Tener fe, la justicia en México / Alejandro Vázquez Cárdenas

Nuestras autoridades han fallado y el personal encargado de la justicia no está capacitado, pero también urge revisar, a fondo, el actuar de Jueces, ministerios públicos y demás encargados del disfuncional “aparato de justicia” mexicano. Revisar y castigar si se les encuentra culpabilidad.

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Morelia, Michoacán, 25 de julio de 2017.- Las recientes declaraciones del titular de Gobernación, Lic. Osorio Chong, pidiendo “Fe” en el trabajo de la Procuraduría General de la República después de verse el pobre desempeño de la fiscalía encargada de demostrar los delitos cometidos por el ex gobernador Javier Duarte, han sido recibidas como una bofetada, como una burla, por buena parte de los indignados ciudadanos que están pendientes de este caso emblemático de la corrupción que ha distinguido por decenios al tricolor. Cierto, hay varios ex gobernadores en la cárcel y otros con órdenes de aprehensión, pero por cada ex funcionario preso conocemos decenas de otros que gozan de total impunidad y que cínicamente se pasean por donde les da la gana.

No, no podemos tener “Fe” en la PGR.  Revisemos ¿Cuál es la definición y el significado de fe? Hebreos 11:1, «Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de los que no se ve». Mal asunto, pues efectivamente no se ve como la PGR resuelva este asunto. El DRAE nos informa que Fe es, aparte de una de las tres virtudes teologales, un conjunto de creencias. Y no, nada, ni lo uno ni lo otro, si algo se ha ganado a pulso la PGR es la desconfianza absoluta, nada de fe ni cosa parecida. .

La  justicia en México es una asignatura pendiente. Y no tan solo por su probada ineficiencia sino por la inocultable corrupción existente en múltiples niveles. En la encuesta que sea, la policía, junto con los diputados, consistentemente ocupan el último lugar en el aprecio y confianza ciudadanas.

Los casos como el de Hugo Alberto Wallace, Luis Alfonso Belmar, el del joven Martí, la hija de Nelson Vargas, el “Presunto culpable” José Antonio Zúñiga,  la niña Paulette, el caso Odebrecht , la siembra de un arma al abogado de Infraiber Paulo Díaz, arma sembrada por agentes de la PGR, y tantos otros casos nos restriegan en la cara la dura realidad. Nuestro aparato de justicia es torpe, ineficiente, incompetente  y corrupto.

Indigna corroborar que en muchas de las bandas delictivas se encuentran elementos policiacos, tanto federales como estatales, y lo más grave; existe la sospecha de que en los altos niveles se encuentran jefes policiacos, coludidos con funcionarios como hemos visto con varios gobernadores, ex gobernadores y sus procuradores.

En México el índice de impunidad alcanza un impresionante 98%. Eso quiere decir que de 100 delitos reportados, solo dos reciben una sentencia por un juez. Y eso que solo el 12% de los delitos es reportado, tanto por desconfianza en el sistema como por que los policías piden dinero para iniciar la investigación.

¿Por qué tamaña ineficiencia? Muchas razones. Resulta que del total de las personas que se encuentran en la cárcel el 90% fueron detenidos en flagrancia. ¿Qué traduce esto?, simplemente que en México no se tiene capacidad de investigar. Si los «cuicos» no detienen a alguien al momento del delito la posibilidad de que el delincuente sea capturado es extremadamente escasa. No hay capacidad para llevar a cabo minuciosos procesos de investigación de acuerdo a la moderna metodología policiaca. Y lo que es peor, aquí los juicios se apoyan en delaciones, «confesiones» imposibles de verificar y testigos comprados. Los jueces, según varios litigantes, o son de consigna o son venales. Muchos policías regularmente resuelven casos arrestando a la primera persona que encuentran, por lo general con una historia fabricada por alguien que asegura ser un testigo. Los agentes del ministerio público y los jueces les siguen el juego, dispuestos a calmar un creciente descontento entre la gente debido a los altos niveles de delincuencia y el aumento de la violencia.  ¿La Suprema Corte? Solo recordemos el fallo en el caso de Lydia Cacho.

¿Qué hacer? Nuestras autoridades han fallado y el personal encargado de la justicia no está capacitado. Hay que depurar, preparar y vigilar a los elementos policiacos, y obviamente pagarles bien, darles buenas condiciones de trabajo, equipo de protección, armas adecuadas, etc. Pero también urge revisar, a fondo, el actuar de Jueces, Ministerios públicos y demás encargados del disfuncional “aparato de justicia” mexicano. Revisar y castigar si se les encuentra culpabilidad.

Pero no se atreven.