Organización, Capacitación y Derecho a Aprender (Por: Erik Avilés)

Morelia, Michoacán, 19 de agosto de 2019.- La semana pasada arrancaron las actividades de planificación y capacitación para el personal directivo, técnico-pedagógico y con funciones de supervisión en las escuelas mexicanas.

A partir de hoy, los maestros harán lo propio. Lograr verificar que los mencionados días de trabajo se empleen para lo programado es un objetivo prácticamente imposible de alcanzar hoy en Michoacán, dadas las precarias condiciones de desarrollo institucional existentes, así como por la connivencia de funcionarios afines a determinados grupos político-sindicales, desde dónde se les presiona fuertemente para que se obedezca, pero no se cumpla lo mandatado.

En muchos planteles michoacanos, los cursos y talleres solamente se simulan, se recaban minutas y listas de asistencia, tan solo para cumplir ante la autoridad el requisito.

Por otra parte, en un acto de franco desafío, la Sección XVIII de la CNTE ha convocado para estos días en las regiones michoacanas la realización de encuentros del Educador Popular, actividades de franco adoctrinamiento, así como de muestra de poder y control hacia las bases aún bajo su dominio. Por supuesto, es infinitésima la posibilidad de que se sancione a quienes se ausenten de sus planteles de adscripción, donde deberían de recibir las capacitaciones oficiales.

El déficit de rectoría educativa en que nos encontramos implica no contar con mecanismos de supervisión para que las autoridades y la sociedad michoacana puedan conocer, grupo por grupo y escuela por escuela, quiénes fueron los trabajadores de la educación que sí participaron en los talleres, cuáles fueron los contenidos impartidos y los acuerdos logrados en la comunidad de aprendizaje respectiva.

En contraparte, a muchos maestros les incomoda la supervisión por considerarla un acto de desconfianza. Confiar y verificar no deben ser mutuamente excluyentes. Por el contrario, la posibilidad de verificación de las acciones técnico-pedagógicas y de capacitación de los docentes refrenda la confianza ciudadana en el sistema educativo, a la par que brindaría posibilidades de registro, control y seguimiento de los procesos y los respectivos recursos que se invierten en ello.

En caso contrario, las semanas de organización se convierten en periodos opacos, simulatorios y que dan pie a actos que lesionan el derecho a aprender de los estudiantes.

No cabe duda que constituye una amenaza frontal al derecho a aprender el que las dos semanas previas al arranque formal del ciclo escolar 2019-2020 se empleen para ideologizar a los trabajadores de la educación, para que se les dicte línea por parte de actores político-sindicales, con toda la intención de, a su vez, incidir en trivializar, aislar, suplantar y pervertir el modelo educativo nacional que establece la SEP, orientando los contenidos hacia sus intereses.

Sin embargo, tampoco está moralmente muy lejos la SEP de la CNTE, cuando incluye proyectos de modificación a las leyes secundarias en materia educativa en los talleres de capacitación, dictando línea con un proyecto que transita cual chivo en cristalería sobre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma del 15 de mayo pasado. A todas luces se está  buscando simular una consulta educativa, para a su vez poder legitimar un albazo en el legislativo, dejando la división de poderes en entredicho.

Recordemos que las capacitaciones no pueden ser voluntarias, deben responder a las necesidades de actualización y son realizadas en horario laboral con cargo a la parte patronal, pero tampoco la autoridad puede extralimitarse en las funciones y aprovechar para usar al magisterio para validar su visión política de lo que deben ser las leyes secundarias en materia educativa en México.

Tomar a la ligera las reuniones de organización y planeación previas al arranque del ciclo escolar, así como dejar la formación continua del magisterio a la deriva pueden ser factores que amenacen al derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la nación, así como constituir nichos de ingobernabilidad en la educación que tarde o temprano pasarán una cara factura al desarrollo educativo nacional.

Permitir que este par de semanas se empleen sin rumbo común será el marco perfecto para que haya planes, programas de estudio y libros de texto suplantando los oficiales. A manera de conclusión, la SEP debe de supervisar que se aprovechen estas dos semanas conforme a derecho y la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán hacer lo propio.

Vale la pena reiterarlo: la SEP debe ceñir al estado de derecho y dar el ejemplo a la CNTE, marcando firmemente una ruta legal e institucional, no convertirse en una triste sombra suya en cuanto al modus operandi, filtrando contenidos que controvierten y atentan contra la ley, en aras de hacer un ingrato trabajo político desde el sistema educativo.

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