Impacto de reforma energética en hogares mexicanos / Silvano Aureoles

Mientras el 98.5% de los hogares mexicanos recibe hoy tarifas subsidiadas por la CFE, nada obliga a los proveedores privados a mantener los subsidios y quedarían en libertad de prestar el servicio garantizando en su precio recuperar su costo de producción y su ganancia

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México, D.F., 23 de julio de 2014.- El momento que vive el Congreso de la Unión, está caracterizado por la discusión de las leyes de la reforma energética; durante esta semana tres comisiones de la Cámara de Diputados, están en el proceso de dictamen de cuatro minutas enviadas por el Senado de la República y de tres iniciativas relativas a ingresos y fiscalización. Todo el paquete entrará a discusión y aprobación la siguiente semana en el marco de un extenuante periodo extraordinario de sesiones, que se anticipa intenso y frente al cual nos pronunciamos por el debate de los temas de fondo.

La trascendencia de las leyes secundarias aludidas, estriba en que por un lado, servirán para instrumentar la reforma constitucional y por el otro, marcarán la ruta de la política energética de los siguientes años, una vez que se retiró la categoría de sector estratégico para el desarrollo de la nación y se permite la apertura en toda la cadena de producción en hidrocarburos y electricidad. Es decir, toda proporción guardada, es un cambio tan profundo como el de 1938, solo que en sentido inverso, en aquel tiempo fue la nacionalización, el de ahora es la privatización.

Es el momento de la discusión, del intercambio de argumentos y del establecimiento de las razones. También lo es, de una proliferación desmedida de mensajes propagandísticos, que de tan simples, terminan ocultando las razones y los objetivos de fondo, por eso vale la pena preguntarnos, si no debiera ser también el momento para que la sociedad cuestione a su clase política, a sus gobiernos, en el sentido de ¿En que resultará realmente beneficiada la economía de las y los mexicanos?

Los objetivos planteados originalmente establecían beneficios como bajar las tarifas eléctricas, el precio del gas, de las gasolinas y de los alimentos. Es en este tema central donde se podrá apreciar el efecto, positivo o no, de las reformas sobre la economía mexicana y el bienestar de las familias.

Sin embargo, tratándose de hidrocarburos es difícil que los precios bajen. Los cambios establecen que en los próximos años habrá una competencia en la distribución de los combustibles, como gasolineras que no pertenezcan a PEMEX sino franquicias de otras empresas.

De acuerdo con expertos financieros, el precio de las gasolinas tendrá aumentos mensuales durante el resto del 2014. A partir de 2015 y hasta 2019, ya no tendrá los ajustes mensuales de los últimos años, sino que se ajustara con la inflación. Esta disposición estará sujeta a que los precios internacionales no aumenten o se mantengan estables, de otra manera la Secretaria de Hacienda y Crédito Público revisará los incrementos en los precios públicos, de tal suerte que al final quedarán sujetos a las reglas del mercado.

Mientras que para las tarifas eléctricas, en la mayor parte de los hogares no se verá un descenso, porque mientras el 98.5 por ciento recibe hoy tarifas subsidiadas por la CFE exceptuando los establecimientos comerciales, nada obliga a los privados a mantener los subsidios y quedarían en libertad de prestar el servicio garantizando en su precio recuperar su costo de producción y su ganancia. De tal manera que para los hogares mexicanos, con la apertura a la inversión privada en la generación de energía eléctrica, se abre la posibilidad de la eliminación de los subsidios que cada bimestre aparece en los recibos de pago, con el consecuente impacto negativo en los bolsillos de los mexicanos.

Adicionalmente, la reforma no tendrá un impacto visible en el corto plazo, los especialistas estiman que será hasta la próxima década. Existen retos financieros, políticos y de infraestructura que limitarían la inversión extranjera, a la vez que el Estado ha renunciado a su obligación rectora en esta materia, lo cual evidencia la inviabilidad de las promesas para la mejoras reflejadas en la economía de las familias mexicanas.