Editoriales

La Globalización de la Tortura / Teresa Da Cunha Lopes

Teresa Da Cunha es doctora en Derecho; con diversos posgrados en universidades de México, España y Francia; profesora investigadora de la UMSNH; miembro del Sistema Nacional de Investigadores; y coordinadora del Área de Ciencias Sociales en el CIJUS
Teresa Da Cunha es doctora en Derecho; con diversos posgrados en universidades de México, España y Francia; profesora investigadora de la UMSNH; miembro del Sistema Nacional de Investigadores; y coordinadora del Área de Ciencias Sociales en el CIJUS

Con efecto, desde el 1984, 155 Estados han ratificado la Convención contra la Tortura de la ONU. Ratificación que parece ser sólo formal y que no ha eliminado a la tortura como un instrumento recurrente de los cuerpos de seguridad del estado. De estos 155 estados, Amnistía Internacional (AI) investiga a 142.

 

Morelia, Michoacán, 16 de mayo de 2014.- En 1984 la ONU adoptó la Convención contra la Tortura, Amnistía Internacional que en su artículo primero afirma: “ 1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.”

Tres décadas después, Amnistía Internacional, en un nuevo informe intitulado “30 años de promesas incumplidas”, publicado electrónicamente el día 13 de mayo, acusa a los gobiernos de todo el mundo de traicionar sus compromisos de acabar con esta práctica inhumana.

En la realidad, AI, habla directamente de un fenómeno preocupante: de la globalización de la tortura en un mundo moderno que, aparentemente, está regido por el paradigma de los derechos humanos.

140516-tortura-630x320-atiempo.mxCon efecto, desde el 1984, 155 Estados han ratificado la Convención contra la Tortura de la ONU. Ratificación que parece ser sólo formal y que no ha eliminado a la tortura como un instrumento recurrente de los cuerpos de seguridad del estado.

De estos 155 estados, Amnistía Internacional (AI) investiga a 142.

Tan sólo en lo que va de 2014, esta ONG ha observado que al menos 79 de ellos (más de la mitad de los Estados parte de la Convención que investiga Amnistía Internacional) siguen torturando, a pesar de la ratificación de la Convención, que específicamente en su Art- 11 determina que: “Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas e instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones para la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de arresto, detención o prisión en cualquier territorio que esté bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura”.

Otros 40 Estados miembros de la ONU no han adoptado la Convención, aunque la prohibición legal mundial de la tortura les obliga a hacerlo.

En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha denunciado torturas y otras formas de malos tratos en al menos 141 países de todas las regiones del mundo: prácticamente en todos los países sobre los que trabaja.

El carácter secreto de esta práctica hace que el número real de países donde es probable que se cometan torturas sea aún mayor. En algunos de estos países es habitual y sistemática. En otros, sólo se han documentado casos aislados y excepcionales, aunque considera que incluso un solo caso de tortura o malos tratos es totalmente inaceptable. Esto, contraviniendo las disposiciones de la Convención en su Art.13: “Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado.”

Para lograr que todas las personas gocen de protección frente a la tortura, en el 30 aniversario de la Convención de la ONU contra la Tortura, AI lanza la campaña STOP TORTURA.

La campaña Stop Tortura se inicia con la publicación del documento «30 años de promesas incumplidas» que ofrece una perspectiva general del uso del malo trato en el mundo actual. Según la página electrónica de la AI: “La campaña se centra en todos los contextos de custodia estatal. Esto incluye: los sistemas ordinarios de justicia penal; las personas bajo custodia del ejército, la policía, las fuerzas especiales o los servicios secretos; las situaciones que impliquen legislación, normativas o disposiciones de emergencia; y los lugares secretos o no oficiales de detención, donde aumenta notablemente el riesgo de tortura. La campaña no incluye la tortura a manos de agentes no estatales o los malos tratos ocurridos fuera de la custodia del Estado, como el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones, aunque Amnistía Internacional seguirá trabajando enérgicamente sobre estas formas de abuso también. La organización movilizará a sus activistas en todo el mundo para que trabajen sobre los cinco países siguientes: Filipinas, Marruecos y el Sáhara Occidental, México, Nigeria y Uzbekistán”.

Como parte de la campaña, Amnistía Internacional ha realizado una encuesta para evaluar las actitudes hacia la tortura en el mundo. Resulta alarmante que, según los datos obtenidos, casi la mitad (el 44%) de las personas encuestadas —de 21 países de todos los continentes— temen la posibilidad de ser torturadas si son detenidas en su país. La inmensa mayoría (el 82%) cree que deberían existir unas leyes claras contra la tortura. Sin embargo, más de un tercio (el 36%) seguía pensando que la tortura podía justificarse en ciertas circunstancias.

«Los resultados de esta nueva encuesta global son sorprendentes, pues casi la mitad de las personas encuestadas tienen miedo y se sienten personalmente vulnerables a la tortura. La inmensa mayoría de la gente cree que deberían existir unas normas claras contra su utilización, aunque más de un tercio sigue pensando que la tortura podría justificarse en ciertas ocasiones. En conjunto, se puede ver un amplio apoyo global de la opinión pública a que se actúe para prevenirla», afirma Caroline Holme, directora de la empresa encargada del estudio, GlobeScan.

Medidas como la penalización de la tortura en la legislación nacional, la apertura de los centros de detención a observadores independientes, y la grabación en vídeo de los interrogatorios han llevado a una disminución del uso de la tortura en los países que se toman en serio sus compromisos contraídos en virtud de la Convención contra la Tortura.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos que implanten mecanismos de protección para prevenir y castigar la tortura, como exámenes médicos adecuados, el acceso rápido a los abogados, controles independientes de los centros de detención, investigaciones independientes y efectivas de las denuncias de tortura, el enjuiciamiento de los presuntos autores y una reparación adecuada a las víctimas.

La lucha global contra esta práctica continúa, aunque ahora se centrará en cinco países donde está generalizada y donde la organización cree que puede lograr un impacto significativo. La espina dorsal de la campaña estará formada por informes de fondo con recomendaciones concretas.

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