Nuestros impuestos (no) están trabajando / Alejandro Vázquez Cárdenas

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El autor de este artículo es el reconocido Doctor Alejandro Vázquez Cárdenas

El autor de este artículo es el reconocido Doctor Alejandro Vázquez Cárdenas

La verdad es que el Estado jamás ha sido ni efectivo ni honesto a la hora de gastar el dinero que nos ex acciona de manera alevosa.  Es posible, aunque improbable, que existan instancias gubernamentales que gasten bien, pero de lo que no hay duda, es que en México se cometen excesos y abusos con el gasto público.

Morelia, Michoacán, 28 de agosto de 2017.- La verdad es que el Estado jamás ha sido ni efectivo ni honesto a la hora de gastar el dinero que nos ex acciona de manera alevosa.  Es posible, aunque improbable, que existan instancias gubernamentales que gasten bien, pero de lo que no hay duda, es que en México se cometen excesos y abusos con el gasto público.

Va un  ejemplo rápido; la compra de medicinas para el llamado “Seguro Popular”; de acuerdo con una investigación de Fundar, se encontró que “los reportes de compra de medicamentos de los años 2008, 2009, 2010 y primer semestre de 2011, identifican dos problemas: opacidad en el informe de las transferencias que reciben las entidades federativas y discrecionalidad en el uso de los recursos para la adquisición de medicamentos, que se manifiesta principalmente en la compra de fármacos a precios superiores a los establecidos por la Secretaría de Salud”  En pocas palabras, se roban el dinero.

Los gobiernos estatales desviaron recursos millonarios del Seguro Popular. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2015 y 2016 las irregularidades encontradas sumaron más de 19 mil 500 millones de pesos. A esta cantidad deberían añadirse otros 13 mil millones que el Gobierno federal distrajo del fideicomiso concentrador, donde el Seguro Popular guarda sus recursos. De este segundo hecho se sabe poco y sin embargo es tanto o más grave que el primero.

Revisando la cuenta pública de 2015 la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la mayoría de las entidades federativas. Sus respectivas tesorerías transfirieron una enorme cantidad de recursos del Seguro Popular, 13 mil millones de pesos,  a diversas cuentas bancarias desvinculadas de este programa.

Un año después la ASF topó con el mismo patrón, 28 de las 31 entidades federativas exhibieron malos manejos por 6 mil 500 millones de pesos, sin que sus respectivos gobiernos pudieran decir en qué se habían gastado el dinero, ni contaran con documentos comprobatorios.

Otro ejemplo, debidamente documentado; en diciembre del 2012, el Congreso aprobó el programa Borrón y cuenta nueva. Los legisladores le perdonaron a los gobiernos de los estados y municipios hasta el 100% de los adeudos del ejercicio 2012 y anteriores que tenían por pagos de Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Este asunto se ilustra mejor con un ejemplo; si una empresa no le paga al fisco los impuestos retenidos a sus trabajadores, no sólo está sujeta a multas, sino que sus representantes legales pueden ir a la cárcel por fraude. El ISR retenido le pertenece al trabajador, no a la empresa. Por eso, si el empresario no le paga al gobierno los impuestos retenidos, se considera como un robo. Pero resulta que si ese robo lo cometen los gobiernos estatales no pasa nada. Simplificando: El dueño de una pequeña empresa puede ir a la cárcel por no pagar el ISR retenido a sus empleados. Pero si esto lo hace un gobernador, nada sucede

Otros datos. En este 2017, la Secretaría de Educación Pública (SEP) “descubrió”  44,076 plazas  de hipotéticos trabajadores (aviadores)  y costaban aproximadamente 5,000 millones de pesos al año. Obvio, el dinero era de nuestros impuestos, no del sueldo de los funcionarios.

Según el estudio México: Anatomía de la Corrupción, la mexicana es en su conjunto una sociedad que está dispuesta a practicar la corrupción “si piensa que de ella obtendrá un beneficio personal”.

Por cierto, la corrupción ocurre en prácticamente todos los escenarios, desde los litros incompletos de gasolina, las “mordidas” y “pagos” al aparato de justicia, el infaltable 10% de “comisión  o el desvío de recursos del Estado con fines distintos al etiquetado. Más datos en la segunda edición de “México: Anatomía de la corrupción”, elaborado por María Amparo Casar y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Estamos jodidos.