Editoriales

Sin límites para el Comisionado / Hugo Gama

Hugo Gama es Maestro en Derecho por la Universidad La Salle México, así como abogado especialista en propiedad industrial
Hugo Gama es Maestro en Derecho por la Universidad La Salle México, así como abogado especialista en propiedad industrial

Si las propias instituciones constitucionales no respetan a su norma creadora, entonces qué puede garantizar la paz pública y el respeto a los derechos de la población, cómo creerle al gobierno si ellos son los primeros que violan la Constitución, para ellos no hay límites, ni la propia Carta Magna es el límite

Morelia, Michoacán, 12 de febrero de 2014.- En diferentes foros se ha señalado que la figura del Comisionado para Michoacán que recae en la persona del abogado Alfredo Castillo, tiene signos de inconstitucionalidad por el exceso de sus atribuciones, pero principalmente por el desplazamiento del gobierno del Estado y las dependencias locales, al grado que los recursos federales serán aplicados desde el centro y no por los convenios anuales como se venían haciendo hasta el 2013, y en los cuales el recurso pasaba por las arcas estatales, aunado que la centralización elimina de facto al poder legislativo, por no tener facultades para vigilar el quehacer y las decisiones del Comisionado, en concreto, es la desaparición del federalismo en Michoacán y por ende de los poderes del estado.

Para confirmar las posturas que defienden la tesis de la violación al pacto federal, el día de ayer 11 de febrero de 2014, el presidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia informó que tenia presión del Comisionado Castillo para pedir licencia definitiva al cargo por el cual fue electo por los ciudadanos de ese municipio. El día de hoy circula ya en los medios de comunicación que el también ex diputado local solicitará al Congreso del Estado la licencia en cita, por lo que deja evidencia que su petición será en cumplimiento a una instrucción precisa de la figura federal.

Dicha situación no es nueva para Michoacán, en los años ochentas desde la federación quitaron y pusieron gobernadores, violentando a todas luces el federalismo, la soberanía de la entidad y la voluntad popular, era la época del exacerbado centralismo político y económico, el cual se repite en el presente. El nuevo PRI, ese que prometió que había cambiado, en realidad no lo hizo, sigue el dinosaurio y sus viejas prácticas más vigentes que nunca, incluso hasta Carlos Salinas de Gortari tuvo la desfachatez de auto elogiarse en días pasados como un gran reformador.

La decisión de Valencia no es una situación menor o una medida para sumar a la solución del problema como él justifica, se trata de una instrucción centralista que los priistas entienden y saben que deben obedecer, así están programados, aunque estén conscientes que la imposición transgrede la Constitución Federal, la forma de gobierno, la soberanía local y la democracia, incluso en varias ocasiones el propio gobernador Fausto Vallejo ha dejado ver que prefiere violaciones a la Constitución para garantizar la paz en la zonas de conflicto, lo que muestra que la actual clase gobernante no entiende que la Constitución es la creadora del Estado, la forma de gobierno y sus instituciones, por lo que violentar desde las instituciones la Carta Magna indica per se un acto de violencia al propio Estado mexicano, aunada la incongruencia de invocar al estado de derecho cuando desde las propias instituciones lo violentan.

Si las propias instituciones constitucionales no respetan a su norma creadora, entonces qué puede garantizar la paz pública y el respeto a los derechos de la población, cómo creerle al gobierno si ellos son los primeros que violan la Constitución, para ellos no hay límites, ni la propia Carta Magna es el límite, la descerrajan y la ignoran, lo vienen demostrando con creces, y la mejor de las pruebas es el Comisionado para Michoacán, quien tiene facultades supraconstitucionales.

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