En Michoacán la ley ya protege el uso de datos personales: Ulises Merino

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El Congreso del Estado tiene 6 meses, a partir del pasado 27 de enero, para emitir la ley reglamentaria para la protección de datos personales en Michoacán: Merino García

El Congreso del Estado tiene 6 meses, a partir del pasado 27 de enero, para emitir la ley reglamentaria para la protección de datos personales en Michoacán: Merino García

Pese a que en unos meses se tendrá que crear una legislación local reglamentaria de la nueva Ley General de Protección de Datos Personales, el presidente del IMAIP asegura que la ley vigente ya protege a los ciudadanos y faculta al órgano para emitir sanciones contra los infractores

Morelia, Michoacán, 03 de febrero de 2017.- En Michoacán la legislación vigente ya protege el uso de datos personales de los ciudadanos y prevé sanciones para aquellas autoridades que incurran en irregularidades en el uso de los mismos, sentenció el comisionado presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), Ulises Merino García.

Durante entrevista, el titular del organismo autónomo recordó que el pasado 27 de enero entró en vigor a nivel nacional la nueva Ley General de Protección de Datos Personales y que a partir de esa fecha el Congreso del Estado cuenta con un plazo de seis meses para la aprobación de la ley reglamentaria correspondiente en Michoacán.

Al respecto, Ulises Merino confió en que el plazo se cumplirá y además el trabajo legislativo se hará de manera correcta, como se hizo al aprobar la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán, que entró en vigor en mayo de 2016, ya que fue una de las pocas a nivel nacional que no fueron impugnadas.

Pese a que será en los próximos meses cuando la entidad contará con su legislación local sobre el tema, el comisionado presidente del IMAIP aclaró que la legislación vigente ya prevé en un breve apartado la protección de los datos personales de los ciudadanos, además de que faculta al Instituto para la imposición de sanciones contra los infractores de las disposiciones previstas.

En términos generales, abundó Merino García, lo que prevé la Ley de Transparencia en Michoacán es que los datos personales con los que cuentan las autoridades e instituciones no pueden utilizarse por ningún motivo para fines distintos a aquellos para los que fueron recabados.

Así, quien incurra en irregularidades en el uso o aplicación de dicha información será objeto de sanciones que van de mínima a media y máxima, dependiendo de la situación y la disposición de los sujetos obligados a atender los requerimientos del IMAIP y resolver la situación.

Por ejemplo, en 2016 se emitió una sanción contra el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, por un monto de aproximadamente 53 mil pesos, por haber firmado contratos con una empresa particular para hacer invitaciones a los deudores del impuesto predial a ponerse al corriente en sus pagos, accediendo así a información personal que no debe estar a disposición de personas distintas a las encargadas de su custodia.

En ese caso, el IMAIP se percató de la irregularidad y comenzó una investigación, solicitando información al Ayuntamiento de Morelia y sugiriendo la cancelación de los contratos; y al haber disposición por parte del alcalde y las autoridades municipales, el pleno del Instituto determinó emitir la sanción media, misma que va directamente contra la autoridad responsable de la irregularidad y del resguardo de los datos personales.

Ulises Merino aclaró que cualquier ciudadano en cualquier momento puede presentar una queja cuando se percate del mal uso de sus datos, ya sea por parte de instituciones públicas locales –casos que corresponden al IMAIP-, o bien, por parte de instituciones públicas federales o empresas privadas, asuntos que se remiten al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Así mismo, recomendó a la población leer con detenimiento antes de firmar los avisos de privacidad y las “letras chiquitas” que contienen en ocasiones los contratos, mismos que en algunos casos llegan a autorizar el uso de los datos personales, poniendo en riesgo la intimidad y la seguridad de las personas.