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Reflexiones / Comisionado en Michoacán

Nuestro colaborador de ATIEMPO.MX, Christián Gutiérrez, politólogo y comunicador con más de 10 años de trayectoria en diversos medios de comunicación
Nuestro colaborador de ATIEMPO.MX, Christián Gutiérrez, politólogo y comunicador con más de 10 años de trayectoria en diversos medios de comunicación

En Michoacán se ha formalizado todo para que el gobierno federal ayude en materia de seguridad, economía, política y en el ámbito social, pero algunos continúan insistiendo en desacreditar todo lo que proviene del Gobierno de la República y el de la Entidad

Morelia, Michoacán, 24 de enero de 2014.- El 15 de enero pasado, se publicó un Decreto presidencial a través del cual se creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán; fue un acto que formalizó lo que miles de michoacanos esperaron por meses: el apoyo del gobierno de la República a los michoacanos en materia de seguridad.

Meses atrás, políticos, académicos, periodistas y parte de la sociedad civil, pidieron que el Presidente Enrique Peña Nieto, “decidiera” la continuidad o el “cese” del Lic. Fausto Vallejo, como Gobernador de Michoacán, tras su ausencia temporal por motivos de salud. Esto, de suyo, evidenció en estas personas su sangre autoritaria, ya que pretendieron que, desde el poder central y como a la vieja usanza, se decidiera el destino de un gobernante electo en un proceso legítimo. Por fortuna para la vida democrática de la República, tal acto no se consumó y se garantizó así la vigencia de un estado de derecho que hace falta.

Sin embargo, ahora que el gobierno federal decidió hacer uso de sus atribuciones constitucionales y ejercer el poder público a plenitud para ayudar al gobierno de Michoacán y a municipios de tierra caliente, estas mismas voces exigen que el gobierno de Peña Nieto “no decida tanto” o que no “envíe a un funcionario público con “tanto poder”, lo que me recuerda a la chimoltrufia: “como digo una cosa, digo otra”.

Es en este marco, que se requiere analizar con mayor rigor la llegada del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes y sus atribuciones legales. Al hacerlo, se podrán entender sus alcances y el posible éxito o fracaso de la nueva estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, en coordinación con el gobierno de Michoacán.

Lo primero que hay que decir, es que la creación de la Comisión obedece a una solicitud de ayuda hecha por el propio Gobernador Fausto Vallejo, el cual por cierto, recibió la misma petición de parte de varios municipios michoacanos, como se puede leer en el Decreto de creación de la Comisión. En lo personal, creo que esto muestra a un Gobernador no ensimismado y que procura el interés colectivo, más allá de “gloria unipersonal”.

En segundo término, es importante señalar que la llegada del Comisionado Alfredo Castillo, no sustituye las atribuciones constitucionales y laborales del Gobernador de Michoacán, ya que la Comisión se creó como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, lo que significa que el Comisionado es un servidor público que depende del gobierno federal, y como tal, queda sujeto de forma irrestricta a la competencia legal correspondiente.

Alfredo Castillo Cervantes, tiene entre otras atribuciones, “instruir a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y demás autoridades en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para implementar las estrategias y ejecutar las acciones necesarias, en el ejercicio de sus respectivas competencias, para la seguridad y el desarrollo integral en el Estado de Michoacán”.

Es decir, su labor es la de coordinar, en el ámbito de su competencia, políticas públicas o acciones de gobierno de beneficio para Michoacán. Otras atribuciones que tiene son: 1. Determinar las acciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y demás autoridades del Poder Ejecutivo Federal desplegadas en el Estado de Michoacán, deban ejecutar para la consecución del objeto del Decreto, así como aquéllas que se acuerden en el marco de los instrumentos de colaboración y coordinación con las autoridades locales y municipales de la entidad federativa; 2. Solicitar al Secretario de Gobernación la designación o remoción de los servidores públicos del Gobierno Federal asentados en Michoacán.

Definitivamente el Comisionado llega a Michoacán con atribuciones suficientes para operar, pero apegándose a la ley. La pregunta que vale la pena que nos hagamos los michoacanos es si confiamos en la legalidad del Decreto que crea la Comisión o preferimos creer suposiciones, especulaciones y lecturas inacabadas del Decreto, con el ánimo de ver cosas en donde no las hay. Sigo pensando que las instituciones en México sufren un desgaste importante, particularmente la ley. En Michoacán se ha formalizado todo para que el gobierno federal ayude en materia de seguridad, economía, política y en el ámbito social, pero algunos continúan insistiendo en desacreditar todo lo que proviene del Gobierno de la República y el de la Entidad. Comienzo a creer aquel aforismo, “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

Blog: http://christiangutierrezalonso.wordpress.com/

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