Los tribunales y el derecho a la igualdad / Jorge Álvarez Banderas

El resultado más significativo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 en nuestro país, es que la persona y sus derechos son colocados como eje central de la impartición de justicia por los órganos jurisdiccionales

Morelia, Mich., 28 de agosto de 2013.- El resultado más significativo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 en nuestro país, es que la persona y sus derechos son colocados como eje central de la impartición de justicia por los órganos jurisdiccionales, este tipo de cambios, obligan a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, debiendo con ello el Estado prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido, esta semana presenta un documento base denominado: “PROTOCOLO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, HACIENDO REALIDAD EL DERECHO A LA IGUALDAD” aludiendo a que este tipo de transformaciones renuevan y reafirman el compromiso de las autoridades del Estado mexicano de incorporar en su quehacer jurisdiccional los tratados internacionales en materia de derechos humanos como derecho nacional de origen internacional.

Este documento se pone a consideración de quienes operan la justicia a fin de que, a través de sus opiniones y sugerencias, la segunda edición sea perfeccionada y mejorada, ya que considera que mediante la retroalimentación de las y los juzgadores de cómo se pudieron haber auxiliado del Protocolo en la práctica al momento de emitir sus resoluciones, poniendo a la disposición de estos una dirección electrónica para su remisión perentoria en fecha 30 de noviembre próximo, invitando a esta labor a todas aquellas personas e instituciones involucradas en los procesos de acceso a la justicia.

El objetivo principal de nuestro máximo órgano jurisdiccional en la nación mexicana, es impulsar la adopción de criterios jurisdiccionales basados en el derecho a la igualdad, ello implica generar herramientas que permitan juzgar con perspectiva de género y su propósito es atender las problemáticas detectadas y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativas al ejercicio del control de convencionalidad por quienes imparten justicia y, por tanto, a la aplicación del Derecho de origen internacional, así como el establecimiento de instrumentos y estrategias de capacitación y formación en perspectiva de género y derechos de las mujeres.

El Protocolo constituye entonces una herramienta fundamental para hacer realidad el derecho a la igualdad, consagrado por la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos sin ser vinculante, buscando de manera respetuosa en la autonomía judicial, el auxilio para las y los juzgadores en la tarea de impartir justicia con perspectiva de género, adecuándose a los más altos estándares nacionales e internacionales, tal como lo marca el artículo primero constitucional.