Editoriales

¿Por qué es difícil defender a la transición y sus reformas?

El autor, Jorge Luis Hernández Altamirano, es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México
El autor, Jorge Luis Hernández Altamirano, es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México

A menos de dos semanas de administración de López Obrador, la reforma educativa ha recibido ya un arponazo letal y la energética parece ir en el mismo sentido

Morelia, Michoacán, 17 de diciembre de 2018.- El miércoles pasado escuché las reflexiones de José Antonio Meade en el marco de una sesión organizada por el Ministerio del Exterior Español para hacer un balance de los resultados electorales de América Latina en el año 2018.

Meade arrancó su exposición “presumiendo” las reiteradas cifras macroeconómicas, pero reconoció la evidente incapacidad de esos gobiernos para lidiar con la evidente desigualdad entre personas y entre regiones del país; aceptó también que la élite política, inmersa en cuestiones electorales, fue incapaz de comunicarse con el votante.

Las opiniones del excandidato presidencial priista son interesantes en la medida en que él, como muy pocas personas, representa mucho del régimen político al que López Obrador le ha declarado la guerra: un perfil profesional de tipo tecnocrático, formado en el extranjero, colaborador indistinto de gobiernos de extracción panista y tricolor, hábil para el uso de datos, cifras, proyecciones y bien visto por inversores y capitales, dentro y fuera de las fronteras.

Por eso, me llamó la atención a un reto que lanzó al reconocer, al menos de manera implícita, que no tienen explicaciones para el dilema que enfrentó el gobierno de Peña Nieto y con él su campaña infructuosa, así como el régimen de la transición en general: ¿Cómo conseguir legitimidad popular para las reformas estructurales propuestas por la transición?

La pregunta no es ociosa porque, a menos de dos semanas de administración de López Obrador, la reforma educativa ha recibido ya un arponazo letal y la energética parece ir en el mismo sentido; más aún cuando el discurso inaugural, y el tono de las siguientes semanas, han insistido en los perniciosos efectos del neoliberalismo en el país.

Es decir, las reformas, y en general todo el andamiaje institucional de la transición democrática, carecen de apoyo popular y su defensa está siendo identificada como antipopular, conservadora e insensible. Más allá del señalado enojo ciudadano ante la corrupción y del reiterado dolor de la desigualdad, ensayo tres respuestas desde la parte institucional para entender ese déficit:

  1. Un Estado acotado no significa un Estado incapaz: es cierto que los mandatos neoliberales exigían un adelgazamiento del aparato gubernamental, pero no a costa de su eficacia. De hecho, los procesos de competencia económica y la apertura comercial necesitaban de órganos reguladores suficientemente capaces de imponer normas para favorecer sus efectos positivos.
  2. Servicios públicos desdibujados y politizados: el régimen no rompió, sino que se unió y aprovechó la cultura política clientelar; rápidamente los programas sociales se negociaron a cambio de apoyo electoral, mientras que los quedaban fuera de la coalición quedaron desprotegidos, ante el recorte a los servicios públicos expresado en la precarización de los sistemas de seguridad social.
  3. Cantidad sobre calidad: prácticamente cada gobernante anunció, con bombo y platillo, alcanzar el 100% de cobertura médica, de alfabetización o de educación básica. Mucho más interesados por la inauguración de infraestructura, no de discutía, si quiera, qué orden de gobierno mantendría el hospital una vez construido.
  4. El problema de (no) cobrar impuestos: el sistema impositivo, complicado y enredado, favorece a las firmas que pueden pagar por servicios de firmas contables que son capaces de reducir, a mínimos increíbles, las obligaciones fiscales; por otro lado, ante el temor a la reacción de los mercados, el sistema fue incapaz de idear nuevas cargas impositivas a grupos que no aportan al fisco, en detrimento de los consumidores cautivos que pagaron más IVA e ISR asociado a sueldos y salarios.

Naturalmente cada uno de estos aspectos merece investigaciones completas, pero haríamos bien en examinar en qué fallaron los gobiernos de las transiciones, más allá de la consigna; primero, porque nos permitirá ver que hay instituciones rescatables y por mejorar; y segundo, porque evitará engullir el cuento infantil que la nueva configuración política ha trazado en el que, en aras de acabar con toda la herencia maldita, son permisibles cualquier política o decisión, pues cualquier cambio es ya un logro en sí mismo.

Al tiempo.

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