la violencia, que ya se vé como algo habitual.

Algo preocupante; no debemos olvidar que las actividades de los narcotraficantes han sido durante mucho tiempo no sólo toleradas, sino aceptadas por un sector de las llamadas “élites”, pero también por parte de la clase media y por amplios sectores populares. Adicionalmente, el enriquecimiento ligado al narcotráfico ha sido considerado durante mucho tiempo como una manera , digamos que más o menos legítima , de ascenso social ; ascenso cultural eso si no, a los narcos la cultura les vale gorro.

Desde hace tiempo ha sido evidente la brumosa frontera entre la Policía y el crimen organizado, así como los inocultables nexos entre  políticos, Ejército, empresarios y delincuentes. Al grado de que como lo relata Jorge Ibargüengoitia en Instrucciones para vivir en México: «en caso de problemas, no llamar a la policía, para no tener un nuevo problema».

Diversas investigaciones han mostrado que durante la segunda mitad del siglo XX ni los  responsables políticos ni los de la policía buscaron erradicar verdaderamente el crimen organizado. Solo trataron de controlarlo y contenerlo a través de la corrupción y la negociación con las redes delincuenciales.

Su objetivo era doble: enriquecerse personalmente y utilizar a los criminales como cómplices para las operaciones policiales contra los opositores al entonces todopoderoso Partido Revolucionario Institucional (PRI). Para los que recuerdan algo de historia es el caso de Arturo Durazo, Jefe de la Policía durante la presidencia de José López Portillo (1976-1982),  sin duda el más corrupto de los jefes de la Policía mexicana desde que México es México (10 mil años peje dixit).

No abordo el tema de las escandalosas fortunas de varios políticos a los cuales los ciudadanos asocian no tan solo a sus prestanombres, sino a sus nexos con el narco. No alcanza  el espacio en un artículo.

Por donde se vea el asunto es preocupante.

Alejandro Vázquez Cárdenas