Otra vez la violencia (Por: Jorge Luis Hernández Altamirano)

Morelia, Michoacán, 19 de julio de 2019.- El lopezobradorismo tiene un problema de origen con el tema de la delincuencia y el crimen organizado. En el mantra de los más radicales, la explosión de violencia que el país vivió, fue, en realidad, consecuencia de la política de Felipe Calderón, quien, desde esta narrativa, apurado por fortalecer su legitimidad emprendió un “golpe al avispero” que desató la guerra.

Allende los errores de la política de seguridad del sexenio de Calderón, de los que ya han hablado los expertos en las materia, lo cierto es que la hipótesis de la pax narca también se ha desmontado al paso de los años; aún con las reiteradas intenciones de la administración peñista por bajarle el volumen al tema del crimen, el abandono de los esquemas de prevención social de la violencia y  la renuncia al fortalecimiento del cuerpo policial federal terminaron por rebotar las cifras de delitos de alto impacto a niveles alarmantes.

Acorde con esa hipótesis inicial del origen de la violencia, muchos de los simpatizantes del ahora presidente consideraron que el retiro de las fuerzas armadas de labores de seguridad ciudadana, y el propio clima de un gobierno preocupado por los más necesitados, ayudaría a acabar con la violencia. De hecho, con todo y las respuestas ambiguas en campaña, el presidente López reafirmó su compromiso con ese modo de entender la realidad.

Sin embargo, ya electo, el presidente olvidó el lema “militares a sus cuarteles” y, por el contrario, anunció la creación de una Guardia Nacional que significó: 1) la desaparición de la Policía Federal, con sus elementos absorbidos por la Guardia; 2) la integración constitucional de elementos activos de las fuerzas armadas a labores de seguridad ciudadana bajo la orden presidencial, con el marco legal  que Ejército y Marina llevaban lustros exigiendo.

Por otro lado, la fuerza política en el poder considera, tácita o explícitamente, que hay una relación directamente proporcional entre pobreza y delito. Por eso, no extraña que el presidente incluya a los programas sociales dentro de la estrategia de seguridad.

Hay, al menos, dos problemas con este enfoque: 1) que los efectos sociales de las transferencias directas a las personas tardan en implementarse y, también, en dejar ver sus efectos, esto en el supuesto cuestionable de que efectivamente exista una relación entre delito y pobreza; 2) que los costos que las transferencias directas implican para el Estado y la implementación de un esquema de concentración de las fuerzas del orden público (Guardia Nacional) obligan a recortar el gasto.

Aunque aún es pronto para evaluar los beneficios de la nueva estrategia, lo cierto es que los datos más recientes, y la realidad cotidiana, no son necesariamente alentadores. Es el caso de Morelia, donde las fuentes periodísticas (https://lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/hoy-fue-un-dia-oscuro-para-morelia-ya-es-la-mas-violenta-de-michoacan/) han reportado 23 homicidios dolosos hasta el 17 de julio y una tendencia sostenida  a la alza desde hace dos meses (25 en mayo y 39 en junio). 

Llama la atención que, pese a que la nueva fuerza del orden ya está movilizada en Morelia, esto no ha significado una reducción de la violencia, ni un cambio en la percepción ciudadana. Lamentablemente la centralización de las fuerzas federales está provocando, y provocará, pocos incentivos para que las autoridades locales colaboren en la solución del problema. Hasta la fecha, el gobierno municipal sólo ha lamentado la reducción de los recursos del FORTASEG (en 40% para este año) que impedirán que siga creciendo la policía municipal.

En una ciudad tan ligada al turismo y que, por lo tanto, vive mucho de su imagen hacia el exterior, es natural que los ciudadanos y los medios acudan a las autoridades locales en búsqueda de explicaciones y, sobretodo, de certezas de que la barbarie no seguirá ocurriendo.

No bastarán las clásicas y desafortunadas declaraciones de que los asesinados estaban en malos pasos y que la población en general no tiene porque preocuparse. Los gobiernos municipales y estatales tienen que entender que, aunque la política criminal parece decidirse en Palacio y en los cuarteles, la evaluación ciudadana será igual de exigente. La gente necesita paz, ¿la escucharán?

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