Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2022.- En un proceso sin precedentes, ayer la comunidad indígena de Santiago Azajo, determinó autogobernarse y administrar de manera directa los recursos presupuestales a través de urnas mediante el voto libre y secreto, en consulta realizada por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
La lucha de esta comunidad indígena por la entrega del “presupuesto directo” tuvo origen antaño y debido a tres principales factores: el descontento por la falta de cumplimiento a los compromisos de gobiernos pasados; el ambiente de división e inconformidad interna generada por los partidos políticos, cuyas pugnas acrecentaron los conflictos en forma alarmante; y el contexto de las luchas por la autonomía indígena que ha tomado fuerza en la región.
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán reconoce que los pueblos indígenas “en el ejercicio de su libre determinación, tienen derecho al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas; es decir, su derecho a la autodeterminación está estrechamente vinculado con su desarrollo económico, social y cultural”.
Ayer en un proceso atípico, pues nunca antes en una consulta indígena se utilizaron urnas, se determinó con una diferencia de tan sólo tres votos, el “SÍ” al autogobierno; y ello trae consigo el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos indígenas, sin embargo, la administración directa de la hacienda pública que la comunidad logró, representa también también la adquisición de responsabilidades de orden jurídico, administrativo, financiero y contable. De ahora en adelante le concierne al gobierno del estado fiscalizar directamente a la comunidad respecto del dinero público ejercido de acuerdo con los rubros con los que viene etiquetado.
El reto que representa la administración directa del presupuesto público, implica adentrarse a una serie de lógicas estatales y federales administrativas complejas que nada tienen que ver con sus usos y costumbres para la resolución de conflictos; se trata de administración en torno a un presupuesto público.
¿Y ahora qué sigue? Tras esta conquista, ¿se podrá generar una verdadera cohesión comunitaria? Ojalá que la comunidad y quienes aspiran a ser “administradores” de esos recursos que ahora el Estado les otorgará estén realmente conscientes de las implicaciones, y es que, no se trata de que la comunidad recibiera la parte que les corresponde de las participaciones estatales y federales y hagan uso discrecional de los recursos sin rendir cuentas, o que llegó la oportunidad para reforzar cacicazgos o para desviar los recursos sin consecuencias; por el contrario, ahora se someterán al escrutinio del Estado y también de otras comunidades, así como de su propio municipio. (CON INFORMACIÓN DE: ALEJANDRA JIMÉNEZ GARCÍA).
