Concientiza Secoem sobre la importancia de la Declaración Patrimonial

Lo anterior, con el objetivo de concientizar a los contralores municipales, sobre la importancia de la información que están obligados a presentar los servidores públicos respecto de la situación de su patrimonio, a fin de capacitarlos para que puedan realizar su Declaración de una forma correcta y puntual

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Morelia, Michoacán, 30 de enero 2019. – En el marco de la Primera Asamblea de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios (CPCEM), personal de la Dirección de Normatividad y Responsabilidades de la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem), ofreció la ponencia “La obligación de presentar la Declaración Patrimonial”.

Lo anterior, con el objetivo de concientizar a los contralores municipales, sobre la importancia de la información que están obligados a presentar las y los servidores públicos respecto de la situación de su patrimonio, a fin de capacitarlos para que puedan realizar su Declaración de una forma correcta y puntual, así como, también, prepáralos para trasladar dicha información a sus respectivos organismos.

En el evento que se realizó el pasado 29 de enero, en el salón Independencia de Casa de Gobierno, el titular de la Secoem, Francisco Huergo Maurín, manifestó que, para el Gobierno del Estado que mandata Silvano Aureoles Conejo, es trascendental colaborar de cerca con los municipios y así fortalecer su labor en la administración pública.

“Al capacitarse en estos temas, dan un paso preventivo para la adopción de los nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que se implementan a nivel nacional, puesto que el hecho de promover mejores prácticas, en el desempeño de su cargo, colabora a una mejor rendición de cuentas a la sociedad”, destacó.

El director de Normatividad y Responsabilidades, Fernando González Cendejas, quien explicó a los órganos de control municipal de las diez regiones de la entidad, las obligaciones que marca la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán, en cuanto a las obligaciones que establece para la investigación y substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa, las faltas administrativas y las sanciones a servidores públicos y a particulares.