Editoriales

Transparencia / Yadhira Y. Tamayo Herrera

Tamayo Herrera es abogada con maestrías en administración pública y políticas públicas (ITESM), ingeniería en Imagen Pública (CCIP); actualmente cursa el Doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana
Tamayo Herrera es abogada con maestrías en administración pública y políticas públicas (ITESM), ingeniería en Imagen Pública (CCIP); actualmente cursa el Doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana

El desprestigio y desconfianza que sufren los gobiernos y los políticos actualmente no va a resolverse con discursos bonitos ni promesas de campaña. Esa cantaleta de que la corrupción es algo cultural que hasta el Presidente Peña Nieto argumenta es una justificación para quedarnos donde estamos.

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México, D.F., 19 de marzo de 2015.- El desprestigio y desconfianza que sufren los gobiernos y los políticos actualmente no va a resolverse con discursos bonitos ni promesas de campaña. En diciembre del año pasado, se publicó el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por Transparencia Internacional, en el cual nuestro país se ubicó en el lugar número 103 de un listado de 175 países, al obtener una puntuación de 35 sobre 100.

 

De los 34 países que son miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (por sus siglas OCDE), México en el tema de transparencia ocupa la vergonzosa última posición. Hay “una amplia brecha entre México y las principales economías con las que comercia y compite caracteriza a México, que sigue siendo el país con la puntuación más baja entre todos los países de la OCDE -que agrupa a las economías más desarrolladas del mundo”.

 

En 2013, el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), realizó la primera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, donde los tres estados más corruptos de México, en orden de mayor a menor fueron: 1. San Luis Potosí; 2. Distrito Federal; 3. Estado de México. Ocupa Michoacán un deshonroso noveno lugar en esta lista.

 

En esta misma encuesta, se preguntó por sectores e instituciones públicas en las que se percibe corrupción con mayor frecuencia, aquí los resultados:

 

1. Policía: 89.7%;

2. Partidos políticos: 84.4%

3. Ministerio público: 78.4%

4. Gobiernos estatales: 77.2%

5. Diputados y senadores: 77.0%

6. Gobierno municipales: 75.8%

7. Gobierno federal: 75.6%

8. Instituciones electorales: 66.5%

9. Sindicatos: 66.4%

10. Jueces y magistrados: 65.0%

11. Empresarios: 63.5%

12. Medios de comunicación: 62.3%

13. Hospitales públicos: 43.6%

14. Universidades públicas: 42.0%

15. Escuelas públicas: 37.2%

16. Ejército y Marina: 33.9%

17. Instituciones religiosas: 29.4%

18. Compañeros de trabajo: 26.5%

19. Vecinos: 19.6%

20. Familiares: 17.5%

 

Con tan penosos resultados, la organización no gubernamental Transparencia Mexicana afirma que sólo “un cambio de tajo” en la estrategia anticorrupción permitirá que México salga avante de la “posición de estancamiento” en la que se ha mantenido en los últimos diez años. Esa cantaleta de que la corrupción es algo cultural que hasta el Presidente Peña Nieto argumenta es una justificación para quedarnos donde estamos. La ciudadanía exige un actuar ético de sus gobernantes, con sistemas bien aceitados para la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se votó el miércoles pasado en el Senado de la República es una buena noticia pero el reto para la Nación es enorme.

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