Editoriales

¿Por qué necesitamos a los reguladores? (Por: Jorge Luis Hernández)

El autor, Jorge Luis Hernández Altamirano, es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México
El autor, Jorge Luis Hernández Altamirano, es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México

Andrés Manuel deberá asumir con claridad que su modelo de servicios públicos no requiere de reguladores, en la medida en que busca el regreso a un monopolio público. Con el entendido de que los efectos que ese nuevo modelo serán completa responsabilidad de la nueva administración.

Morelia, Michoacán, 22 de febrero de 2019.- Hace unos días, Andrés Manuel sumó a su lista de enemigos a la Comisión Reguladora de Energía. Primero, enviando tres ternas, para cubrir las vacantes de comisionados que renunciaron recientemente, cuya calidad fue exhibida en las sesiones de examen por parte de la Comisión de Energía del Senado.

Más adelante, y ante la crítica del Comisionado Presidente Guillermo García Alcocer, López Obrador le lanzó acusaciones de conflicto de interés y, posteriormente, de presunto lavado de dinero en contra de algunos de sus familiares políticos. Además, señaló que esta persecución no derivaba de las críticas de García Alcocer contra sus ternas, sino de la extendida mentira de que se necesitaban organismos autónomos y reguladores que debilitaban al Estado.

Más allá del escándalo que provocó esa declaración, sirvió para comprobar que López Obrador abreva de una lógica en la que los servicios públicos, y toda su cadena de producción, debe no sólo controlarse, sino realizarse exclusivamente por el Estado.

Para él y sus seguidores, la recuperación del papel estatal respecto de los servicios públicos se construye en oposición a un desaseado proceso de privatización que sustituyó los monopolios públicos por privados que favorecieron a capitales que, al día de hoy, siguen protagonizando las listas de las fortunas más grandes del país.

La disyuntiva capital – Estado, sin embargo, es mucho más compleja de lo que la dicotomía obradorista dibuja. No sólo queda claro que ni todas las privatizaciones son malas, ni todas las nacionalizaciones afortunadas, sino que múltiples experiencias internacionales demuestran que el concierto de estos dos factores, en asociaciones público-privadas o marcos de competencia justa, favorece al usuario al reducir las tarifas e incrementar la calidad.

Es en esta última visión donde los organismos reguladores son esenciales para el éxito de la competencia, su función es vigilar las condiciones parejas para el desarrollo de las actividades productivas y establecer pisos mínimos. Su necesidad se sostiene en el mandato de que el plan general de ofrecer servicios públicos adecuados se cumpla, independientemente de las cuestiones políticas, y de que exista un órgano técnico – especializado capaz de imponerse sobre jugadores poderosos con fuerza para patrocinar embates personales, que deben ser resistidos por la institución.

La cuestión es sencilla, si hay agentes económicos dedicados a prestar servicios, o participar en la cadena de éstos, alguien debe marcarles las líneas, conducirlos por reglas y empujarlos hacia más calidad.

Para entenderlo mejor, piense en el servicio de transporte público en Michoacán, regulado por el gobierno del estado a través del organismo público desconcentrado llamado COCOTRA. Este ente está encargado de los permisos, rutas, tarifas, normativas de vehículos, entre otros; por eso, todos los actores de esta industria buscan intervenir en ella (líderes de transporte, concesionarios, choferes, etc.), lo que deriva en una lucha político partidista en la que las tarifas y los requisitos se convierten en moneda de negociación electoral, en detrimento de la calidad y el costo del servicio para las personas.

Es válido que los gobiernos decidan concentrar en sus manos todos los poderes posibles, pero está claro que se deben hacer responsables de los efectos de esa concentración. En el caso de Michoacán, el estado del transporte sólo se explica en razón de que el gobierno estatal teme a los grupos de transportistas que, año con año, pujan por incrementos pese al pobre servicio que prestan; pero un cambio tendría un costo político que ningún partido está dispuesto a asumir.

Así mismo, Andrés Manuel deberá asumir con claridad que su modelo de servicios públicos no requiere de reguladores, en la medida en que busca el regreso a un monopolio público. Con el entendido de que los efectos que ese nuevo modelo serán completa responsabilidad de la nueva administración. Ojalá sea por vías legales, modificando las leyes relacionadas, y no políticas: defenestrando opositores, lanzando acusaciones y sembrando desconfianza institucional.

Al tiempo.

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